Cuando uno se pone a analizar los aspectos de este nuevo nivel 4 de restricciones sanitarias anti- COVID, que ha entrado en vigor este lunes en Canarias, las contradicciones que se encuentran son capaces de desconcertar e indignar a partes iguales a todo el mundo, empezando por el sector sanitario, que aprecia tan solo una pequeña tirita insuficiente para lo que se está viviendo.
Si entramos en materia, tomando como base las nuevas medidas aplicadas al nivel 4 a partir de este lunes, las contradicciones son múltiples y constantes si nos referimos a los apartados fundamentalmente de Hostelería y Restauración. En el punto 3.2 se sigue permitiendo un aforo del 75%, igual al que se puede alcanzar en nivel 2 con 6 comensales por mesa sin necesidad de presentar ningún tipo de documentación, que si bien podría ser suficiente si las terrazas estuvieran midiendo sus aforos y distancias en condiciones, la realidad indica todo lo contrario, en muchas de ellas rige una especie de ley de la selva en la que todo lo vale.
Otra de las medidas que llama la atención en este apartado es que en una terraza una persona pueda quedar con otras cinco a la vez, pero en cambio, tal cual aparece redactado a día de hoy en la Tabla Oficial de Medidas del Gobierno de Canarias, en el nivel 4 dice así: “Permanencia de grupo de personas tanto en ámbito público como privado, máximo dos personas salvo convivientes”.
En cuanto a la exigencia de que en el interior se presente el Pasaporte COVID únicamente a mayores de 18 años, entendiendo que dicha norma se marca porque con menos edad prácticamente no se ha comenzado a vacunar. Se deja en medio un vacío legal tremendamente preocupante como es el que se pueda dar lugar a que grupos de jóvenes entre 12 y 17 años se reúnan para ir a comer a interiores de establecimientos de su target como consumidores habituales, sin que nada ni nadie los controle al respecto, y tengamos claro que hablamos de uno de los grupos con mayor índice de contagio acumulado.
Para despejar dudas y no permitir la picaresca podría ser más aclaratorio y acertado especificar que los interiores de establecimientos de restauración serían únicamente para mayores de 18 años con certificado de vacunación completa, a los que podrían sumarse menores de esa edad, siempre acompañados por adultos.
Otro punto que llama poderosamente la atención es el referente a los centros comerciales, donde las dudas surgen en cuanto a cómo se catalogan las terrazas que se encuentran en el interior, es decir, en los pasillos de dichos centros. Si las mismas son catalogadas como interior, los empleados tendrán que chequear los pasaportes COVID de los clientes; pero ojo, a los menores de 18 años, público preferencial que busca en los centros comerciales su encuentro de ocio, se les permitiría ocupar dichas mesas sin necesidad de controlar esos requisitos.
Algo que llamó poderosamente la atención en las normas de este lunes concernientes al apartado de Hostelería y Restauración viene dispuesta ya no solo en el nivel 4, sino que también se aplica como novedad en el 3 y dice así: “Bufé y autoservicio en interiores, prohibido. Se permite al aire libre”. Si uno lo lee tal cual, lo primero que le viene a la mente es que los buffets de los hoteles tendrán que cerrar en los niveles 3 y 4 para trasladar sus comidas al exterior, cosa que es del todo imposible y aboca al cierre de los hoteles en pleno verano, con la campaña de los Bonos Consumo en auge.
En contacto directo con Sanidad, afirman que este apartado va dirigido únicamente para los buffets y autoservicios que no estén ubicados en hoteles, aeropuertos u hospitales, que son considerados todos como servicios esenciales como así han venido siendo desde un principio. Lo que sí queda claro es que con dicha norma, los pocos establecimientos generalistas que viven como buffet quedan abocados al cierre porque, o sacan su comida a la calle, o ya explicarán cómo se lleva a cabo esta norma.
Beatriz López-Valcárcel, integrante del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias durante la pandemia, en una entrevista en COPE Canarias, dijo que “solo en esta semana que acabamos de terminar, Canarias tuvo más contagios que los 6 primeros meses de la pandemia, desde marzo hasta octubre”. Esto debería llevar a la reflexión inmediata por parte de la Consejería de Turismo que lidera Yaiza Castilla a modificar el decreto ley que exonera a los residentes canarios a presentar el pasaporte COVID o PDI al llegar a un establecimiento alojativo de las islas.
No tiene sentido que el canario pueda entrar en el hotel sin este elemento de control porque después además va a utilizar los servicios del hotel en restauración, como son desayunos, almuerzos y cenas. Más que pedirle los pasaportes en dichos momentos, lo suyo sería controlarlo a la llegada, es una medida que debería haberse tomado hace tiempo y que ahora se convierte en imprescindible y obligatoria, es más, casi me atrevería a decir que para todos los niveles y no solo para los 3 y 4.
Y si entramos ya en cascada hacia abajo, no se termina de entender el porqué de estas medidas sacadas en nivel 4 no se aplican de manera inmediata en su gran mayoría para el nivel 3 también. Los resultados de Tenerife demuestran que el 3 no sirve absolutamente de nada a la hora de contener este incremento de casos. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, dijo textualmente hace unos días que “Gran Canaria y otras islas iban siguiendo los mismos caminos y números de Tenerife por lo que más pronto que tarde es posible que alcancen el nivel 4”, por lo que no se entiende esta confianza en no se sabe qué y no actuar de manera contundente cuanto antes.
Por último, en cuanto a las medidas algo que directamente contradice a lo que Julio Pérez anunció hace unos días refiriéndose a los test de antígenos en farmacias, “servirán para poder entrar en los restaurantes, sitios cerrados y todo aquellos lugares donde se exija el pasaporte COVID o PDI”. Pues bien, claramente y sin dudas, dichos tests finalmente no serán tomados en consideración para esta nueva vía que se abre lugar a partir de este lunes en las islas. En eso coincide plenamente con Galicia, la otra comunidad autónoma que desde el sábado está con los mismos requisitos que Canarias en cuanto a la utilización de los pasaportes sanitarios.
Está claro que el Gobierno se siente atado porque teme que cualquier medida que tome sea devuelta y lastrada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ante cualquier denuncia que eleve una asociación o persona a título individual. Estos días hemos visto todos por las redes sociales y seguramente a nivel particular cómo las discusiones entre los antivacunas y los que defendemos dicha medida sin ningún rubor suben de intensidad. Esa argumentación de que “la ley me ampara si no quiero vacunarme” o la protesta que considero insolidaria y fuera de lugar de los hosteleros que se niegan y ponen peros a pedir el Pasaporte Covid porque vulnera el derecho del cliente o les hace decir que ellos no son policías (cosa que sí serían para controlar que no les roben, se vayan sin pagar o dejar entrar a alguien que no cumpla las medidas mínimas de salud, aseo o edad de manera habitual) son del todo egoístas ante una situación que nos está llevando al precipicio de manera directa y descarnada.
Pero también se está fallando y mucho en el mensaje que se da desde el Gobierno de Canarias en estas últimas semanas o incluso diría meses al respecto. Un ejemplo de ello es la rueda de prensa de este pasado jueves donde resultó chocante que se antepusieran los presupuestos y posibles logros de Román Rodríguez o Yaiza Castilla a lo que de verdad estaba esperando la sociedad: una respuesta enérgica y contundente ya no solo del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, sino del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Victor Torres, al que hace ya demasiado tiempo se le echa de menos dirigiéndose a la sociedad canaria para hablar de la situación.
Curiosamente, y hasta diría que tristemente por haberse perdido la oportunidad para ello, el mensaje más directo lo dio el propio presidente a la mañana siguiente de dicha rueda de prensa: “Aquel que no se quiere vacunar y es negacionista no puede poner en riesgo la salud de esas personas que sí se quieren vacunar y son responsables; si alguien se niega a vacunarse no podrá entrar en los espacios de mayor ventilación que son los espacios cerrados. Por lo tanto estamos preservando un derecho individual mientras tomamos una medida sanitaria.” Lo de que este BOC se presente sin rueda de prensa para aclarar todas las dudas que la sociedad pueda tener al respecto y nos permita a los medios de comunicación hacer nuestro trabajo, ya si quieren lo hablamos otro día.