Mientras desde la Unión Europea se regulan los aspectos más nimios de salud pública, las manchas marrones de aguas fecales en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria ponen en evidencia la inserción de la isla en el ordenamiento jurídico comunitario, e incluso en el siglo XXI.
En estos días, distintos partidos políticos, incluido el de Gobierno, ponen de nuevo en el candelero este asunto de enorme importancia para la salud pública, que se ha convertido en un trending topic de la política del Archipiélago.
Los vertidos en 44 puntos del litoral, y particularmente los del emisario submarino de la zona de Las Alcaravaneras, La Laja o San Cristóbal, son un problema casi tan antiguo como la propia privatización de la entidad que los permite, al albur de los políticos de turno.
Cada cierto tiempo saltan las alarmas, los medios de comunicación se hacen eco de las denuncias de los distintos partidos políticos, informes técnicos de especialistas, declaraciones de Emalsa? Y la conclusión es siempre la misma, como bien ven y huelen los transeúntes capitalinos, que lo que flota son bacterias fecales.
De esto no cabe duda, los expertos que elaboraron el informe sobre los efluentes de aguas residuales en el litoral oriental de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2011, han advertido que “el flujo constante de agua canela que origina el penacho costero sólo se debe a la rotura del emisario”, lo que en opinión de los mismos, y teniendo en cuenta los distintos análisis aportados en la investigación “está relacionado directamente con el emisario submarino dado que vierte continuamente aguas fecales”.
Según el informe del Ministerio de Sanidad, que está tan protegido en la página web del Sistema de Información Medioambiental de Canarias (SIMAC) que es prácticamente imposible encontrarlo, se tiene constancia de estos vertidos al menos desde el año 1998, empeorando la situación con el paso del tiempo y la inacción institucional.
La continua aparición de vertidos fecales pone de manifiesto que “a pesar de las bombas de impulsión, los aliviaderos, la estación depuradora, e incluso el emisario submarino, la contaminación por aguas residuales sigue estando presente, como se demuestra por los resultados bacteriológicos y los asentamientos de algas macrófitas indicadoras de contaminación fecal en este litoral oriental”, hasta que en el año 2009, “el caudal del vertido es enorme”. Y por aquel entonces los trabajadores de la empresa de aguas no estaban en huelga que sepamos.
Los muestreos realizados desde el año 1997 muestran la evolución del grado de contaminación del agua, que repercute en la imposibilidad de otorgar la bandera azul a algunas de esas playas “siempre contaminadas por aguas fecales”. Además de suponer un claro perjuicio para la salud pública y para el ecosistema.
El problema no radica en la “crueldad” de los datos, sino en la desidia y despreocupación de las instituciones que los obvian. Los datos son los datos, no se puede culpar a la ciencia de los problemas que analiza. Una tentación muy incrustada en algunos políticos, muy dados a matar al mensajero antes que reconocer sus responsabilidades.