Termina sin acuerdo la reunión sobre la acogida de menores migrantes

La reunión entre el Gobierno central, el PP y los ejecutivos de Canarias y de Ceuta para abordar la acogida de menores migrantes y su reparto entre las comunidades autónomas ante el colapso que sufren esos dos territorios ha terminado sin acuerdo, según han indicado fuentes presentes en la misma.

El Gobierno ha insistido en la reunión en que la solución debe pasar por la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas se vean obligadas a acoger a esos menores, en tanto que el PP ha exigido al Ejecutivo que ponga sobre la mesa un debate más a fondo sobre la política migratoria.

Cabe recordar que la petición de reformar la Ley de Extranjería parte del propio Gobierno de Canarias, donde el PP cogobierna junto a Coalición Canaria.

Los populares han acudido a este encuentro (después de dos meses ausentes de la mesa de negociación) amenazados por Vox, que aseguró que no apoyaría los presupuestos autonómicos si el PP pactaba con el PSOE esta reforma.

El encuentro ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno de Canarias, en Madrid, y han acudido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el de Ceuta, Juan Vivas, además del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado.

Cronología de una reforma que no llega

El Gobierno de Canarias, del que forma parte el PP, estuvo meses preparando un documento con una propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Dicha propuesta consiste en cambiar la voluntariedad del reparto de los menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas y hacerlo obligatorio cuando aquella región a la que estos niños y adolescentes llegan tenga los recursos ocupados por encima del 150% de su capacidad. Es decir, que los menores que lleguen a una región con sus centros llenos, puedan ser trasladados a otra comunidad autónoma que tenga sus recursos de acogida disponibles sin que esto dependa de la solidaridad del gobierno autonómico de turno. Este cambio viene dado porque el sistema basado en la solidaridad ha demostrado hasta ahora ser un fracaso, ya que las comunidades no suelen aceptar la llegada de estos menores y, cuando lo hacen, es en un número tan bajo que no supone un alivio para los centros de acogida de Canarias.

Después de presentar el documento en el Parlamento de Canarias, todos los partidos, incluido el PP (excepto Vox), respaldaron dicha propuesta, y esta fue enviada entonces al Gobierno central, que también la respaldó. Hubo un encuentro entre Clavijo y el ministro Torres con los grupos parlamentarios para explicarles en qué consistía esa propuesta [a esta reunión no acudió el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, para no exponerse a una reforma que después su propio partido tumbó en el Congreso de los Diputados]. El PP, junto a Vox y Junts, votó en contra de iniciar siquiera el trámite parlamentario, en cuyo recorrido habría sido posible admitir enmiendas de todos los grupos.

El PP nacional rechazó esta posibilidad, pese a que el PP de Canarias lo había respaldado, con el argumento de que no se había negociado con ellos, algo que fue desmentido por el portavoz del Gobierno canario, que aseguró que el PP había participado activamente en la elaboración del texto. El PP expuso entonces varias condiciones sobre la mesa. El Gobierno central aclaró que algunas ya estaban incluidas en el propio texto y que las otras podían haberse tramitado como enmiendas si el PP hubiera votado que sí en el Congreso.

Se cerraba así, en pleno mes de julio, la puerta a la posibilidad de aliviar los centros de acogida de menores en las Islas de cara a un verano que ya se preveía complicado en cuanto al número de llegadas.

Tras dos encuentros discretos durante el mes de agosto, finalmente el PP nacional, el Gobierno central y Clavijo volvieron a sentarse. Al PP le duraron dos encuentros las ganas de seguir hacia adelante con la reforma, para volver a desbancarse de ella. La razón: el Estado había rechazado ayuda de la Unión Europea para trasladar migrantes a otros países miembros. Esto fue desmentido categóricamente por el Gobierno, que retó al PP a explicar qué plazas, cuándo y dónde habían sido ofrecidas a España.

Poco después de ese desencuentro, llegó el pleno en el Congreso de los Diputados dedicado a la inmigración, una oportunidad para acercar posturas en busca de un pacto de Estado y la ansiada reforma de la Ley de Extranjería. Sin embargo, en su intervención, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedicó el 90% del tiempo de su intervención a hablar de ETA, lo que le valió incluso una amonestación de la presidenta de la Cámara, que tuvo que recordarle el reglamento según el cual debe ceñirse al tema que se discute ese día, la inmigración.

Después de ese sonado pleno, Fernando Clavijo realizó la primera crítica abierta a su socio de Gobierno (hasta entonces las críticas de Coalición Canaria iban solo dirigidas al Gobierno central, pese a su apoyo al texto), de quien dijo no entender por qué había roto la negociación ni su polémica intervención en el Congreso.

Tras varias llamadas por parte de Torres a retomar la negociación, el PP puso sobre la mesa una nueva condición: que España pida ayuda a Frontex y trabajar en el restablecimiento del sistema de reparto de menores por la Unión Europea. Es decir, que en lugar de tramitar en el Congreso que sean las comunidades autónomas quienes contribuyan a aliviar la situación de Canarias sean los países europeos quienes lo hagan, todo ello en un contexto en el que la ultraderecha y su discurso en contra de las personas migrantes avanza por el continente y cuyo máximo exponente es Giorgia Meloni y su política de deportaciones sin garantías a campamentos ubicados en terceros países, como Albania.

La única diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, pidió el pasado 14 de noviembre al Ejecutivo que prevea “una acción alternativa” para lograr la gestión compartida por las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas. Es decir, que obvie una negociación y reforme la ley por decreto.

Tras esto, llegó una nueva convocatoria para sentarse a negociar esta misma semana. La respuesta del PP, que si el Gobierno quiere reforma (aunque quien la ha solicitado es el Gobierno canario, del que el propio PP forma parte), que respalde el texto elaborado por este partido y que no ha sido consensuado ni presentado a ningún otro partido, ni en Canarias ni en el Congreso, como sí lo fue la propuesta inicial llevada en julio a Madrid.