Los Verdes de Tenerife han anunciado que “a principios de la próxima semana” presentarán un escrito en el registro del Palacio de Justicia dirigido a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, para que se una al expediente abierto de fiscalización de la actuación municipal sobre El Varadero y la montaña Carbonero “que arrastra un rosario de acciones de judiciales”.
Concretamente, Los Verdes trasladarán en su escrito las declaraciones realizadas por la consejera insular de planificación del Cabildo de Tenerife, Pino de León, ya que “atribuyen directamente la decisión sobre la urbanización de terrenos propiedad de Macario Benítez al propio grupo de gobierno presidido por él, aunque Benítez hasta ahora se ha escudado en el Cabildo y la COTMAC, presuntamente para eludir la manifiesta incompatibilidad que resultaría de que él mismo, como alcalde, tomara en las juntas de gobierno o en el pleno decisiones que benefician directamente sus propios intereses patrimoniales”.
El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, recordó que “en Tenerife ya hay abiertas diligencias por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos contra otro alcalde del PSOE, Jaime González Cejas, por haber adoptado mientras era primer mandatario de Granadilla decisiones que supuestamente favorecían a una empresa participada por él que adquirió dos parcelas rústicas que, tras la elaboración del Plan General, se convirtieron en Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado apto para ser edificado”.
Hernández destacó la “semejanza entre ese caso y la recalificación urbanizable de los suelos rústicos del Área de Regulación Homogénea de la Montaña Carbonero, que incorpora terrenos que son propiedad de Macario Benítez, a través de una revisión del Plan General de Ordenación de El Rosario, por la que el Suncu-U.A. Carboneras cambia de Suelo Urbano No Consolidado a Suelo Urbanizable Sectorizado, dividido en tres polígonos, catalogando las dos parcelas del alcalde como Polígono 3”.
Pino de León
En su escrito para la Fiscalía de la Audiencia Provincial, Los Verdes de Tenerife resaltan “que la consejera insular de Planificación ha dejado claro sin lugar a dudas que la readscripción del suelo protegido por el Plan Insular a través del Área de Regulación Homogénea de la montaña Carbonero fue una iniciativa del grupo de gobierno, que esta competencia de ordenación es del ayuntamiento y así le fue requerido al Cabildo, que dio su visto bueno a instancia de éste”.
Concretamente, Pino de León declaró que los técnicos a su servicio le indicaron que la readscripción hecha por el ayuntamiento cumple con los criterios del PIOT para hacerlo y con técnicas e instrumentos que da el propio PIOT el ayuntamiento ha ejercido la potestad de readscripcion de un ARH y el Cabildo informó de forma favorable desde el punto de vista técnico y jurídico.
Octavio Hernández cuestiona la legalidad de esa readscripción “ya que incumple las disposiciones territoriales del PIOT, que señalan que el planeamiento de desarrollo sólo podrá readscribir un ámbito de ordenación que se incluya en un ARH montaña en el plano del PIOT a otra categoría si el régimen normativo que establezca asegura la preservación de la integridad de su relieve y conformación paisajística, y este no es el caso ya que se invade y altera de manera significativa el suelo protegido, dañándolo de forma irreparable si se ejecutan las obras previstas en el PGO”.
Pero Hernández insiste en que “al margen de la valoración sobre la legalidad o ilegalidad de los informes favorables del Cabildo, que las diligencias habrían de comprobar en el expediente abierto en la Fiscalía, no puede desconocerse la condición de alcalde y propietario de Macario Benítez en la decisión municipal de urbanizar la falda de la montaña contra la voluntad de terceros, hecho que por sí mismo justifica poner el caso en manos de la justicia, y al efecto las declaraciones de Pino de León nos parecen relevantes y así lo vamos a trasladar al fiscal”.