Un grupo de vecinos de la conocida como Finca de Carne del Agua (Santa María de Guía) lleva más de siete años inmerso en una kafkiana relación con la Justicia. Juan Miguel Martín, al frente de ellos, no busca castigos ni sanciones ejemplares, “sólo que esto no vuelva a ocurrirle a nadie”.
Lo afirma sin rencor y aún sorprendido por la respuesta que le dieron en la Audiencia Provincial a uno de los recursos interpuestos. “Nos desestimaron una demanda civil y recurrimos, porque no nos recogieron un documento importante”.
Ante la tardanza en obtener una respuesta, la mañana del 28 de septiembre del pasado año, Juan Miguel fue a preguntar a los tribunales. “Me dijeron que se había mantenido el fallo contra mí emitido por un juzgado de Arucas en el caso de la separación de mi mujer”, recuerda. Evidentemente se trataba de un error, porque la sentencia recurrida hacía referencia a un problema urbanístico.
Está hastiado, pero todavía le queda espacio para sonreír socarronamente: “Yo ese día me había levantado de la cama y allí estaba mi mujer, tan rápido no puede ir la Justicia”, lamenta y recobra la seriedad para señalar que no es de recibo que los ciudadanos que pagan sus impuestos no obtengan un mínimo de seriedad cuando requieren de un servicio tan esencial como es el de la Justicia.
En 2001, la constructora Prosmar, comenzó las obras de un edificio en uno de los costados del que había sido el camino que da acceso a las viviendas terreras de estos vecinos, en algunos casos desde hace cincuenta años.
Desde el principio los vecinos se dirigieron al alcalde de la localidad, Fernando Bañolas (CC), para hacerle ver que se estaba reduciendo la servidumbre de paso de los 8 metros consolidados en el tiempo a sólo 5,5 metros. Es decir, les estrechaban drásticamente el camino que lleva a sus casas.
Además, aseguran que 96'5 metros cuadrados de la construcción se levantan sobre suelo rústico y enseñan los documentos que lo acreditan, en la seguridad de que si alguien en la administración de Justicia los hubiese mirado con atención, el caso estaría resuelto a su favor desde hace tiempo.
En la actualidad siguen batallando en los tribunales. “La última es porque fallaron en nuestra contra un contencioso-administrativo en un proceso que llevó todo el tiempo una juez, para que finalmente nos encontremos con la sentencia firmada por un juez distinto”. Cuestión que, según el letrado que les asiste, viola la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 137 y 194.