No fue un accidente que los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Granadilla votaran el sábado a favor del candidato de Coalición Canaria. Ni fue la reacción —a su entender siempre razonable- para evitar que una socialista, la que ganó las elecciones, se hiciera con el bastón de mando. El expediente abierto por el Partido Popular de Canarias a sus dos concejales en ese municipio revela que existía un acuerdo a tres bandas: Coalición Canaria, PP y Vox para que el alcalde de este importante municipio de 48.000 habitantes, donde se asienta el aeropuerto Tenerife Sur, el tristemente famoso puerto de Granadilla, una central térmica, otra de gas, la sede del Instituto Tecnológico de Canarias y el próximo circuito del motor de Tenerife, fuera de nuevo el nacionalista José Domingo Regalado.
Por eso, porque existía un pacto en Granadilla, Coalición Canaria ha hecho valer ante su socio, el PP, con el que pretende gobernar los próximos cuatro años la comunidad autónoma de Canarias, su derecho al cabreo, y el PP ha activado a su Comité de Derechos y Garantías para expedientar a los dos concejales díscolos hasta el punto de pedirle este martes al secretario del Ayuntamiento que los declare no adscritos, es decir, tránsfugas a todos los efectos, para que no se puedan acoger a los derechos que les pudieran corresponder, entre otros los de cobrar como miembros del gobierno municipal.
Emergen en Granadilla tres contradicciones, una del PP, otra de Coalición Canaria y la última, de Vox. La del PP, no por más cacareada menos lustrosa, de dejar gobernar a la fuerza más votada, en este caso el PSOE encabezado por Jennifer Miranda, que obtuvo un concejal más que CC. Además, a los efectos prácticos, le resulta más rentable políticamente compartir gobierno con un solo partido que hacerlo con dos porque, con CC y con Vox, a los dos concejales del PP le iban a corresponder la calderilla.
La segunda contradicción procede de Coalición Canaria, cuyo líder regional (o nacional, depende del momento y de los interlocutores), Fernando Clavijo, bramó contra cualquier tipo de pacto con los populismos (sic) de Vox y de Podemos. En Teguise ya ha quedado comprobado que se rebasó olímpicamente esa línea roja proclamada urbi et orbi por Clavijo. Olivia Duque, alcaldesa del municipio turístico más importante de Lanzarote, al que pertenece la isla de La Graciosa y donde se levanta la famosa residencia real de La Mareta, lo es gracias a los votos de su partido, CC, y la abstención del “compañero Ginés”, como así lo llama ella, de Vox.
La última contradicción, bueno es recordarla a pesar de las reiteraciones, es del partido de Santiago Abascal, al que probablemente le dé mucha pereza enviar a los territorios de ultramar a su rígido mediador de pactos, Jorge Buxadé, ni imponer a los suyos de aquí la doctrina contra la plurinacionalidad del territorio español y el anatema a los partidos que proclaman las mayores cotas de autogobierno, como hace Coalición Canaria martes y jueves. Y a veces los viernes también. Ahora Vox no solo hace alcaldes nacionalistas sino que se sienta en la cámara autonómica donde más consensos y unanimidades se han alcanzado en los últimos tiempos, entre otros asuntos, una ley trans que ha sido orgullo nacional.
Puede que a los dos concejales del PP de Granadilla que votaron a favor de la socialista Jennifer Miranda les hayan movido otras razones diferentes a la rentabilidad política de un reparto a dos. Puede que haya diferencias personales insalvables con el concejal Marcos González, que hasta el otro día era el portavoz municipal del PP y decidió, en el momento en el que la ola nacional de su antiguo partido parece imparable, pasarse a Coalición Canaria. Él hubiera estado dispuesto a apartarse, según dice ahora públicamente.