El superávit de la comunidad autónoma ha pasado de ser un quebradero de cabeza para el Gobierno de Canarias, que puso el grito en el cielo cuando el Ministerio de Hacienda lo cifró en 947 millones de euros, al instrumento con el que Coalición Canaria está forjando su campaña electoral. Ese dinero, finalmente cifrado en 300 millones por la comunidad autónoma, pretende ser utilizado por el Ejecutivo de Fernando Clavijo, pero no como marca la ley, sino para servicios esenciales que no ha priorizado con otros fondos en los últimos años, como los del extinto IGTE (el conocido como FDCAN). El decreto estrella, eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros, aún no existe: ni ha sido publicado en el BOC, ni cuenta con expediente ni dictamen del Consejo Consultivo, como manda la ley al tratarse de una norma básica del Estado.
La decisión de garantizar esta gratuidad de los medicamentos a los pensionistas además no estaba incluida en el orden del día del Consejo de Gobierno del pasado 6 de mayo, cuando supuestamente se aprobó. En la rueda de prensa posterior, Clavijo se dedicó a dar un mitin electoralista del que fueron partícipes todos sus consejeros y consejeras. Así mismo, se da la circunstancia de que Coalición Canaria votó en contra de los Presupuestos Generales presentados por Pedro Sánchez, donde se incluía la eliminación de este copago.
La ley es clara cuando determina el destino del superávit. Se trata de unas partidas que pueden ir destinadas a amortizar deuda pública o, según el decreto publicado en la legislatura de Mariano Rajoy (PP) y prorrogado el pasado año con Pedro Sánchez, también pueden destinarse estas partidas a inversiones financieramente sostenibles. A pesar de ello, el pasado año el Gobierno de Canarias destinó solo 12,7 millones de euros del superávit de 2017, cifrado en 295 millones de euros, a este tipo de inversiones. Así se constata en una respuesta parlamentaria que formuló el diputado socialista Iñaki Lavandera.
A pesar de este escenario que se dio el año pasado, Clavijo anuncia a solo unos días de las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo que va a destinar el superávit a servicios sociales básicos. Lo hace a sabiendas de que no podrá destinarlo por la vía que plantea y que no solo va a incumplir con la regla de gasto como asegura. Para hacerlo afirmó la pasada semana que no era necesario contar con informes jurídicos que lo avalaran. No obstante, desde su gabinete explicaron cinco días después que sí que contaban con dichos informes.
No es la única medida que proclama el presidente de Canarias cuando se acercan los comicios. También ha asegurado que va a contratar a más de 1.200 docentes gracias a la reducción de la jornada lectiva al profesorado, que vuelve a ser de 18 horas. Una medida que, sin embargo, ya venía contemplada en los presupuestos de Canarias y que se preveía que entrara en vigor en septiembre de este mismo año si no se incumplía con la regla de gasto ni se comprometían los objetivos de estabilidad. Una reducción de jornada de la que se benefician ya los profesionales de la Sanidad.
Con el superávit sí que se pueden destinar recursos a inversiones financieramente sostenibles como la equipación tecnológica de la Sanidad canaria, que sí que ayudaría también a reducir las listas de espera. Sin embargo, expertos jurídicos consultados insisten en que utilizar el superávit por la vía que pretende Clavijo es “prevaricar”, ya que conoce los límites legales.
No obstante, no es la primera vez que el Gobierno de Canarias anuncia que va a incumplir la regla de gasto y finalmente no lo hace. Es el escenario que creen desde Nueva Canarias y desde el PSOE que ocurrirá. De hecho, antes de la campaña de las elecciones generales de 2016, Coalición Canaria también defendió su intención de superar en 123 millones el techo de gasto para destinar ese dinero a servicios sociales. Sin embargo, la polémica quedó en la tramitación de un expediente administrativo de modificación presupuestaria por importe de 69 millones que el Ejecutivo dedicó a salarios de la Consejería de Sanidad.
El cambio de criterio de CC con el techo de gasto se constata además en que hace apenas unos meses contribuyó con su voto negativo junto al PP y a Ciudadanos a tumbar la iniciativa del Gobierno estatal para aumentar el techo de gasto en 6.000 millones, de los que se estimaba que unos 90 irían para Canarias. Lo hizo en un contexto en el que el partido nacionalista está reclamando más dinero al Estado.
Desde que el Ministerio de Hacienda publicara los datos del superávit, el Gobierno de Canarias no ha dejado de contraatacar en distintas ruedas de prensa. Primero, acusando al Gobierno de España de no transferir las partidas para carreteras y contabilizarla en el superávit. Una cuestión que desde el PSOE sostienen que, en todo caso, es una deuda que el Estado está reconociendo. Más tarde, antes las críticas de su falta de ejecución, Clavijo aseguraba que iba a destinar estas partidas a servicios esenciales. Lo hace sin que la ley le ampare y ante las sospechas de que todo terminará de nuevo en “modificaciones de crédito sobre partidas existentes”. Una especie de dopaje electoral en plena campaña de las elecciones autonómicas del 26 de mayo.