Victoria Rosell, candidata de Unidas Podemos al Congreso por Las Palmas, ha propuesto combatir la corrupción con un cuerpo de Policía Judicial que esté al margen de “las injerencias del Misterio de Interior” y que solo responda ante los magistrados y fiscales.
“Cuando el Gobierno investigado o el partido investigado, que también puede estar en un gobierno autonómico, tiene la llave de la documentación y el personal, no puedes contar con una Policía que dependa de ellos”, ha manifestado Rosell, en la cadena SER.
La candidata de Unidas Podemos ha recalcado que ella ha sufrido como juez situaciones que le hacen sospechar de filtraciones para proteger a un político investigado por corrupción; por ejemplo, al pinchar el teléfono a un cargo público con todos los requerimientos legales y ver cómo este dejaba de inmediato de hablar por una línea por la que el mes anterior había hecho “más de mil llamadas”.
Rosell ha señalado que no puede dar detalles de qué casos está hablando, pero sí ha explicado que cuando le ha pasado eso y ha preguntado a “la unidad especializada, la Udyco o la Udef (las unidades de la Policía Nacional contra el crimen organizado y la delincuencia económica y fiscal)” siempre le responden lo mismo.
“Te dicen: señoría yo, como inspector jefe, he dado cuenta al comisario y el comisario al delegado del Gobierno. Eso no puede ser”, ha añadido la titular hasta hace unas semanas del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ahora en excedencia.
La candidata de Unidas Podemos ha recordado que la propia Constitución recoge la posibilidad de crear una Policía Judicial que solo atienda órdenes de jueces y fiscales y remarca que en países como Italia tuvieron que dar ese paso para combatir la corrupción.
Rosell también ha reclamado que se actúe contra “las cloacas del Estado”, el nombre con el que Podemos se refiere a los funcionarios policiales que supuestamente realizaban informes falsos para desprestigiar a determinadas opciones políticas.
La candidata por Las Palmas ha enfatizado que ella misma sufrió su propia “trampa de las cloacas”, la que le obligó a renunciar a la política por una querella interpuesta por el exministro José Manuel Soria y por los informes que envió al Tribunal Supremo sobre su trabajo como magistrada el juez Salvador Alba, al que la Fiscalía exige ahora diez años de cárcel por maquinar en su contra.
“He pasado por momentos muy dolorosos y traumáticos. Le he dado la vuelta y por eso me presento”, ha añadido.