No hay estudio justificativo de costes que permita dar respaldo a los 144 millones de euros de dinero público destinados a los servicios informativos de la Televisión Canaria. Y como no lo hay, se excluye cualquier posibilidad de que un licitador pueda solicitarlo para mayor garantía jurídica del concurso. Así se desprende del análisis del expediente administrativo armado por los directivos de Radiotelevisión Canaria a partir de los primeros trabajos del letrado Martín Orozco, responsable durante dieciocho años de los servicios jurídicos de la casa, y las aportaciones de urgencia hechas por su sustituto, el abogado Carlos Cabrera, exasesor de Socater y del Grupo Prisa, dos de las compañías potencialmente interesadas en esta licitación pública.
La diferencia radica en tan solo seis palabras. En el borrador del pliego que dejó escrito el letrado Martín Orozco se puede leer que “los interesados podrán examinar el pliego y la documentación complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación”. En el pliego finalmente publicado por el órgano de contratación, el presidente de RTVC, Santiago Negrín, se introducen unas muy concretas limitaciones: “Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria directamente vinculada a aquellos (los pliegos) en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación”.
La expresión “directamente vinculada a aquellos (los pliegos)” impide que cualquier licitador pueda requerir un documento que tiene que estar incorporado al expediente, el estudio justificativo de costes, un informe técnico “formulado por los servicios competentes de la Televisión Pública de Canarias en el que se realice una valoración, con arreglo a los precios de mercado, del total de las prestaciones a contratar”, escribía en su último informe el letrado Martín Orozco como condición ineludible para la convocatoria del concurso.
Quien fuera el abogado de la radiotelevisión pública de Canarias desde 1999 hasta la víspera de este polémico concurso, sostenía en sus informes preliminares que “el método de estimación y sus resultados deberán, por tanto, explicitarse en el mencionado informe. Dicho informe deberá figurar en el expediente de contratación y al mismo deberán remitirse los pliegos. Tal informe tiene especial relevancia, no sólo en cuanto a la determinación del presupuesto máximo de licitación, sino, igualmente, a la hora de aplicar y cuantificar las eventuales penalización e indemnizaciones por incumplimiento del adjudicatario sobre prestaciones específicas”.
Pues bien. Ese informe no obra en el expediente a pesar de las recomendaciones de Martín Orozco. Su sustituto de urgencia, el abogado tinerfeño Carlos Cabrera, recomendó ocultarlo.
Así se puede leer en un correo electrónico que remite a los directivos de la cadena el 25 de agosto pasado bajo el epígrafe de “consideraciones”, incorporadas extrañamente como dictamen jurídico al expediente administrativo. Cabrera recuerda la necesidad de que se elabore ese informe justificativo de costes, pero a diferencia de su antecesor, recomienda que no se transparente. El correo de Cabrera contiene este elocuente pasaje: “Al tratarse de documentación integrante del expediente de contratación no requiere su integración como parte anexa al presente pliego ya que en definitiva se trata de documentación justificativa interna para la formación de voluntad del órgano de contratación sin que pueda ser calificada como una documentación necesaria y complementaria de los pliegos”.
De este modo, Cabrera recomienda a sus interlocutores -el director corporativo, Heriberto Monzón, y a la directora de Relaciones Institucionales, Daida Rodríguez- que modifiquen “el punto 8 tercer párrafo” del pliego de condiciones “añadiendo a la expresión ”documentación complementaria“ la expresión ”vinculados a aquellos (los pliegos)“. Y lo justifica diciendo que ”con ello se trata de reforzar que esa documentación complementaria es [sea] la que aparezca íntimamente ligada al pliego y tratar de eludir la extensión de la información [a] aspectos propios del expediente de contratación como pudiera ser el informe justificativo de costes“.
Esta anomalía administrativa se viene a sumar a todas las que componen este expediente administrativo, que empezó con mal pie desde que Santiago Negrín, el presidente del ente público RTVC, decidió constituirse en órgano de contratación unipersonal a pesar de las advertencias del asesor jurídico Martín Orozco en un informe que se ocultó al Parlamento y a la opinión pública porque se imponía el criterio legal de contar con el respaldo del consejo rector de la Corporación, donde Negrín no tiene ni quórum ni, en el mejor de los casos, mayoría.
A esa irregularidad de partida, subsanada deprisa y corriendo a través de correos electrónicos del abogado sustituto Carlos Cabrera presentados como dictámenes jurídicos, siguió el descubrimiento de que el expediente contenía incluso falsedad en fechas e incorporación de documentos extemporáneos. Ahora aparece esta ocultación de información relevante sugerida por el abogado suplente y aceptada sin que consten reparos por los directivos del ente público.