Los sindicatos de UGT, Comisiones Obreras y Sí Canarias han pedido la dimisión del alcalde del municipio grancanario de Gáldar, Teodoro Sosa, después de que hoy anunciara que va recurrir la resolución de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, que ha desestimado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por el Ayuntamiento, que contemplaba la salida de 141 trabajadores municipales.
A pesar de que mantienen el ofrecimiento de que Sosa se reúna con los sindicatos para presentarle el plan económico, financiero y de Recursos Humanos que han elaborado, gracias a los datos que “a duras penas hemos obtenido de la Administración”, el representante de UGT, Eduardo Mederos, denunció a que el alcalde “no sabe gestionar”, porque “incluso Trabajo dice que está haciendo las cosas al revés”. Manifestó que “si le queda razonamiento, estudiará la propuesta”.
Mederos recuerda que en la rueda de prensa celebrada esta mañana, Sosa “expulsó” a los sindicalistas mediante los efectivos de la Policía Local. Unas “formas a las que estamos acostumbrados”, porque “el alcalde tiene un problema con la democracia”, y por la que Mederos presentó una denuncia ante la Guardia Civil.
Tanto para Mederos, como para el representante de CCOO, Javier Godoy, la reacción de Sosa constituye una “huída hacia delante” y exigen que justifique los más de 90.000 euros que ha “despilfarrado” de las arcas municipales “en pagar a asesorías jurídicas para realizar 'EREs' que han terminado fracasando estrepitosamente”.
Godoy criticó la “prepotencia y soberbia” del edil que, según recuerda, siempre proporcionaba cifras incorrectas que entorpecían la redacción de un plan de viabilidad. El sindicalista declaró que el gobierno municipal “no tiene claro ni sus gastos ni sus ingresos” y califica las medidas anunciadas hoy por Sosa, de establecen un criterio de pagos en las que prevalecen los funcionarios y “se deja en el sexto lugar a los trabajadores laborales y en el último a los concejales”, como “de cachondeo” y de “revancha”.
Asimismo, señaló la pretensión del alcalde de que el Gobierno de Canarias le ingrese dos millones de euros y denunció que el Ayuntamiento tiene unos 19 millones de euros pendientes de ingresar, de los que cerca de 10,5 pertenecen a la época en que Sosa ocupó el cargo, por su “dejación en el cobro de impuestos”.