El valor del suelo de Las Teresitas ha experimentado un incremento que probablemente tenga pocos precedentes en toda España hasta que el punto de haberse multiplicado por 1.000 en apenas quince años. Cuando se realizó el primer reparto de la cuota de participación de los miembros de la Junta de Compensación en 1989 se apuntaba que el millón de metros cuadrados aportados por los propietarios tenían un valor global de 651.000 euros, con lo cual cada uno de ellos apenas llegaba al euro. En 1998 cuando la Junta vende la totalidad de sus propiedades a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia agrupados en la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), éstos pagan 33 millones de euros de manera que el valor en ese momento se incrementa a los 33 euros por metro cuadrado.
Sin embargo, apenas tres años más tarde el Ayuntamiento adquiere tan sólo 110.000 metros cuadrados del frente de la playa por 52 millones, con lo cual cada uno de ellos había aumentado ya de forma espectacular hasta casi 500 euros. La Corporación local recalificó además los terrenos de Las Huertas para que se permitiera traspasar a ellos toda la edificabilidad que se contemplaba inicialmente en el frente. Por ello no es raro que la cifra pagada por el Ayuntamiento supusiera la mitad de lo que le llegó a costar a Mapfre adquirir cinco años más tarde 120.000 metros cuadrados para el suelo urbanizable. En total la aseguradora abonó 95 millones de euros para adquirir este enclave en el que está previsto construir una urbanización residencial que desde un principio se ha visto enredada en problemas sobre la titularidad de las parcelas y la adecuación de las obras al proyecto, por lo que lleva casi dos años paralizada.
En el escrito de acusación de la fiscal Anticorrupción por la pieza separada sobre la actuación de los miembros de la Junta de Compensación durante todos esos años, se recuerda que el organismo se fundó en el año 1964 como una entidad urbanística colaboradora de carácter corporativo-jurídico-administrativo con personalidad jurídica propia. Para muchos santacruceros invertir en la compra de terrenos en Las Teresitas era una manera de obtener beneficios y prosperar económicamente a corto plazo. No por casualidad este enclave se promocionaba en aquel entonces como un futuro emporio turístico en el que se iban a construir cientos de apartamentos, hoteles y centros comerciales. A ello ayudaba además la remodelación que había experimentado la playa en los años setenta con la arena rubia y exhibición de maquetas de algunos proyectos que parecían querer convertirla en una especie de Benidorm a pequeña escala.
Ya en 1989 el pleno de Santa Cruz aprobó el proyecto de reparcelación que reparte las cargas y beneficios entre los casi 200 propietarios que estaban entonces inscritos. En este documento se hacía constar el listado de parcelas, las fincas integrantes con una descripción de superficie y ubicación y el total de metros cuadrados resultantes que sumaban algo más de un millón de metros cuadrados. También se asignó un valoración de 108 millones de pesetas, unos 651.000 euros en total, a la hora de fijar sobre el papel el dinero a repartir entre los distintos componentes de la Junta.
A partir de aquí la oposición en el Ayuntamiento integrada por el PSOE comenzó a presentar recursos ante los tribunales con el fin de que no se permitiera construir en el frente de la playa y menos aún de una forma tan desmesurada como en principio se planteaba. Un litigio judicial que no se resolvió hasta 1998 cuando el Supremo determinó que sí era posible edificar, aunque en un volumen bastante menor del que se pretendía en los planes iniciales. Poco antes de que se hiciera pública la sentencia ILT compró la práctica totalidad de los terrenos por 33 euros el metro cuadrado. Todo lo relacionado con esta primera adquisición es lo que analiza la pieza separada del caso de Las Teresitas que mantiene ya como acusados al asesor de la Junta, Mauricio Hayek para el que se piden ocho años de prisión, el presidente, Jerónimo Delgado y el tesorero, Clemente Martín, ya fallecido, para quienes se piden cinco años y medio y para el secretario, Álvaro Fernaud, para quien se solicitan cuatro años y medio.
En total, casi 24 años de prisión y la asunción de una responsabilidad civil que suma los dos millones de euros. La Fiscalía considera que hay indicios suficientes para considerar que los acusados, “puestos en común de acuerdo y valiéndose de su posición predominante en la Junta, y guiados por el ánimo de lucro de obtener un ilícito beneficio económico, lejos de cumplir con el contenido de las obligaciones inherentes a los cargos que ocupaban, se aprovecharon de su situación”. Para ello dispusieron de forma fraudulenta del patrimonio de la Junta “en evidente detrimento de los integrantes de la misma”.
La Fiscalía cuantifica en 5 millones de euros la cifra que dejaron de recibir los propietarios originales tras la venta a ILT y además cree que los acusados se hicieron con este dinero “a pesar de que eran plenamente conscientes de la existencia de numerosos dueños cuyos derechos económicos no habían sido satisfechos, pese a estar en los coeficientes de reparto que manejaban los órganos directivos de la Junta de compensación”. El proyecto de reparcelación fue sin embargo anulado en una sentencia de 2007 por contener numerosos errores en los coeficientes, nombres e incluso incluir terrenos y propietarios que nunca participaron en la entidad o se desligaron formalmente y ante notario de la misma al no estar de acuerdo con el rumbo que estaban tomando los acontecimientos.