El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra la ley del Suelo promovidos por el grupo parlamentario popular y los Gobiernos de la Comunidad de Madrid, La Rioja y Canarias. Según las respectivas resoluciones del Tribunal Constitucional, se admiten a trámite los referidos recursos y se trasladan las demandas y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno, para que en un plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular sus alegaciones.
El Ejecutivo canario planteó el recurso porque no se atendieron los requerimientos formulados por Canarias sobre la materia, y el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, afirmó que esta norma contraviene determinados aspectos del texto refundido de la Ley del Territorio de Canarias.
El recurso de inconstitucionalidad del PP está motivado, entre otras cuestiones, porque, en su opinión, la ley expropia la tierra a los agricultores sin compensaciones justas y propone precios significativamente inferiores a los manejados en el mercado actual.
Además, señala,la norma carece de mecanismos eficaces para abaratar el coste de los suelos urbanizables e invade competencias de las comunidades.
Los casos de Madrid y La Rioja
La Comunidad de Madrid, en un comunicado tras conocer la resolución del TC, insistió en que la ley invade competencias autonómicas y atenta contra el derecho a la propiedad privada.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad decidió el pasado 26 de julio presentar el recurso, que fija, entre otras cuestiones, una reserva obligatoria del 30 por ciento de la edificabilidad residencial para la construcción de vivienda protegida.
En opinión de la Administración madrileña, la ley del Suelo supone una “flagrante intromisión en las competencias autonómicas” de vivienda, ya que la Administración central “únicamente puede establecer los mecanismos de financiación para la vivienda protegida, pero nunca desarrollar una política al respecto”.
También en materia de vivienda protegida, la legislación estatal detalla los casos en los que las administraciones locales podrán sustituir las entregas obligatorias de suelo para vivienda protegida por otras formas de cumplimiento de esta obligación como es el pago en metálico, algo que también supone una intromisión para la Comunidad de Madrid.
Así como que la norma atribuya al Estado la facultad de coordinar a las administraciones autonómica y municipal “para imponer un sistema público de información al ciudadano” sobre suelo y urbanismo, cuando, según la Comunidad, “ya existen mecanismos” de este tipo en los procedimientos regionales de elaboración de los planes urbanísticos.
El Gobierno de La Rioja recurrió la ley al entender que la norma estatal supone “una invasión clara de muchas competencias autonómicas y locales”, afirmó su consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo.