El verano ha llegado a Canarias y hasta el momento ha traído consigo una serie de olas de calor casi contiguas acompañadas de calima. La última de éstas hizo que el pasado 16 de julio la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevara a extremo el riesgo de incendio forestal en buena parte de las islas, especialmente las que se encuentran situadas en la provincia occidental.
Los conatos no se han hecho esperar y el Archipiélago ya ha registrado los primeros incidentes, como el acaecido recientemente en la zona alta de Los Campitos, en Santa Cruz de Tenerife o en un barranco de Telde, en Gran Canaria, que calcinaron varias hectáreas de rastrojos, cañaveral y brezo. Sin embargo, se trata de una serie de eventualidades y sustos que poco tienen que ver con lo sucedido por estas mismas fechas del 2012 en La Palma, Tenerife y La Gomera.
Según los datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los siniestros registrados en Canarias desde el 1 de enero hasta el 7 julio del presente año tan solo suponen un 1,3% del total de la superficie nacional afectada.
“Los Grandes Incendios Forestales se han hecho más frecuentes en el Archipiélago durante las dos últimas décadas”
Uno de los principales inconvenientes que sufren las Islas a la hora de combatir un incendio es su orografía accidentada y el fuerte viento que sopla en algunos de estos puntos, que hace que las llamas se extiendan con mayor rapidez. Los cabildos son los responsables de llevar a cabo las tareas de prevención durante todo el año y dar sentido a la conocida frase de que “los incendios se apagan en invierno”.
Sin embargo, varios colectivos ecologistas advirtieron hace escasos meses que los montes canarios no se encontraban preparados para la temporada de verano, debido a la unión de dos factores: la disminución de las partidas públicas destinadas a la limpieza de los campos y las lluvias registradas durante las anteriores estaciones, que han hecho proliferar las hierbas de monte bajo, que sirven de combustible para las llamas.
A esto se suma la advertencia del gerente de la Fundación Canaria para la Reforestación (Foresta), Sergio Armas, que manifiesta que “el gran problema de este Archipiélago” en materia de prevención se encuentra en los terrenos privados que no se cuidan o han sido abandonados, en donde los cabildos no pueden actuar directamente, sin el consentimiento del propietario. Armas explica que en las islas el 75% del territorio es privado, una cifra que en Gran Canaria asciende al 85% y en Tenerife al 70. Las administraciones recomiendan a los dueños de espacios ubicados en terrenos rurales que limpien la vegetación de unos 15 metros alrededor de sus casas, lo que podría hacer que las llamas se frenasen y no arrasaran las viviendas.
Incendios de quinta generación
La Asociación de Forestales de España en Canarias (Profor) advierte de que los bosques están inmersos en diferentes procesos que los enfrentan a “graves riesgos de desertificación” y señalan que los serios cambios en el régimen de lluvias y en las temperaturas han propiciado que los incendios forestales dejen de seguir una dinámica de “fuegos fríos”, para convertirse en grandes focos de destrucción.
Al respecto se pronuncia la asociación Ben Magec-Ecologistas en Acción, que indica que desde hace dos décadas Canarias ha entrado en una nueva etapa en la que se han vuelto más frecuentes los Grandes Incendios Forestales (GIF), que se encuentran fuera de control y una tienen capacidad destructiva mucho mayor que los que se producían en tiempos pasados.
El ingeniero técnico forestal y analista de incendios de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria Diego Díaz indica que hay seis unidades expertas denominadas 'presas' que organizan durante el año quemas prescritas en una serie de puntos estratégicos para dividir la Isla en caso de que se origine un gran peligro y crear oportunidades para combatir el fuego.
Los 'presas' son los primeros en salir al ruedo desde que las llaman pierden el control, sin embargo, Díaz señala que se encuentran especializados en incendios de tercera generación (gran amplitud en territorio abierto), pero los originados en las Islas en los últimos años son considerados de quinta generación, es decir, registrados en el campo y varias poblaciones rurales a la vez y que se extienden con brasas voladoras “imparables”. “El fuego actúa de diferente forma en los montes que en una casa rural”, explica en referencia a la especialización de los bomberos.
Solo seis de los incendios registrados en Canarias en la última década han quemado el 90% de la superficie forestal“
Los datos publicados por la asociación ecologista en su página web refuerzan las declaraciones de Díaz, ya que asegura que sólo seis de los incendios registrados en Canarias en la última década han quemado el 90% de la superficie forestal afectada. Es decir, unas 44.700 de las casi 50.000 que ardieron en total. Además, señala que los GIF han aumentado su frecuencia, llegado a producirse varios en el mismo año, como sucedió en 2007, cuando quedaron afectadas más de 35.750 hectáreas de superficie en Tenerife y Gran Canaria. En 2012 se produjeron cuatro de estos grandes incendios al mismo tiempo, dos en La Palma, uno en Tenerife y otro en La Gomera, en los que se calcinaron unas 12.100 hectáreas que contenían un ecosistema de alto valor, como la laurisilva del Parque Nacional del Garajonay.
Nuevo hidroavión
La actuación de las administraciones a la hora de hacer frente a las llamas ha sido motivo de crítica por parte de diversos colectivos a lo largo de los años. Es el caso de la asociación La Gomera se Mueve, que el pasado febrero presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de San Sebastián de La Gomera para que investigue si los responsables técnicos y políticos encargados de la extinción durante el pasado verano pueden ser culpables de los delitos de prevaricación, incendio forestal y estragos.
Desde la asociación manifestaron que durante los 88 días que duró el incendio, desde que se originó hasta que se dio por extinguido, se cometieron una serie de “negligencias”, como la bajada de nivel de emergencia a pesar de que el fuego aún no estaba controlado y de encontrarse anunciada una ola de calor.
Para evitar retrasos en la actuación y hacer frente a los posibles incidentes que puedan surgir durante la época estival, las administraciones competentes han activado sus respectivas campañas de prevención y extinción. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, indicó que el Gobierno central destina a la presente campaña 130 millones de euros, 27 más que en 2012, además de un nuevo avión anfibio a las Islas, que era demandado por la Administración autonómica.
Cañete señaló, en declaraciones recogidas por Efe, que la decisión de situar el AT-802FireBoss con capacidad de 3.100 litros en La Gomera se debía a que en Canarias “se complica el tema mucho más” porque no es un problema de competencia autonómica, sino de los cabildos, “y entramos en un subnivel que añade más dificultad al proceso de extinción”.
El nuevo avión llegó a la isla el primer día de julio y tiene su base en el aeropuerto gomero durante los tres próximos meses. Al acto de presentación acudió la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento, que quiso dejar claro de que se trata de un hidroavión “nuevo y no jubilado como se ha intentado vender como un maltrato a Canarias”. Aunque la consejera de Desarrollo del Territorio del Cabildo de La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, considera positiva la instalación de la aeronave, afirma que hubiera sido más efectivo un helicóptero debido a la orografía de la Isla, al ser éstos más efectivos para apagar los conatos.
Recursos compartidos
El director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Santana, afirmó que Canarias dispondrá este verano de los mismos dispositivos y efectivos que en 2012 y en 2011, lo que desde la Consejería aseguran que constituye una “buena respuesta”. Ésta consiste en cinco helicópteros distribuidos por las islas, el personal de Parques Nacionales y la coordinación operativa del Cecoes 1-1-2. Además de los medios que la Administración española asigna al Plan de Riesgos contra Incendios Forestales (Infoca), consistentes en un helicóptero Kamov con base en Los Rodeos, Tenerife, dos unidades helitransportadas BRIF con base en La Palma, las Unidades Militares de Emergencia (UME) y el nuevo hidroavión de La Gomera.
A esto hay que sumar los medios con los que cuentan los cabildos para hacer frente a la temporada. La Corporación grancanaria dispone de 232 efectivos, 22 más que el año pasado; dos helicópteros; equipos helitransportados de “presas” con base en Artenara y 10 brigadas terrestres apoyadas por vehículos de transporte y 10 autobombas, entre otros. Además, destaca la nueva creación de cinco patrullas que cubrirán gran parte de la zona norte y contarán con vehículos ligeros con capacidad de cuatro litros de agua.
Un total de 309 efectivos constituyen el operativo Brifor de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en Tenerife, de los que 48 pertenecen al área de Coordinación y Vigilancia, 261 a Extinción, 97 a personal de Medio Ambiente y el resto a Apoyo. El Cabildo tinerfeño cuenta con recursos, como un helicóptero Sokol con base en La Guancha, 15 vehículos disuasorios con capacidad para 300-600 litros, 3 nodrizas y 10 autobombas.
El dispositivo palmero se encuentra integrado por más de 200 personas, según recoge LA PALMA AHORA, al contar con un presupuesto que ha sido reducido en 120.000 euros con respecto al año anterior. La Isla cuenta con el personal del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, los membros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dos helicópteros BRIF y otro del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno regional con base permanente en Mazo.
“Un total de 309 efectivos constituyen el operativo Brifor de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en Tenerife”
El operativo de La Gomera está constituido por 133 personas, de los que 38 pertenecen a personal propio del Cabildo, 51 son incorporados por Tragsa y 42 trabajan en el Parque Nacional del Garajonay. La consejera Rodríguez Herrera señala una disminución de dicho personal con respecto al año anterior y asegura que se debe al recorte sufrido en los parques nacionales. En este punto, afirma que desde la administración insular el operativo “se refuerza con tres técnicos”, lo que supone un aumento presupuestario del 15% respecto al 2012. Además, tienen base en la Isla el nuevo hidroavión, varios camiones nodriza y vehículos disuasorios, entre otros.
Unas 90 personas componen el dispositivo activado por la Administración herreña, una plantilla que según explica el concejal de Medio Natural, Michel Ángel Acosta, registra un aumento si se compara con el 2012, debido a la celebración de la Bajada de la Virgen de los Reyes, cuyas fiestas comienzan el 6 de julio y concluyen el 3 de agosto. El Hierro ha procedido al cierre de pistas forestales y fogones y tiene un helicóptero del GES ubicado en Frontera, además de varios camiones y cubas de agua.
Al ser las islas con menos masa forestal, Lanzarote y Fuerteventura mantienen activados durante todo el año los protocolos de actuación frente a posibles incendios y estipulan una serie de previsiones y planes en caso de que se produzcan este tipo de fuegos, que desde la administración majorera indican que son cubiertos por los equipos de bomberos municipales, protección civil y voluntariado.
El Gobierno de Canarias y los cabildos definieron el pasado mayo los recursos que compartirán a partir de que el nivel de peligrosidad alcance el 0B, que se establece cuando el fuego no puede ser controlado con los medios de a propia Isla. En ese sentido, la Institución tinerfeña cederá un técnico forestal, un agente de Medio Ambiente, dos brigadas forestales (de ocho personas cada una), dos autobombas de 3.500 litros y dos vehículos disuasorios con capacidad de 500 litros. Por su parte, Gran Canaria facilitará una brigada helitransportada, un técnico, un agente de medio ambiente, una brigada forestal y una autobomba. El Cabildo de La Palma pone a disposición una brigada forestal, un agente de Medio ambiente y un técnico. El Hierro dispone para su actuación en otras islas de una brigada forestal, al igual que La Gomera, a la espera que su Cabildo confirme esta posibilidad, como el año pasado, señala la Administración regional.
Recuerdo latente
Las miles de hectáreas de vegetación que sucumbieron presas de las llamas originadas el año pasado en La Palma, Tenerife y alcanzaron el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, siguen su periplo de recuperación. Sin embargo, las cicatrices son profundas y en algunos casos tardarán hasta un siglo en curar.
El director del Parque, Ángel Fernández, lamenta que el Garajonay “ha sufrido muchísimo” tras lo que califica como “el incendio que mayor daño ha causado en las últimas décadas en Canarias”, debido a que el fuego calcinó el 20% de la superficie total, donde se asentaban espacios de monte verde que “se recuperan mucho peor que un pinar”.
Fernández señala su preocupación, porque la recuperación de las zonas que resultaron afectadas “era muy baja hasta hace poco”. Por otro lado, se muestra optimista, ya que en los últimos meses “ha habido un rebrote muy importante que ahora mismo podemos estimar en torno al 50%”.
A falta de un balance definitivo, que prevé se pueda elaborar a final de año, el director afirma que el crecimiento de la flora y los arbustos está siendo “relativamente bueno” y aunque hay especies raras que se han perdido, añade que “afortunadamente teníamos semillas y podremos reconstruir en todos los casos”.
Sin embargo, en algunos elementos, como los helechos la recuperación es menor y los suelos siguen frágiles, por lo que Fernández se mantiene a expensas de las próximas lluvias, que podrían afectar a la erosión. La regeneración del arbolado se ha producido de forma tardía, por lo que estipula la recuperación de los bosques jóvenes en unos 30 años y la de los más antiguos, en más de 100.
En caso de que el rebrote continúe al 50%, advierte de la necesidad de llevar a cabo repoblaciones, para lo que “necesitaríamos una financiación adicional muy importante para los próximos cinco o seis años”.
Parques Nacionales
Varios representantes de la comunidad científica denunciaron a finales del año pasado los recortes que el Gobierno de Canarias planeaba aplicar en el presupuesto del presente ejercicio, donde reducía drásticamente la inversión en los cuatro Parques Nacionales de las Islas: La Caldera de Taburiente (La Palma); Garajonay (La Gomera); Teide (Tenerife); Timanfaya (Lanzarote). Asimismo, reivindicaron que la reducción en la financiación se había convertido en la “tónica general” desde que éstos fueron transferidos a la Administración regional en enero de 2010.
Estos recortes escandalizaron a la confederación estatal de Ecologistas en Acción, entidad a la que pertenece Ben Magec, que alertó de que en el área de incendios el presupuesto era “tan exiguo” que no se podrían mantener las cuadrillas de prevención. Una advertencia que, según explicó recientemente el representante del colectivo ecologista en La Gomera, Jonay Izquierdo, se tradujo en la reducción del 50% de los dispositivos de estos Parques.
En una carta publicada por diversos medios de comunicación a principios del presente mes, el consejero del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Tenerife, Antonio Alarcó, se refirió a la “rebaja ya consumada de más de tres millones de euros del Ejecutivo regional a la prevención de incendios y desertificación en los parques nacionales canarios”, lo que a su juicio “supone una enorme contradicción y genera inseguridad en la ciudadanía en un momento en que toda nuestra atención debe estar centrada en evitar tragedias como las del pasado año”.
La llama de 2007 sigue prendida
El mal cuerpo de muchos sigue tras los reveses ocasionados por los incendios del año 2007. El juicio contra el autor confeso de los mismos sigue sin celebrarse, mientras los conflictos judiciales y administrativos con los afectados aumentan cada día.
La Plataforma Más Nunca ha denunciado “la actitud mezquina y vergonzosa que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias, hace ya algunos meses, con las víctimas y afectados del incendio de 2007”. Según esta asociación, “lo que parecían simples reclamaciones de documentación (facturas, justificantes y certificados) se fueron convirtiendo en anuncios de ejecuciones de embargos, si los afectados no procedían con la demanda de devolución practicada por el Gobierno de Canarias”, destaca esta asociación de afectados a través de un comunicado.
Recordemos que allá por el año 2007 el Gobierno de la Comunidad Autónoma, así como el Gobierno del Estado aprobaron el Decreto Ley 326/2007 en el que se establecían una serie de requisitos para acogerse a las ayudas extraordinarias destinadas a subsanar los daños y pérdidas sufridos por los damnificados. A raíz de este decreto, se concedieron 1.154 expedientes en las cuatro islas afectadas (Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera), que se traducen en más de 6 millones de euros financiados por los presupuestos del Gobierno de Canarias.
Pedro Tomás Pino, Director General de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Canarias, ha explicado a CANARIAS AHORA que las ayudas estaban destinadas específicamente a un fin concreto, no eran a fondo perdido. El problema viene porque “no toda la ayuda se ejecutó específicamente para aquellas actuaciones que fueron previstas”. Muchos vecinos las destinaron para otros fines que no habían sido recogidos en la declaración de daños, por lo que en la investigación pericial se detectaron algunas irregularidades en el uso de dichos fondos, dando lugar a las posteriores órdenes de devolución del dinero que no se destinó exactamente a lo estipulado.
Por otra parte, el abogado de la asociación Más Nunca, Víctor Martínez, mantiene que “el 90% de las ayudas fueron empleadas para lo que estaban destinadas. La mayoría sí lo repusieron, pero algunos en vez de cinco aguacateros pusieron cinco naranjeros”.
El caso, en resumidas cuentas, obedece al conflicto intrínseco del funcionamiento burocrático de los Estados que viene ocurriendo desde los tiempos de la Revolución Francesa, que establece el principio de racionalidad y centralización administrativa con el objetivo de alcanzar mayor autonomía frente a la aristocracia feudal: “La interpretación de la ley no puede ser subjetiva”, declaró Pedro Tomás Pino.
La asociación destaca que muchos de los afectados ya han procedido a la devolución de los importes exigidos, “no sin manifestar la indignación total de un Gobierno que casi nos criminaliza de una catástrofe de la que nosotros no somos los responsables”.