José Manuel Rivero, miembro del colectivo Justicia y Sociedad, ha otorgado un “suspenso radical” a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción por el archivo del denominado caso de las facturas o Bragasgate, en el que se acusaba de un presunto delito de malversación de fondos y prevaricación a la presidenta del PP tinerfeño, Cristina Tavío, y a otros concejales populares en el Ayuntamiento de Santa Cruz, al justificar los gastos del Grupo Municipal con facturas de carácter personal, que iban desde estancias en spa hasta ropa interior.
Rivero expilicó en Radio San Borondón que la denuncia presentada por la asociación de juristas a la que pertenece se basó en un informe de fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento en el que “se constataba el mal uso que se dio al dinero de las subvenciones otorgadas al PP entre 2003 y 2007 y su justificación irregular”.
El abogado también recordó las declaraciones de responsables del PP, como la propia Cristina Tavío, o su secretario general, Manuel Fernández, tras publicarse las primeras informaciones. Según Rivero, de las palabras de Tavío y Fernández se desprendía que “con la aportación de esas facturas los dirigentes conservadores pretendían disimular unos gastos que tenían en realidad fines inconfesables, como la financiación del partido”.
Por ello, considera que la Fiscalía tenía suficientes motivos para presentar una querella y que fuera un órgano judicial el que determinara la existencia o no de indicios delictivos. Para Rivero, el proceder de la Fiscalía “no se ha ajustado a lo que la ciudadanía requiere en un caso de este calado”. “El hecho de que se archive lo que se tachó de irregularidad en la gestión del dinero público por parte de la Intervención General del Ayuntamiento deja mucho que desear de cara a tener la confianza requerida en una parte importante de la administración de Justicia”, concluye.