Las aguas vuelven a bajar revueltas en el antiguo hotel Metropol. Lejos de apaciguar los ánimos de los trabajadores municipales tras la amenaza de reducción salarial, el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha caldeado aún más el ambiente laboral con un nuevo comunicado firmado por José María Cabrera, director general de Recursos Humanos, en el que alienta el enfrentamiento entre los empleados y unos sindicatos que, a su juicio, “no están defendiendo los intereses de quienes representan”.
''Si cuando los empleados municipales conocen las consecuencias de las posiciones sindicales se ponen en contra de algunos sindicalistas, como ellos mismos dicen, es que la labor de estos representantes no está siendo la que los empleados demandan“, relata Cabrera en el documento distribuido este viernes por la mañana a la plantilla a través de la red interna bajo el título Miedo a la transparencia, pánico a la verdad.
Un día después de anunciar que, debido a la falta de acuerdo en la negociación sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), los empleados públicos perderían poder adquisitivo, el Partido Popular ha defendido que el personal municipal “tiene derecho a saber qué consecuencias tiene la actividad negociadora y a formarse una opinión informada” tras escuchar las versiones de las dos partes negociadoras y no sólo del lado sindical, que, hasta la fecha, había ostentado “el monopolio de la comunicación interna en el Ayuntamiento”. ''Es preciso cambiar esas ominosas reglas no escritas“, dice Cabrera en la comunicación.
El director de personal atribuye a algunos representantes sindicales, ''no todos'', los rumores que han circulado en los últimos meses por las oficinas municipales en relación a un posible ERE en el Ayuntamiento. Desde la sección de Intersindical Canaria interpretan estas palabras como un “ataque directo” a este sindicato, el mayoritario en el Ayuntamiento. “Se está metiendo en camisa de once varas”, afirmaba este viernes uno de sus representantes.
Guerra entre los trabajadores
Las amenazas del PP sobre las consecuencias de la falta de consenso en la negociación de la RPT también han provocado airadas reacciones en los partidos de la oposición. Así, para Isabel Mena, portavoz del PSOE, el escrito intenta “generar una guerra entre los trabajadores, pues les obliga a elegir entre la bajada de sueldos generalizada o salvar a los funcionarios”.
Mena remarca que los trabajadores que se verían más afectados en caso de concretarse la advertencia de Cabrera serían los que menos cobran, “los mileuristas o los que están por debajo de los mil euros”. La aplicación del nivel mínimo en el complemento de destino implicaría un recorte salarial de 1.100 euros anuales para el escalafón más alto en la relación laboral, el subgrupo A1 (técnicos superiores); de 1.400 para los A2 (también técnicos superiores), y de 1.600 para los colectivos que perciben una retribución menor, los administrativos (C1), los auxiliares (C2) y los bedeles y peones (E).
La portavoz socialista ha reprochado al alcalde capitalino, Juan José Cardona, que “se esconda detrás de la Junta de Gobierno”, en la que ha delegado competencias propias, para “no aparecer como culpable de esta vendetta contra los trabajadores”. El PSOE asegura que esta decisión política no ha correspondido a José María Cabrera, quien se ha limitado a “hacer el trabajo sucio”. Para Mena, el comunicado es un ejemplo de la forma de proceder “antidemocrática” y de la “prepotencia del PP, que utiliza la represalia como instrumento para lograr su objetivo”.
En la misma línea, la portavoz de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, ha afirmado que el anuncio de Cabrera en relación a la RPT refleja “el nerviosismo” de los populares y su intención de “dividir a los trabajadores y enemistarlos con sus representantes sindicales”.
Barrios denuncia que en los dos años que lleva el PP al frente del Ayuntamiento se ha alterado “completamente” la convivencia de los trabajadores, “aumentando la litigiosidad y tratándoles como personas sin conocimiento y manejables”.
Los empleados municipales han organizado distintas asambleas para la próxima semana en las que tratarán de consensuar la respuesta a la amenaza de reducción salarial del grupo de Gobierno.