Se avecinan curvas en el sector del transporte en el Archipiélago. La nueva regulación que prepara el Gobierno canario ha levantado ampollas entre los profesionales del taxi. La Federación Regional (Fedetax) ya ha pedido al presidente Fernando Clavijo la “inmediata destitución” del director general del ramo, Elías Castro Feliciano, y la retirada de un borrador que, en su opinión, abre la puerta a una “salvaje liberalización” de servicios en el sistema general de transportes.
La propuesta de modificación de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias ha concitado el rechazo prácticamente unánime de las cooperativas de taxi de las Islas, “una unidad histórica”, en palabras de uno de sus representantes. Fedetax no se opone a introducir cambios en la normativa que regula el sector, pero reclama tener voz propia en el debate y que el texto resultante sea fruto del consenso y no de la imposición.
Para los profesionales del taxi, el Gobierno canario ha ido “mucho más allá” que la Unión Europa y España en la liberalización del transporte. Entre los aspectos del borrador que ha suscitado más recelos en el sector se encuentra el de los arrendamientos de vehículos con conductor (UTC), que habilita “la libre implantación” de Uber y otras plataformas similares. La Fedetax sostiene que la nueva ley, aún en fase de borrador, da un paso “sin precedentes” al suprimir los requisitos de calidad y proporcionalidad en el transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, de manera que “cualquiera podrá tener un coche y destinarlo a realizar los servicios que hasta ahora vienen realizando los taxis”.
“Hemos luchado durante años para que nuestra legislación sea diferenciada, acorde a un territorio fraccionado como el nuestro, y habíamos conseguido que se estableciera, según el contingente de taxis que exista en cada momento, una ratio de 1:30 (un UTC por cada 30 taxis), en la línea de lo que defiende el Tribunal Supremo”, ha explicado a este periódico un portavoz de la Federación Regional de Taxistas de Canarias, que advierte de que esta regulación “deja tirado” al sector frente a una empresa como Uber, que mueve “miles de millones de euros”.
La nueva figura del transporte regular de uso especial, ya presente en la normativa española, también es objeto de preocupación por parte de los taxistas. Se trata de una modalidad que permite a los vehículos discrecionales (microbuses, guaguas...) el cobro individual de los servicios, es decir, el pago por plaza y no por su capacidad total. Para ello es necesario contar con una autorización especial expedida por la administración competente que estará condicionada a que la empresa transportista haya contratado el servicio previamente con los usuarios.
El problema, según los taxistas, radica en que la normativa canaria no establece las limitaciones para estos usos especiales que sí impone la ley estatal, que lo circunscribe a “centros de trabajo, colegios, cuarteles...” La Fedetax mantiene que la propuesta del Gobierno regional pretende “favorecer la libre prestación de servicios con pago individual en puertos, aeropuertos, playas y hoteles”. “Si una gran cadena hotelera, a través de una empresa de guaguas discrecionales, pide al Cabildo un permiso especial, el Cabildo no va a negárselo. Vamos a tener dos transportes regulares: el normal y uno a la carta para determinados hoteles y empresas”, agrega.
A ello se le suma, a juicio de la Fedetax, la restricción del transporte turístico. Y es que su regulación se ciñe a “las excursiones con guía, coches de hotel de cinco estrellas y vehículos adaptados a mercancías (buceo, parapente...)”, dejando a expensas del transporte con cobro individual “todo traslado a/desde playas y puertos y aeropuertos bajo el manto del regular de uso especial”. Los profesionales del sector lamentan que la norma canaria “desoiga” en este punto a la nacional, a pesar de que es la referencia a lo largo de toda la modificación legislativa.
Al contrario de lo que ocurre con la Ley del Suelo, el proyecto estrella de Fernando Clavijo para esta legislatura, el borrador de la Ley de Transportes profundiza en la “pérdida de control” por parte de los ayuntamientos. Las corporaciones locales sólo podrán incoar, tramitar y resolver expedientes sancionadores sobre aquellas licencias o autorizaciones que hayan otorgado, lo que, en la práctica, lo limita al sector del taxi, excluyendo al resto de servicios urbanos. “En Gran Canaria y en Tenerife, las principales islas, apenas hay cuatro o cinco inspectores. Si se le quitan competencias a los ayuntamientos para inspeccionar y sancionar, será un descontrol”, vaticinan.
La norma canaria da además a los cabildos la posibilidad de otorgar autorizaciones de transporte interurbano sin necesidad de estar en posesión de licencia municipal. Quien disponga de este permiso podrá cargar viajeros en municipios distintos a aquel donde esté residenciado el vehículo “sin control de los ayuntamientos”. “Cuando el taxi insular no esté atendiendo el servicio de la concesión (transporte a la demanda), podrá realizar servicios de taxi normales sin sujeción territorial (ámbito insular)”, advierten.
La tarifa máxima obligatoria del taxi, el límite de contratación de un solo asalariado, la eliminación de la sanción de inhabilitación o la falta de protección en una región ultraperiférica son otros de los aspectos de la ley canaria que han generado controversia entre los profesionales del sector. “Una cosa es adaptarse a las normativas europea y española y otra cosa es que borren de mapa al taxi. Estamos hablando de 15.000 familias”, lamenta un portavoz de Fedetax.