Un vecino del Suroeste lleva años batallando ante los tribunales para que le devuelvan una parcela situada en el polígono industrial y residencial de El Rosario entre los municipios de Santa Cruz y La La Laguna que hace treinta y seis años le fue expropiada por una cantidad que apenas superó los 450 euros. El denunciante recurrió ante el Supremo alegando que en este solar nunca se ha llegado a ejecutar la prevista promoción de viviendas sociales, motivo por el cual se le retiró la propiedad. Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) al igual que hizo antes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) considera que al tratarse de una bolsa de suelo demasiado grande es normal que no se haya podido aún ejecutar la totalidad de las viviendas previstas. Además, rechaza que tal y como alegó el denunciante se pueda hablar de que la empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias Gestión del Polígono de El Rosario (Prosa), creada para llevar a cabo esta urbanización haya incurrido en especulación de los terrenos al vender parte de los mismos a promotores privados.
Este vecino también solicitaba que en caso de que no se procediera a la reversión de la parcela al menos se llevara a cabo una nueva tasación de la misma ya que en su momento el precio que se fijó fue de 6 euros por metro cuadrado. La ocupación fue aprobada por el Ministerio de la Vivienda en el año 1976 y poco después se aprobó el correspondiente plan parcial en el que se contenía la ejecución. Sin embargo, el pago no se hizo efectivo hasta el año 2001, momento en el que el antiguo propietario ya había advertido que iba a hacer uso de su derecho a que se le devolvieran sus propiedades.
Sin embargo, ni el TSJC ni el TS consideran que en este caso es aplicable el principio de que los terrenos pueden volver a manos de sus dueños originales cuando haya transcurrido más de una década sin que se le haya ejecutado el fin para el que fueron expropiados. Y ello es así dada la enorme extensión de terreno en el que se piensan construir estas viviendas sociales y que es considerada la zona de expansión de Santa Cruz y de La Laguna. Los tribunales de todas formas resaltan que en la parte de la capital tinerfeña ya se han llevado a cabo hasta el 85% de las actuaciones previstas mientras que en Aguere se han concluido en la práctica, lo que implica una media del 90%. El Gobierno canario admite que vendió una parte “mínima” de estos terrenos a promotores privados pero alega que lo hizo con el fin de conseguir fondos para ejecutar el resto de las actuaciones. Por ello los tribunales descartan que se pueda hablar de especulación tal y como planteaba este vecino.
El denunciante señaló hace ya años que lo ocurrido no se trata de un caso aislado sino que son muchos los ciudadanos afectados por las expropiaciones cuyas cláusulas consideró “abusivas”. El afectado criticó en su momento “que la parcela fue ocupada en teoría para hacer viviendas sociales, pero con el tiempo tiene propietario privado y está en el mercado libre. Mientras, la otra parte no la puedo tocar al estar dentro de una unidad de actuación junto a otros propietarios”. Por ello denunció que “la expropiación destinaba la parcela a Viviendas de Protección Oficial (VPO), como todo el polígono, pero como el resto pasó a propiedad privada y vivienda libre de tres alturas, según el Plan General, al que presenté alegaciones, desestimadas porque dicen que no tengo metros suficientes para construir”. El vecino explica que “con la calificación de suelo urbano consolidado, parte de los beneficios de PROSA y del propietario privado actual, deberían revertir en el dueño inicial de la parcela, más cuando fuimos expropiados por la irrisioria cantidad de cien pesetas el metro cuadrado. Me ha dicho algún empresario que no se hacen VPO porque no son rentables al no venderse, pero al pasar a privado aumentan los beneficios que no son compartidos con nadie”.