El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha recalcado que la prioridad de este partido en la negociación que inicia con el Gobierno central sobre los Presupuestos para 2017 será lograr que el descuento para residentes en los vuelos entre islas suba del 50 al 75 %.
En un comunicado, Rodríguez ha agregado que la fijación de un precio de referencia para las rutas con la Península también se planteará en las negociaciones con el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.
A su juicio, elevar el descuento aéreo interinsular para residentes en Canarias es una propuesta “clave” para la cohesión del archipiélago, mientras que la fijación de un precio de referencia para las rutas con la Península servirá “de contención y criterio de equilibrio para los incrementos de los precios de los billetes aéreos”.
Hacer más asequible el precio del billete de avión en los vuelos internos, permitirá, según NC, los desplazamientos personales, familiares, laborales, médico-sanitarios, por motivos de estudios, institucionales y administrativos.
“Abaratar estos desplazamientos sin que las compañías puedan incrementar el billete más allá de los precios de referencia fijados por las Obligaciones de Servicio Público permitirá un aumento del volumen anual de pasajeros entre los aeropuertos de las islas, que en 2016 se aproximó a los tres millones de personas”, ha aseverado Román Rodríguez.
Para el presidente de NC, no existen alternativas posibles a esta modalidad de viaje, ya que el transporte marítimo debe ser considerado como un medio complementario por su mayor lentitud, menor número de rutas y unas frecuencias mucho menores.
Además de considerar que los ciudadanos de las islas son “un mercado cautivo para el transporte aéreo interinsular”, Rodríguez ha estimado que en Canarias “se pagan unos precios muy altos en los vuelos interinsulares, que se agrava en el caso de determinadas rutas”.
NC recuerda que la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) autoriza al Gobierno estatal a modificar las bonificaciones establecidas “sin que, en ningún caso, suponga una disminución de la ayuda prestada o deterioro en la calidad del servicio”, una medida que, según los cálculos de la formación política, supone un incremento de unos 40 millones de euros en la partida presupuestaria destinada a tal fin.