La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la petición del abogado del senador del Partido Popular (PP) por Gran Canaria, Borja Benítez de Lugo, para levantar la orden de alejamiento de 500 metros de su mujer Elsa Kaehler por un supuesto delito de maltrato.
A través de un auto emitido recientemente dentro de la causa especial abierta por el Supremo dada la condición de aforado del senador se apunta la conveniencia de mantener esta medida dado que las consecuencias sobre la vida de Benítez, “son mínimas, sino nulas”.
El TS recuerda que el senador “hace años que evita el trato directo con la denunciante con la que se entiende a través de sus respectivos letrados. Las visitas y permanencia de la hija común menor de edad se llevan a cabo eludiendo todo contacto personal entre sus progenitores. En nada le afecta pues de forma directa tal medida que, sin embargo, evita situaciones de conflicto”.
La defensa del senador sin embargo apuntó “la vertiente de estigmatización en el entorno que pudiera comportar” la orden de alejamiento aunque el Supremo considera que más bien esta condición viene acarreada por la causa penal en la que se ve inmerso. “Es obligado el seguimiento del proceso en tanto no se practican las diligencias indispensables para esclarecer los hechos y adoptar alguna de las resoluciones con las que ha de clausurarse la investigación”.
En cualquier caso se estima desde el Supremo que mantener la orden de alejamiento ayudará a evitar situaciones de conflictividad. De todas formas se matiza que esta medida no implicará una inculpación a la hora de que la Sala se dirija formalmente al Senado para pedir el suplicatorio con el fin de procesar al senador.
Borja Benítez solicitó en su momento declarar de forma voluntaria ante el Supremo y así finalmente lo hizo el 14 de enero de este año. Fue entonces cuando su abogado pidió que se levantara la orden de alejamiento que también afecta a la imposibilidad de acercarse a su antiguo domicilio, lugar de trabajo de su ex esposa o comunicarse con ella . Sin embargo, el Ministerio Fiscal apostó por mantener las medidas adoptadas por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2 de Las Palmas al considerar que “tienen por objeto la protección de las víctimas y no están sujetas a autorización parlamentaria”.
El abogado de la acusación se posicionó en idéntico sentido. Dado que la orden había sido emitida por una instancia judicial que no puede procesar a un aforado era necesario que se pronunciara el Supremo quien también considera que para mantenerla como ahora ha hecho no es necesario pedir permiso al Senado.