El ‘caso Canódromo’: David contra Goliat

El conocido como caso Canódromo, la cruzada judicial por la que la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) emprendió un camino de tribunales contra el uso que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue dándole al terreno que ocupaba el antiguo canódromo de la capital, ahora convertido en un parque, ha dado un nuevo y definitivo giro con la última sentencia al respecto del Tribunal Supremo. Esta cruzada es una historia de asimetría, responde a un relato sobre la desproporción, pero también se asimila al mito del pequeño contra el gigante, del pueblo contra el poder, de David contra Goliat; y la moraleja va directamente ligada con la noción de justicia.

El pasado 14 de marzo de 2014, la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó una sentencia en firme por la que estimaba el recurso de casación interpuesto por Avecalta contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 27 de abril de 2012. Aquella sentencia se anulaba y se estimaba parcialmente el recurso entonces planteado, declarando la nulidad de la revisión del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria aprobada definitivamente por Orden de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de 26 de diciembre de 2000. Aquel Plan General contenía un apartado referente a la citada zona del Canódromo, ubicada sobre el Barranquillo Don Zoilo, que hace esquina con la calle Obispo Romo y Sor Simona. En él se definía a los terrenos del Canódromo como suelo urbano no consolidado. También se anulaba el Plan Especial de Ordenación El Canódromo, aprobado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2003. La sentencia del 14 de marzo del Supremo pone de relieve que tiene razón la recurrente cuando señala la ordenación aprobada por el Consistorio en 2000 suponía “un considerable incremento de la edificabilidad residencial en el ámbito del Canódromo” y que “el barrio de Schamann en el que se encuentra inserto el Canódromo es un área de edificabilidad agotada”.

La asociación Avecalta, presidida por la reivindicativa María de los Ángeles Sánchez, comenzó en 2003 con la protesta y el litigio judicial para reivindicar la ilegalidad de las obras del viejo canódromo, una iniciativa que fue respaldada por Nardy Barrios y el partido que preside, Compromiso por Gran Canaria, “porque entendíamos que era ilegal”, alega la propia Barrios.

“Hace diez años que surgió este problema y nadie le hacía caso”, dice la grancanaria: “Es el gran triunfo de unos vecinos que, sin dinero, han sido capaces de defender la legalidad, durante 10 años. Han ganado todos los pleitos excepto uno, que fue con el Supremo, y que ahora el Supremo al final les ha tenido que dar la razón”. La candidata a la alcaldía recuerda que sólo los miembros de Avecalta “han denunciado este tema y se han dado cuenta de que siempre lo público es lo que pierde, porque por 11 millones de euros hubieran podido expropiar y construir 10 parques en Schamann, como bien dicen los vecinos. Y han conseguido que se reconozca que aquella permuta y el Plan Especial de Reforma Interior del Canódromo fue una ilegalidad, tal como recoge por fin la sentencia del Supremo, que entra en el fondo del asunto, que no es recurrible y que anula por ilegal el Plan General de Las Palmas de Gran Canaria de 2000 y el Plan Especial del Canódromo. Y lo han hecho sin recursos y contra una maquinaria terrible, que es la del Ayuntamiento y la de la empresa (Realia), que se personó con un montón de abogados, dinero e informes frente a estos vecinos”.

Pero Barrios se pregunta: “¿Qué es lo que han ganado los vecinos?”. Barrios recuerda que “el Plan General de 2000 para Las Palmas de Gran Canaria ha recibido unos pequeños retoques, en el 2005 y en el 2012”. Se refiere a la Ley del Territorio de Canarias, que obligaba a los planes generales de los municipios a hacer modificaciones, en especial en lo referente al suelo. Por esta ley, el plan de 2000 ha permanecido prácticamente igual y las modificaciones han sido formales, no de fondo. “Por eso el plan del 2000 es la piedra angular de esta anormalidad y de esta ilegalidad, porque en la exposición de motivos se recogía que en la zona de Schamann, donde después se elaboró el Plan Especial del Canódromo, que el barrio de Ciudad Alta era la zona de toda Canarias más colmatada de viviendas, y con menos metros cuadrados de espacio verde”, desgrana Barrios. De ahí que aquel plan negara cualquier tipo de construcción nueva en la zona. Sin embargo, y aquí está el intríngulis del asunto, “al mismo tiempo que el Plan General daba estos motivos, el Ayuntamiento elaboró el Plan Especial del Canódromo, con el que, sorprendentemente, hace una recalificación del suelo y una zona que aparecía como un parque, una zona verde, la convierten en suelo urbano”. ¿Con qué finalidad? Barrios empieza por citar que el que se conoce ahora como el Parque del Canódromo, cuya empresa propietaria la había adquirido por 500 millones de pesetas, fue objeto de permuta al Ayuntamiento cuando el actual alcalde, Juan José Cardona, era concejal de Urbanismo. Con este convenio, la empresa Realia arreglaba el espacio del Canódromo poniéndole suelo, unos bancos, un parque infantil, el alumbrado público y una fuente. “El arreglo y la pavimentación del parque se valoraron en entre 300.000 y 400.000 euros, y a cambio el Ayuntamiento permutó el suelo”, rememora Barrios, donde hoy están los cadáveres arquitectónicos de las torres del Canódromo, en un terreno anexo al del Canódromo y que estaba calificado como espacio verde. Además se concedió a la empresa la licencia para construir dos torres de 15 alturas cada una, amén de dos solares más: uno en Almatriche, justo al lado de Hoya Andrea y dando a la carretera general, y otro en Las Torres.

Estos tres solares, Canódromo, Almatriche y Las Torres, fueron valorados en 11 millones de euros, “y sin embargo, lo que recibieron las arcas del Ayuntamiento capitalino fueron un parque que costó cerca de 500.000 euros más los citados arreglos que ascendieron a 300.000 euros, que nadie se lo cree que ascendieran a tanto” subraya Barrios. Es decir, que Realia obtuvo cerca 11 millones de beneficio en esta permuta, y a cambio, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y del barrio de Schamann, recibieron el actual parque, que ha sufrido un drástico lavado de cara en los últimos años, con la instalación de un ascensor desde el Barranco Don Zoilo hasta la calle Obispo Romo, totalmente remodelada.

Antecedentes

En los años 70 del siglo pasado, Schamann contaba con un canódromo profesional, en el que se acogían jornadas de carreras caninas al uso y una suerte de ambiente lúdico periódico que se materializaba en las apuestas de los paisanos, atentos a los movimientos del conejo mecánico que atraía la atención de los cánidos sobre un raíl. Esta costumbre menguó hasta desaparecer en la década siguiente y el recinto, de cerca de 20.000 metros cuadrados, se abandonó por completo. El deterioro invadió el lugar con el paso del tiempo mientras los propietarios trataban de venderlo al Ayuntamiento en un devenir de cambio de dueños, tentativas de expropiación e incluso una subasta reclamada por los antiguos trabajadores. En 1989, el Plan General de Ordenacición Urbanística decretado entonces adjudicó el uso deportivo de la zona, y en 1995, con José Manuel Soria (Partido Popular) como alcalde, el Consistorio retorna a las negociaciones para la compra sin mayor éxito que antes.

Entonces aparece la empresa Inprocansa, que se hace propietaria del Canódromo y propicia el interés del ejecutivo municipal comandado por Soria para comprar los terrenos. Aquí se opera el siguiente movimiento: El Plan General de 2000 cataloga la parcela como de uso dotacional y condiciona su desarrollo a la firma de un convenio urbanístico entre el nuevo propietario y el Consistorio, y determina también la posibilidad de sustraer una franja de terreno para uso residencial, pese a que la zona es de edificabilidad agotada. Con la llegada a la alcaldía de Pepa Luzardo (Partido Popular), el proyecto avanzó con la firma de un convenio por el que el Consistorio compraba a Inprocansa el Canódromo, lo que implicaba la cesión de suelo en distintos sectores de la ciudad.

Con la firma del convenio, en 2002, el intermediario Inprocansa vende las dos propiedades a Realia, transcurrido un mes y medio. Algunos vecinos de Schamann se revuelven entonces contra lo que consideran una ilegalidad, y al día siguiente de que Realia consiguiera los permisos municipales para construir dos torres residenciales de 15 plantas en el terreno anexo al Canódromo acude a denunciar el proceso en los juzgados, bajo el prisma de una más que posible irregularidad en la valoración económica del suelo que se hizo en el convenio y sobre la ilegalidad que supone la construcción de dos edificios de tamaña estatura en una zona saturada, en la que además alteraba el paisaje de forma drástica.

Mientras las sentencias que declaran nulo el Plan Especial y suspenden la licencia de obras se hacen firmes, se apura la construcción y se ultima uno de los dos edificios. Entonces accede el PSOE al Ayuntamiento capitalino, mientras una pena indemnizatoria acechaba a la inmobiliaria desde los tribunales. La empresa, al parecer, se presentaba como desconocedora de la compleja situación pese a haber obtenido una licencia para construir y ahora su imagen y economía corría peligro de descarrilar.

La decisión del Alto Tribunal

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, lo que viene a hacer es anular el Plan General de Las Palmas de Gran Canaria de 2000, pero las licencias en virtud de las cuales se construyeron las torres se dieron en base al Plan General de 2005. Ese Plan de 2005 no ha sido impugnado, de modo que esas licencias de construcción (de 2006) son válidas en puridad, “lo que pasa es que en base a esas licencias las obras tenían un plazo de dos años, prorrogable por otros dos, que acabó ya. Se prorrogó en 2008 con varias interrupciones en medio por las toma de medidas cautelares. Ahora hay que declarar la caducidad de esas licencias, y hay que dar una nueva licencia. La nueva licencia que se vaya a acordar se tiene que dar en base al Plan General que está en vigor hoy, el de 2012”, explica Yeray Alvarado, abogado que lleva la causa de Avecalta desde 2003. Este plan de 2012 sí que ha sido impugnado por los vecinos.

Sobre su recurso, ahora validado por el Supremo, Alvarado expone lo que él ha descrito como un juego de muñecas rusas: “El plan de 2012 lo que hace es asumir para el Canódromo la ordenación generada en 2005 por el Plan General, un plan que asumía lo dispuesto en el Plan Especial de 2003. El Plan de 2003, lo que hacía era desarrollar lo que decía el Plan de 2000. Luego el Plan de 2012 es una especie de muñeca rusa gigante que se traga otras muñecas”, a cada cual más pequeña, a saber: el Plan de 2005, el de 2003 y el de 2000. Es el de este último año el que contiene la ilegalidad. Si el Plan de 2005 asume la ordenación del Canódromo como la que venía establecida en el Plan Especial de 2003 y lo inserta como propio, como un área de planeamiento incorporado, el Plan General de 2005, aunque no se haya impugnado, es nulo, porque está incrustándose en una nulidad. “Porque igual el Tribunal Supremo dice que el Plan de 2003 es nulo, la ilegalidad sigue estando dentro del plan de 2012”, alega el letrado.

Del otro lado, el Ayuntamiento no ha respondido todavía, a la espera de que ofrezcan un contraargumento a raíz de que el Supremo haya dado la razón a Avecalta. “La sentencia del Supremo nos ha sacado del ataúd”, razona Alvarado sobre la causa de los vecinos; una causa que estaba “en el nicho, pudriéndose”, después de que les habían “declarado muertos” a los de Avecalta en su causa, pero “ahora el Supremo ha abierto el ataúd y nos ha resucitado”. A su parecer, “Realia invirtió en un producto de riesgo esperando obtener un alto beneficio económico y lo que ha pasado ahora es que al final se va a caer el castillo de naipes”. Y adelanta sobre una indemnización: “No puedes pedir una indemnización como si fuese un tercero de buena fe, que no sabía nada”. En todo caso, el abogado recuerda que “lo que los vecinos quieren, simplemente, es que no se construya en Schamann y que haya un derribo de las torres, los vecinos no quieren que esté eso allí”.

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