El Tribunal Supremo (TS) mantiene por ahora la cancelación de los créditos solicitados por el Cabildo tinerfeño durante 2010 al sospecharse que se incurrió en determinadas causas de anulabilidad Esta decisión implica que la institución insular, según sus propios cálculos, tendrá que devolver a lo largo de este año 137,3 millones, casi un tercio de su presupuesto.
Una sentencia ratifica el decreto emitido por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales del Ministerio de Economía de finales de 2011. A través de esta orden se instaba a la institución insular a dejar sin efecto todos los préstamos solicitados y le prohibía concertar otros a largo plazo.
Entre los motivos para cancelar las operaciones ya firmadas estaría, por ejemplo, que en algunos casos estos recursos se han utilizado para refinanciar deuda anterior, que en aquellos momentos sumaba 477,2 millones, la mayor de Canarias y la segunda de España.
El Cabildo por su parte, alegó sin fortuna que esta decisión implicará graves consecuencias para el interés público al tener que destinarse ya en este año 137,3 millones de euros para llevar a cabo una amortización total anticipada. Una cifra que implica el 27% del presupuesto con el que cuenta para el presente ejercicio, “con la posible eliminación o grave afectación a servicios de la competencia de la Corporación”.
El Supremo ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por el Cabildo al estimar que si el fallo final fuese favorable podría volver a concertar los préstamos dejados sin efecto, “originándose en todo caso un retraso en la ejecución de las inversiones previstas, pero no imposibilitándose las mismas”
Acogiéndose a un fallo por un caso similar ocurrido en el Ayuntamiento madrileño de Las Rosas, el Supremo apunta que el problema surgiría más bien si se realizaran las inversiones y luego se confirmara la legalidad del Decreto del Ministerio. En este supuesto “se privaría de base legal a la financiación y se originarían complicadas y negativas consecuencias jurídicas y económicas para la institución”.
Igualmente se producirían “graves efectos perjudiciales” para terceros muy superiores la cancelación temprana de las inversiones“. En el año 2010, se dio la circunstancia de que 6,02 de cada 10 euros que adeudaban los siete cabildos insulares correspondían a la administración tinerfeña, según los datos de la deuda financiera de las entidades locales españolas dada a conocer por el Ministerio de Economía y Hacienda.
A su vez, en ese ejercicio la deuda del Cabildo era superior a la de la suma de la acumulada por los 31 ayuntamientos tinerfeños, que llegaba a 356,2 millones. El montante de los préstamos acumulados por esta institución insular la sitúa como la segunda entidad local supramunicipal de España más endeudada. Pero además, el Ministerio comprobó que parte de estos créditos se utilizaban para pagar deuda anterior que se venía arrastrando desde hacía años.