El presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, José Manuel Soria, asegura que no tiene “ningún tipo de duda” acerca de la inocencia de dos ex directivas de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias (Essscan), Inmaculada Acosta y María de Haro, relacionadas con la operación Catis, que ha destapado la compra de titulaciones falsas.
Minutos antes de comenzar la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP de Canarias, Soria afirmó que, a lo largo de los próximos cinco meses y hasta las elecciones, “veremos algunos episodios más de esta naturaleza”, lo que justificó como resultado de “las tendencias que marcan las distintas encuestas”.
Pese a que en un principio negó conocer qué era la operación Catis, finalmente aclaró que lo único que conoce del tema es lo que le ha comentado directamente la que fuera directora de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios, María de Haro.
Soria afirma que este miércoles por la mañana la imputada le comunicó que el martes había recibido una llamada telefónica de la Guardia Civil comunicándole su situación.
Asimismo, el presidente del PP asegura que ni ella misma conoce “las razones de esta imputación”, puesto que la Benemérita se negó a darle más información alegando que estaba “bajo secreto de sumario”.
Pese a la importancia de este asunto, Soria aseguró que este tema no se iba a tratar en la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP de Canarias, celebrada este miércoles por la tarde en su sede de Santa Cruz de Tenerife.
Aún así, Soria no dijo nada sobre la ex directora del Essscan hasta octubre y concejal del PP en Telde en 2007, Inmaculada Acosta, a la que la Guardia Civil señala como presunta receptora de parte del dinero que cobraba un sindicato de Cádiz por entregar títulos falsos certificados por la Escuela del Gobierno de Canarias. La popular lo niega todo.
La raíz canaria de la trama gaditana incluye la implicación en el caso de la secretaria general de la Essscan hasta 2008, Carmen Nieves Cáceres, funcionaria de la Comunidad Autónoma desde 2001 y en la década de los noventa, del Cabildo de El Hierro. Según una nota oficial de la Guardia Civil, las tres estarían imputadas por la participación en un delito de falsedad documental.
Acosta ocupó la secretaría general del SCS hasta su relevo por Lourdes Quesada
Inmaculada Acosta fue secretaria general del Servicio Canario de Salud entre 2007 y 2008, hasta el nombramiento hace dos años de la actual secretaria, Lourdes Quesada, implicada ahora en el denominado caso Roldós por la adjudicación del servicio de hemodiálisis de los hospitales de Gran Canaria y Lanzarote.
Desde entonces y hasta la salida del PP del Gobierno de Canarias en octubre pasado, Acosta dirigió la Essscan, de la que también fue directora María Rosa de Haro Brito antes que ela, hasta su traslado al Área de Salud de La Palma, de cuya dirección también dimitió en octubre coincidiendo con la salida del PP del Gobierno.
De Haro también fue directora general de relaciones con la Administración de Justicia en el Gobierno de Adán Martín y Acosta ocupó el número 5 de la lista electoral del PP en Telde en 2007, renunciando a su acta de concejal al ser nombrada secretaria general del SCS.
Trama perfectamente urdida
Sólo el secretario general del sindicato de Cádiz, considerado cabecilla de la trama, permanece en prisión acusado de estafa y falsedad documental.
Los diez detenidos, los dos imputados, el dinero y los efectos intervenidos, se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de los de Cádiz. Europa Press informa que se han intervenido más de 1.460.000 euros procedentes de esta fraudulenta actividad.
Los solicitantes pagaban al Sindicato Independiente de Trabajadores, con sede en Cádiz , para obtener títulos con los que conseguían certificar una supuesta formación que nunca habían recibido. Entre los cursos que se impartían, estaban el de transporte sanitario, la atención en urgencias, el manejo de aparatos médicos o primeros auxilios.
El sindicato se valió de la Escuela de Servicios Sanitario y Sociales del Gobierno de Canarias (Essscan) y de una consultora de Extremadura para hacer oficiales sus títulos.
La operación comenzó en noviembre de 2009 cuando la Guardia Civil empezó a sospechar que este sindicato gaditano daba títulos a cambio de dinero. Lo corroboró un alumno que en una carta anónima confesó a los agentes haber recibido un diploma con sólo pagar 80 euros pero sin recibir una sola clase.
La trama estaba perfectamente urdida, según la información trasladada a CANARIAS AHORA. El sindicato promocionaba los cursos desde Cádiz pero necesitaba una homologación oficial, que consiguió de la Escuela de Servicios Sanitario y Sociales del Gobierno de Canarias.
Ambos habían suscrito un acuerdo de colaboración en 2003 que era todavía vigente, por el que este organismo público canario recibía dinero a cambio de reconocer la oficialidad de los títulos. La Guardia Civil cree que los responsables de la escuela eran también conocedores del fraude, de ahí la imputación a Acosta y De Haro.
Muchos cursos superaban las 100 horas pero los diplomas se obtenían en menos de tres días. Además la sede del sindicato ni siquiera tenía sala de reuniones o aulas. La investigación ha determinado que en estos años el SIT y la escuela canaria han podido expedir decenas de miles de títulos con los que los alumnos han conseguido puestos en empresas privadas o han obtenido mayor puntuación en concursos para plazas públicas.