LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 (EUROPA PRESS)
Los colectivos sindicales de educación que se concentraron hoy en las puertas de la Dirección Territorial de Educación, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, han dado hoy al Gobierno de Canarias el “primer aviso” para que retire la orden que prevé sacar adelante para conformar una nueva lista de interinos y que afectaría en las islas a unos 3.500 trabajadores.
El representante de EA-Canarias, Adolfo Padrón, señaló que esta concentración de delegados sindicales “es un primer aviso” al Gobierno de Canarias de que los trabajadores de educación no van “a consentir este atropello”.
Agregó, en declaraciones a los medios, que si este aviso no sirve para que el Ejecutivo regional “entienda que debe de retirar definitivamente este documento y convocar las mesas sectoriales respectivas, evidentemente habrá que convocar movilizaciones”.
Para Padrón la propuesta de la Consejería canaria de Educación “es la punta de lanza” con la que “pretende cambiar totalmente el esquema laboral de la Administración pública”. Por ello, subrayó que “todos” los profesores deberán defenderse.
Por su parte, el representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, Fernando Pellicer, criticó que el Ejecutivo regional pretende de “forma impositiva, sin ningún tipo de diálogo, dejar en la calle a miles de trabajadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, de prácticamente todas las consejerías de canarias”.
3.500 PROFESORES AFECTADOS
Pellicer aseguró que en el caso de Canarias serían unos “3.500” los trabajadores, entre interinos y sustitutos, afectados por la nueva orden. Agregó que “detrás de todo esto sólo se esconde el intento de ahorrar cuatro euros a través del no pago de los trienios de antigüedad a los interinos y sustitutos que, obviamente, lo tienen reconocido por los años que llevan trabajando”.
Al respecto, criticó que “no es de recibo que no se valore” la experiencia de los trabajadores, ya que “no solamente” en Educación sino “también en Sanidad y resto de consejerías” hay, aseguró, “miles” de interinos y sustitutos que “han demostrado su valía profesional y ahora se les dice que su experiencia acumulada durante 10 ó 15 años, que toda la formación que han adquirido durante estos años, en la cual la Consejería ha invertido mucho dinero, no vale para nada”.
En relación con las nuevas listas de interinos indicó que tendrán en cuenta la nota de oposición, de tal forma que si una persona sin experiencia saca un 3,1, “se colocaría delante en una lista de sustitutos que un compañero que saque un 3, suspendido los dos, pero que tenga 20 años de antigüedad”.
Pellicer incidió en que “detrás de todo esto sólo se esconde un intento de ahorrar dinero a costa de la educación pública y de la calidad del sistema educativo”. Por ello, subrayó que se llamará a la movilización de “todo” el personal interino y de “todo” los funcionarios de Canarias “para que se solidaricen”. La primera de estas concentraciones se celebrará el próximo 8 de octubre, a las ocho de la tarde, en la Plaza de la Iglesia en Puerto del Rosario (Fuerteventura).
“Apostamos por la estabilidad de los trabajadores, apostamos por la calidad de los trabajadores y apostamos por valorar la experiencia de los compañeros que llevan año bregando por la educación”, apuntilló.
Padrón, por su parte, hizo hincapié en que desde el Gobierno regional se ha querido reflejar que se está en la “búsqueda de un sistema legal basado en los principios de igualdad, mérito y transparencia”; sin embargo, recordó que “hasta ahora los sistemas que venían funcionando cubrían perfectamente esas condiciones”.
De todos modos, Padrón matizó que “esto no es una lucha entre colectivos, entre gente más antigua y gente más nueva, el nuevo sistema perjudicará a todos, inclusive a los aspirantes” porque supondrá una “reordenación permanente, una entrada y salida continua de mano de obra precaria”.
Por su parte, el secretario de Educación de CC.OO en Gran Canaria, Desiderio Padilla, puntualizó que las listas que se pretenden poner en marcha se revisarán “cada cinco años con nuevos criterios y nuevas formas”, lo que supondrá que las “exigencias cada vez van a ser mayor y no van a garantizar ni siquiera al aprobado sin plaza un puesto de trabajo”.
“La Consejería tendría que diferenciar entre lo que es un acceso a la función pública y lo que es un acceso a una lista de sustituciones y está mezclando todo. Va a perjudicar aún más la enseñanza en Canarias”, sentenció Padilla.