“A modo individual y respetando la norma”, así es como responde Gorki Bethencourt a la pregunta de por qué algunos de los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria han decidido trabajar estos días con falda.
Desde este lunes uno de septiembre la nueva normativa les obliga a llevar uniforme. Distintos colectivos del sector del taxi capitalino han presentado un contencioso administrativo y también han anunciado la interposición de un recurso de reposición para tratar de detener la entrada en vigor de esta parte del nuevo reglamento.
Gorka señala que a pesar de formar parte de una de las asociaciones del taxi de la capital grancanaria esta iniciativa la ha secundado a título personal al igual que otros muchos compañeros taxistas: “Se trata de un acto reivindicativo pero estamos cumpliendo la normativa del Ayuntamiento. El reglamento recoge que los taxistas debemos ir vestidos con pantalón oscuro o falda y eso es lo que estamos haciendo”.
Expedito Suárez es el presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc) y asegura que también está en contra de la nueva normativa. Afirma que durante estas semanas están tratando de secundar este acto reivindicativo, “pero cumpliendo la normativa”, añade, animando a todos taxistas de la capital grancanaria a llevar falda.
También han querido escenificar su rechazo al nuevo reglamento, y a cómo lo ha aprobado el Ayuntamiento, creando sendos perfiles en Twitter y Facebook en los que cuelgan fotos de la iniciativa e intercambian comentarios con la cuenta de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria sobre el régimen de sanciones que los agentes del cuerpo comenzaron a ponerles desde el pasado lunes.
Recursos contra la obligatoriedad de llevar uniforme
La presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, anunció la pasada semana la presentación de un recurso de reposición ante acto administrativo contra la instrucción de uniformidad para todos los conductores del taxi de Las Palmas de Gran Canaria.
García sostiene que existen irregularidades en la tramitación de tal resolución ya que no se abrió en ningún momento el trámite de información pública y audiencia de los interesados. Además, añade, esta resolución debió ser aprobada por la Junta de Gobierno Local y no por el concejal del área de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso.
Este recurso de reposición se une al recurso contencioso administrativo presentado el pasado 21 de agosto por la vía de urgencia porque, asegura García, “se vulneran los derechos fundamentales de la persona”, y también por el corto margen de tiempo que tienen para recurrir.