​No eran hechos aislados. Ni actos puntuales. Ni errores inevitables. Se trataba de todo un sistema montado y casi perfectamente estructurado, de una manera de entender la política, gobernar y hacer negocios. En Arona se ha mimetizado perfectamente y a la vez ha crecido con sus peculiaridades el modelo de corrupción que se localiza en otros puntos de la geografía nacional. Como por ejemplo, Maspalomas. Otro municipio sureño, el de San Bartolomé de Tirajana, basado en el turismo y sobre el que durante décadas ha caído como una losa el peso de la degradación política. O más recientemente Marbella, con la que Arona parece guardar más de un desafortunado parecido.
La irrupción brutal de la actividad turística y la avalancha de dinero fácil, en un lugar con economía tercermundista y personas sin preparación, supuso una riada que acabó llevándose por delante ética, principios y costumbres.
La avalancha arrasó también con las mínimas normas de funcionamiento de lo que se denomina democracia, y que al final se convirtió en algo así como la casa que busca el borracho. Sabe que tiene una pero no recuerda muy bien dónde. Las sospechas en Arona apuntan a que hasta nuestros días la impunidad y la complicidad han sido la forma habitual de funcionamiento. Cuando empezó a actuar la oposición y la Justicia tomó cartas en el asunto se encontraron con una especie de Ayuntamiento en negro. Una imagen distorsionada de la realidad como los espejos de Valle-Inclán. La explosión en 2007 del caso Arona no fue casual. La Fiscalía Anticorrupción estaba en aquel entonces a pleno funcionamiento, apoyada por el ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, que en poco tiempo comenzó a destapar cloacas por toda España. En Tenerife, por ejemplo, Las Teresitas o el caso Arona en el sur que aún siguen su curso, pese a los mil y un anuncios de que se iban a quedar en nada.
En la cúspide de todas las sospechas y las imputaciones se mantiene inalterable. Llegó al puesto en 2003 y se le considera responsable de haber montado desde el principio una especie de gobierno paralelo que se dedicó de forma incansable a conceder favores y captar votos. Para ello recurrió al axioma maquiavélico de que el fin justifica los medios. Sólo que en este caso el fin no era otro que perpetuarse en el poder y entender el interés general como la suma de favores medievales arbitrariamente concedidos. En ese mandato saltó el caso Arona 1, justo en el mes de marzo de 2007, y precisamente cuando la Isla seguía sacudida por el estallido de la trama de Las Teresitas.
La Fiscalía se querelló contra Berto y su junta de gobierno al completo por supuesta prevaricación continuada y delitos contra la ordenación del territorio. En la base de esa denuncia estaba la concesión de más de doscientas licencias urbanísticas con los informes jurídicos en contra y advertencias de la Secretaría General de que se estaba incurriendo en posibles responsabilidades penales. Una especie de musiquilla que los gobernantes oyeron de lejos pero a la que no prestaron demasiada importancia. El titular del Juzgado número dos de Arona, Nelson Frías, no tuvo ningún reparo en recoger en su escrito de 2011 que todos los concejales imputados “votaron sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para la ejecución de obras, reformado, demolición, nueva construcción, prórroga de licencias o concesión de las mismas”, pese a los informes desfavorables de los juristas de Urbanismo y de la Secretaría municipal. Todo ello ha dado lugar a que en la actualidad puedan existir alrededor de 3.000 viviendas cuya legalidad es más que cuestionable.
Algunos dudan de que realmente las cosas hayan cambiado: en 2012 se aprobó una partida de 15 millones de euros con reparos de Intervención
La otra parte de la querella está compuesta por casi un centenar de obras adjudicadas supuestamente a dedo, siempre a las mismas empresas, sin expediente, sin proyecto o todo a la vez. El límite legal para adjudicarlas de forma directa es de 30.000 euros, pero sin embargo en el escrito del juez constan obras por valor de más de un millón. La estrategia pasaba por fraccionar el presupuesto en cuantos contratos de 29.999 euros hiciera falta hasta sumar el total. Entre las actuaciones que entran en este grupo está la ejecución de una galería de tiro, plantas de asfaltado, parques infantiles, centros deportivos, en una lista inacabable en la que se repiten sospechosamente los mismos nombres: Félix Quemada Sierra, Construcciones Ferralla o Pepe de La Rosa, entre otros pocos.
Al alcalde también se le consideró responsable de haber hecho de intermediario ante la consejera de Planificación del Cabildo, María del Pino León, para legalizar la vivienda de Manuel Reverón, primo suyo y entonces concejal de Seguridad Ciudadana, sobre la que pesaba una orden de demolición y una multa de 150.000 euros. Berto consiguió que se cambiara el Plan Insular para beneficiar a su pariente, tal y como se demostró a través de las llamadas telefónicas interceptadas. Otro tanto hizo con Carlos Enrique Morales Plasencia, familiar suyo, al que intentó que se le otorgara una plaza de la Cámara de Comercio. Pero en realidad las pruebas que se lograron reunir de personas y entidades a las que el alcalde buscaba favorecer saltándose los mecanismos administrativos establecidos son casi inacabables. Berto siempre ha defendido su inocencia y parafraseando una de las citas favoritas del exacalde de Santa Cruz Miguel Zerolo dijo que podía “haber metido la pata pero no la mano”. Al igual que el hoy senador por la Comunidad Autónoma, Berto atribuía el proceso judicial al que estaba siendo sometido a las oscuras maniobras de rojos escondidos tras las siglas de PSOE.
Protesta contra la corrupción en Arona.
En diciembre de 2007 un empresario presentó pruebas en el juzgado de que le habían exigido 300.000 euros de comisión para otorgarle la licencia de un complejo residencial en Costa Silencio, y que como no pasó por el aro el proyecto resultó inviable. Todo ello mientras en las parcelas contiguas a la suya otros promotores fabricaban sin problemas. El juez declaró secreto de sumario y metió entre rejas a dos técnicos de Urbanismo, Eliseo de La Rosa y Roberto Luis, y a Zenón Rodríguez Neri, en este último caso por haber actuado supuestamente como intermediario. A partir de aquí el magistrado ordenó que fueran intervenidos los teléfonos de todos los sospechosos. Cuando se levantó el secreto sumarial, en 2009, las imputaciones se habían multiplicado en progresión geométrica. Berto sumó varias más por supuesto tráfico de influencias, un exedil de Urbanismo por cohecho y otro por malversación de caudales públicos. A través de dichas escuchas surgieron también nuevas imputaciones de políticos, particulares, un cabo de la Guardia Civil, una jefa de Policía Local, directivos y un técnico de la Cámara de Comercio tinerfeña.
De pronto habían saltado por los aires las inmunidades y salía a la luz un entramado en el que pocos escapaban a las sospechas. Uno de los concejales investigados fue Félix Sierra, responsable de Urbanismo desde 1999 a 2003, período en el que se detectó un incremento inusual de su patrimonio y que las investigaciones determinaron que podía provenir del cobro de comisiones ilegales. Pero en realidad lo que salió a flote, más allá de responsabilidades personales, fue todo un entramado establecido por el que debían pasar empresas y particulares. Si bailaban al ritmo que se marcaba desde el grupo de gobierno resultaban favorecidos y si no caían irremediablemente en desgracia.
La Audiencia Provincial ha abierto el procedimiento que concluirá en el juicio oral
En 2006, los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa tuvieron acceso a las actas de la Comisión de Gobierno y descubrieron que de forma sistemática se concedieron 205 licencias ilegales y se adjudicaron 79 obras a dedo. Sin embargo, la lista se amplía porque incluso después de presentarse las primeras denuncias se siguió repitiendo la misma forma de operar. Del resultado de toda la investigación a los abogados le llama la atención dos hechos que consideran especialmente graves: por ejemplo, que mientras en el complejo turístico Mare Nostrum Resort se estaban realizando obras ilegales por las que el Ayuntamiento dejaba de percibir 3 millones de euros en tasas, a cambio se le permitía al exalcalde que utilizara habitaciones del establecimiento para su disfrute particular. O las conversaciones entre Berto y la consejera del Cabildo para intentar legalizar la casa de su primo. En estos momentos se está a la espera de que la Audiencia Provincial abra el procedimiento que concluya en el juicio oral, de manera que la Fiscalía podrá presentar entonces su escrito de acusaciones. “Este era un Ayuntamiento en el que de forma sistemática y deliberada se concedían licencias fuera de la legalidad. Por lo tanto, hablamos de una Corporación situada fuera del Estado de Derecho”, dice Campos.
A parte existe el llamado Caso Arona 2, que estudia todo lo relacionado con la aprobación de un Plan General y que según el abogado, “está virtualmente muerto”. Hace poco una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abría la puerta a la anulación de casi la mitad de todo el suelo del municipio que se corresponde con aquellas parcelas de uso turístico. Otro fallo en El Rosario también determinaría la necesidad de que se cuente con un Estudio Ambiental Estratégico (EAE), motivo por el cual se dejó sin efecto el PGO del municipio gobernado por Macario Benítez y que podría aplicarse también en Arona.
Felipe Campos y Antonio Espinosa.
Campos considera que el anterior viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Pulido, y actual asesor de la Consejería de Política Territorial, se ha convertido en “una pieza clave” en este entramado, al interceptarse una llamada en la que intentaba supuestamente que se favoreciera a una empresa concreta. “Su intervención en Arona fue fundamental”, apunta el abogado. La participación de ambos letrados ha dado lugar a que la trama se haya ido esclareciendo, a pesar de que se tuvieron que enfrentar a todo tipo de amenazas y maniobras en la oscuridad. Por ejemplo, el incendio de su anterior despacho. En la actualidad el exalcalde ha sido inhabilitado durante cuatro años y medio, pero curiosamente por un caso menor como es haber sido considerado responsable de dos enchufes de personal laboral.
El calvario de Rojas y la mutación de Blancahari
Por supuesto para controlar el poder hay un factor que siempre se debe tener muy en cuenta: los medios de comunicación. En Arona se ha hecho un uso más que evidente de la partida dedicada a publicidad institucional que suma año tras año varios millones. Con esta cantidad se logró amordazar a la mayoría de los medios a lo largo del tiempo. Pero nada se puede mantener oculto eternamente y hubo dos periodistas que se salieron inesperadamente del guión. Sus nombres son Félix Rojas y Blanca Salazar.
Ambos han pagado de una manera u otra su integridad frente a unos informadores adocenados que optaron por mirar para otro lado o sacar partido de la situación. Rojas fue el primero en atisbar la trama que se había tejido en el municipio. Fue en el año 1999 cuando trabajaba en el Diario de Avisos y ocurrió a raíz de unas denuncias vecinales por las molestias que ocasionaba la discoteca Nooctúa. De esta manera se descubrió que las licencias y permisos habían sido concedidos de forma sospechosa.
Luego como redactor de La Opinión de Tenerife, Rojas comienza a publicar una serie de reportajes e incluso el medio de comunicación llegó a querellarse por supuesta corrupción contra algunos de los implicados en la trama. Un hito en la historia del periodismo.
El PSOE no paró de acumular datos y presentó una denuncia en 2001 que se quedó en nada, por hechos parecidos a los que luego sí fueron tramitados por los tribunales. “Así que lo que comenzó como la denuncia de unos vecinos por los ruidos de una discoteca acabó haciendo que saliera a la luz todo un entramado corrupto mucho más intenso y profundo, en el que no escapaba nadie”, dice el periodista. Por ejemplo, entre los imputados está el exconsejero socialista del Cabildo José Luis Delgado, al que se le intervino una conversación telefónica, al parecer, intentando amañar un concurso.
El periodista indica que después de años de informar, la conclusión que saca es tan simple como contundente: “Lo que ha ocurrido en Arona es una réplica del caso Malaya pero en el sur de Tenerife. Un vademécum, el manual de estilo y el ABC de la corrupción”. Su trabajo fue, sobre todo al principio, “un auténtico calvario, muy dificultoso, muy duro porque estaba solo y además me tuve que enfrentar a varias demandas judiciales. Pero al menos conseguí que lo que se intentó vender como un disparate del loco de Félix Rojas, fuera asumido como un caso de corrupción en toda regla”. Especialmente difícil resultó sacar a la luz las informaciones iniciales en el Diario de Avisos, donde se encontró ciertas reticencias a publicar determinados asuntos. La explicación quedó en evidencia cuando se levantó el secreto de sumario.
Llamativo ha resultado el caso de Blanca Salazar, que se ha autodefinido a sí misma como Blancahari, autora de un blog que recibe cada día una media de tres mil visitas. Por encima incluso de las que se registran en las ediciones digitales de los periódicos establecidos en el Sur de Tenerife.
Esta periodista también ha vivido en sus propias carnes las consecuencias de no dejarse doblegar y llegar hasta las últimas consecuencias en su lucha por esclarecer lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Nació en Arona y por lo tanto desde pequeña había contemplado como algo casi natural la forma de gobernar de este municipio. “Aquí había un poco de todo: mafias, negocios turbios con el ocio o la multipropiedad, favoritismos y amiguismos y populismo puro y duro”.
Pero nada de esto salía a la luz porque los medios de comunicación estaban muy controlados y la oposición bailaba al ritmo que le marcaba el grupo de gobierno o directamente se subía al carro de los negocios turbios. Pero a partir del año 2000 algo comenzó a cambiar en Arona hasta el punto de que en la actualidad considera que el esfuerzo llevado a cabo durante todo este tiempo ha dado ya parte de sus frutos. “Nos encontramos con un municipio en B en el que nada se denunciaba porque todo estaba sumido en las complicidades”.
Salazar trabajó durante un año en el Gabinete de Prensa de Reverón pero finalmente decidió abandonar el cargo al contemplar aterrada lo que estaba ocurriendo. En 2007 fue contratada por el periódico La Opinión de Tenerife, cuyo director, Francisco Pomares, le encargó la tarea de sacar a la luz lo que pasaba en Arona.
Así lo hizo de forma impecable durante tres años hasta que en 2010 el grupo Editorial Prensa Ibérica dio un súbito golpe de timón y decidió cerrar la delegación en el sur. Curiosamente, a partir de ese momento el Ayuntamiento comenzó a financiar con 2.100 euros al mes a un medio de comunicación al que hasta entonces había vetado.
Los anteriores intentos para despedirla se habían encontrado con la negativa de los directores, Pomares y Carmen Ruano. Sin embargo, en 2010 muchas cosas habían cambiado en este periódico señero hasta entonces en la lucha contra la corrupción en la Isla. En el mismo momento de su despido nació Blancahari, que se convirtió a la vez en su alter ego y en la visión caricaturizada de lo que le criticaban sus propios enemigos.
“Decidí que me iba a reír de todo, incluida de mi misma y que me pondría a la altura de lo que me estaban acusando; como de haber mordido la mano que me dio de comer, de estar secretamente enamorada de Berto, de manejar información que había recabado cuando estaba en el gabinete de prensa, de hacer de espía o de no tener ninguna credibilidad. Curiosamente este personaje irónico y sarcástico les ha hecho todavía más daño que las informaciones periodísticas”, dice.
Tal vez por ello, hace un año fue objeto de la presentación de una querella por parte del grupo de gobierno cuyo contenido califica “de risa”. Otro informador que vivió en carnes propias el clima siniestro que se respiraba en el sur fue José Antonio Medina, de El Día, que llegó a ser amenazado de muerte y que en la actualidad trabaja en la redacción de Santa Cruz. Todos ellos son ejemplos, por desgracia inusuales, de periodistas comprometidos.
José Antonio Reverón, el concejal que se salió de la fila
Si importante ha sido la participación de abogados y periodistas a la hora de sacar a la luz la trama de Arona, igual o más fundamental aún fue contar con políticos que se salieron de la fila que hasta entonces formaban los concejales que le reían las gracias al poder. Entre ellos está José Antonio Reverón, quien se presentó en 2003 por el Partido Socialista Canario-PSOE y que en la actualidad ostenta el mismo cargo pero por la Plataforma Ciudadanos por Arona.
Con modestia, indica que lo único que intentó desde un principio fue “hacer una oposición responsable y cambiar el funcionamiento de muchas cosas. Los hechos nos han demostrado que efectivamente la corrupción tiene unas consecuencias y un precio que se paga con los años”. Reverón ironiza diciendo que hasta que ellos llegaron se apostaba por una oposición constructiva que al final no era otra cosa que “un apoyo a los constructores”.
Reverón considera que los gobernantes en vez de pensar en el interés general optaban por incurrir en irregularidades como conceder licencias de forma ilegal con informes desfavorables y otorgar contratos a dedo. Pero el concejal no cree que se pueda hablar de hechos del pasado. Para demostrarlo indica que en los presupuestos de 2012 se incluyó una partida de más de 15 millones de euros con informes negativos de Intervención. “Eso te da mucho que pensar y te surgen dudas de que las cosas en realidad hayan mejorado o cambiado”. A Reverón lo que estaba ocurriendo tampoco le cogió por sorpresa ya que es funcionario del Ayuntamiento y por lo tanto sabía cómo caminaba la administración sureña.
José Antonio Reverón.
“Conocía una parte que era la funcionarial pero luego descubrí la política y a partir de ahí averigüé mucho e investigué mucho. Mi conclusión es que la democracia real, por lo menos a los ayuntamientos, no ha llegado”. En 2003 el PSOE contrató a los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa simplemente para se les reconociera el derecho a acceder a la información municipal.
Las desavenencias con la cúpula del PSOE comenzaron a ser constantes en cuanto acudieron a los tribunales para denunciar los casos de corrupción. Abandonó las filas socialistas y creó Plataforma Ciudadanos por Arona, con la que revalidó el acta de concejal. Como conclusión apunta que toda esa lucha ha empezado a dar sus frutos. Por ejemplo, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la ordenación del suelo turístico, casi la mitad de todo el municipio. “Aquí ocurrían cosas tan increíbles como que parcelas turísticas se convertían en residenciales de un día para otro, lo que no es lógico en un municipio que se mueve gracias al turismo. El futuro de Arona se ha estrangulado por decisiones como éstas”.
En sus carnes ha sufrido también las consecuencias de enfrentarse a la cara menos amable del poder. “Pero todo es saberlo llevar. Cuando estás convencido de lo que haces, de nada valen las presiones, que han sido las típicas y que con el tiempo casi te hacen reír. Recibí durante tres o cuatro meses continuas llamadas telefónicas con amenazas que llegamos a denunciar, luego le quemaron el despacho a nuestros abogados? ha habido un poco de todo”.
A la pregunta de si cree que tanta lucha ha merecido la pena responde con modestia pero también con contundencia de forma afirmativa. “Lo incuestionable es que todo esto es un fenómeno que al principio parecía que se limitaba sólo a Arona pero que luego se ha visto que existe en todo el país. Creo que en realidad hay mucha corrupción. No son casos aislados, es toda una forma de gobernar y de hacer política. Mucho tiene que cambiar incluso en los partidos políticos, porque hay gente muy válida que ha tenido que abandonarlos. No quiero generalizar, pero creo que vivimos en una etapa de mediocridad en todos los aspectos”. En octubre de 2011 participó y organizó la manifestación en contra de la corrupción en Arona que reunió alrededor de trescientas personas.
En cuanto a la cobertura informativa que se ha ofrecido durante años del sur, el concejal indica que ha vivido los efectos de la genérica y muy abultada partida denominada pomposamente de publicidad y comunicación “que refleja perfectamente lo que ha sido el periodismo en el sur”. Excepto, eso sí, casos aislados como Félix Rojas o Blanca Salazar con los que ha existido una complicidad absoluta. De resto, “sólo hemos visto casi siempre vetos, comunicados del grupo de gobierno que no cuentan nada y nuestras notas que, o no salen, o se publican recortadas. Pero siempre hay medios y periodistas que luchan porque esto cambie”.