Los afectados por la caída del muro en la calle Pancho Guerra de Las Palmas de Gran Canaria, que arrasó las viviendas de diez familias y causó la muerte de tres personas hace tres años, se concentrarán este lunes, a las 10.00 horas, en el solar de lo que fueron sus casas, en el número 24 de la citada calle, para recordar a sus vecinos fallecidos en la “catástrofe” -un matrimonio y uno de sus hijos-.
El portavoz de los vecinos perjudicados, Rafael Morales, declaró que durante la convocatoria se leerá un manifiesto sobre la situación actual respecto al planteamiento urbanístico para poder regresar algún día a sus hogares.
Dejó claro que los afectados no quieren volver a tener otro muro detrás de sus viviendas porque de lo contrario están convencidos de que no dormirán. “Eso es imposible e innegociable”, afirmó.
Morales recordó que la causa del derrumbe del muro sobre un grupo de chalés unifamiliares del barrio de San Antonio fue que “estaba mal hecho”, además de que influyó el aporte continuo de agua de lluvia y del riego del parque que hay en su parte superior y que el muro no estuviera impermeabilizado, por lo que la infraestructura “se pudrió y ocasionó la tragedia”.
“Se me ponen los pelos de punta de recordarlo, se cayeron las casas con nosotros dentro”, manifestó el portavoz, para quien “parece mentira que después de tres años no haya una respuesta del planeamiento urbanístico en la zona”.
En este sentido, explicó que “con las leyes actuales” los residentes no pueden hacer “ni siquiera la casa” que tenían antes. Asimismo, mostró la “vergüenza que supone peregrinar en busca de una solución cuando existen compromisos adquiridos que se están eternizando en el tiempo”.
Si bien agradeció el apoyo del Ayuntamiento capitalino y del Gobierno canario, Morales denunció que “las instituciones son ágiles y eficaces para cobrar, pero para dar respuesta a cualquier planteamiento es otra cosa”.
“Hay compromiso político para darnos solución urbanística, pero ya llevamos tres años y estamos igual que al día siguiente” del siniestro, apostilló Morales, que reiteró que los afectados carecen de documentos que acrediten qué actuación se puede hacer en el lugar.
Continúan pagando las hipotecas de las casas derribadas
El portavoz vecinal explicó que las víctimas de lo acontecido viven en casas de familiares o en alquiler aunque continúan pagando “las hipotecas de lo que se cayó y las pólizas de seguro” que tenían “a favor de los bancos en caso de que hubiera daños al edificio. Añadió que ”ninguna compañía de seguros ha querido pagar, con lo que a pesar de estar asegurados“, están pagando las hipotecas.
Según su testimonio, “la situación empieza a ser desesperante”. “Estamos consumiendo la reserva de combustible y está el piloto encendido”, alertó, al tiempo que incidió en que no se les ha pagado “ni un duro de indemnizaciones”.
Recordó que los lugareños han interpuesto reclamaciones judiciales pero reiteró que “las instituciones, entre ellas la justicia, son una auténtica maravilla de gestión cobrando los impuestos pero no dando respuesta a los planteamientos”.
“Se está trabajando pero no a la velocidad que nosotros necesitamos”, apuntó Morales, que hizo especial hincapié en que lo único que piden “es agilidad para llegar a un acuerdo urbanístico y que se busquen los mecanismos legales para que se pueda hacer como se han hecho 80.000 en el archipiélago y que se haga legal”.
“Queremos volver a nuestras casas en nuestro solar, pero lo que no queremos es volver a tener un muro detrás porque si no no dormiríamos, eso es innegociable y hay soluciones urbanísticas que pueden ponerse en marcha”, aseveró Morales, que recordó que los afectados han denunciado en los juzgados a la compañía de seguros, al Ayuntamiento capitalino por ser propietario del parque ubicado en la parte superior de la instalación, a la empresa Cimentaciones Archipiélago, la promotora Monromar, el aparejador Miguel Rodríguez Rivero y el arquitecto Jesús Monzón González, como responsables del siniestro.