Ha sido cuestión de debate durante semanas y probablemente tarde años en conocerse la verdad. Los errores detectados en el padrón municipal de Santa Cruz superan los márgenes de los fallos técnicos o estadísticos que son más o menos inevitables. Alrededor de 15.000 personas han estado residiendo en la capital tinerfeña durante casi dos décadas sin que se haya podido demostrar que su existencia era real. Como si sus vidas hubiesen transcurrido en una dimensión paralela. Al parecer inflar las cifras de población es una especie de tradición chicharrera.
En la década de los años ochenta el Gobierno encabezado por Jerónimo Saavedra ya dio un tirón de orejas al entonces alcalde, Manuel Hermoso, al tener sospechas de que los datos reales y las virtuales no cuadraban. Pero según avanzan los sistemas de control informáticos los errores van cogiendo, color, forma y son más evidentes. Por ello, el Instituto Nacional de Estadística (INE) toma como punto de partida el año 1996, justo después de que Miguel Zerolo comenzara su larga andadura como alcalde que no acabaría hasta 2011.
El entonces candidato por el Partido Popular (PP), Guillermo Guigou, estuvo en 1995 a punto de arrebatarle la Alcaldía a la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), que en aquel entonces presentaba como candidato de nuevo a Hermoso que aspiraba también a revalidar la Presidencia del Gobierno autónomo. La victoria se decidió por un puñado de votos y por ello Guigou está seguro de que a partir de aquí se amañaron las cifras de población para garantizar el famoso suelo electoral que los nacionalistas cifran en unos 30.000 votos. “Estoy convencido de que esta trama se montó con fines electorales. Yo no tengo ninguna duda”, ha dicho el aún concejal, ahora por Ciudadanos. “Entonces cogieron miedo, vieron que iban a perder el poder y decidieron garantizarse la continuidad”.
El ex alcalde se ha negado hasta ahora a hacer declaraciones sobre el asunto pese a que desde un primer momento los denunciantes, la formación política Sí se puede, auguró que se estaba ante “otro escándalo más de la era Zerolo”. Pero supuestamente el actual senador de la Comunidad autónoma ha deslizado algunos datos para intentar demostrar su inocencia. Por ejemplo, se ha dado a conocer que en el año 1997 el INE dio el visto bueno al padrón municipal. La concejal de Ssp, Asunción Frías, que fue la que primero denunció estos hechos, indica que no es extraño ya que hasta 2009 no había medios para cruzar los datos entre el Ayuntamiento y el organismo estatal. Por lo tanto este último daba por buenas las cifras que les pasaban las corporaciones locales sin entrar en demasiadas profundidades.
En 2010 y más concretamente el 10 de marzo fue cuando el INE remite un escrito al Ayuntamiento en el que se indica que a partir de ese momento se ha creado una nueva incidencia llamada 144 que se corresponde a “habitante español mayor de 16 años que no figura en la base de DNI”. Precisamente, ésta sería la luego detectada en el padrón municipal de Santa Cruz hasta sumar casi 14.000 habitantes.
O lo que es lo mismo personas cuyo carnet no existe, residen en otro lugar o de cualquier forma jamás han realizado ningún tipo de trámite, ni se les ha impuesto una multa, ni ha alquilado casas, ni abierto cuentas bancarias o pagado sus impuestos. Estos ciudadanos parecen residir en otra realidad paralela de la que tal vez, como mucho, sólo salían para ejercer cada cuatro años su derecho al voto. El 7 de mayo de 2010 el INE ya advertía en un tono frío pero amenazador que iba a comenzar a cruzar los datos entre el censo y el padrón para detectar el alcance de esta incidencia en Santa Cruz.
En toda España se calculaba que existían 271.000 habitantes en esta situación y los expertos en estadísticas consideraban que el error ya era “preocupante”. En Santa Cruz en 2010 el problema era de tal calado que el Servicio de Organización y Régimen Interno pidió una prórroga para poner orden en las cifras excusándose en la celebración en 2011 de las elecciones. Además apelaban al escaso personal y la cantidad de competencias “por lo que nos ha sido del todo imposible dedicarnos” a estas tareas.
Un año más tarde ya comienza a perfilarse por donde van los tiros. De todos los municipios a los que se le requirió que regularizaran su situación en la provincia, la isla de La Palma ostentaba el record al registrarse hasta once localidades en las que en aquel entonces no se había dado respuesta a la incidencia. En Tenerife eran catorce y el resto se repartían entre La Gomera y El Hierro hasta sumar un total de 34 municipios. En la capital tinerfeña se hizo oídos sordos a los requerimientos hasta el punto de que en 2012 la junta de Gobierno aprobó un padrón que ascendía a 221.742 habitantes. Este fue el listado que luego se redujo en más de 15.000 personas, con lo que la cifra final se quedó en casi 207.000. Ya desde un primer momento el Ayuntamiento comenzó a sacar pecho y respondió que no había “nada más lejos de la realidad” que esta drástica reducción.
Lo cierto es que el INE llegó a poner en duda la existencia de hasta 17.795 ciudadanos de los que la ciudad sólo reconocía que 900 podían tener un DNI falso. No fue hasta 2012 cuando el Ayuntamiento se vio obligado a remitir notificaciones urgentes a este grupo de supuestos vecinos y se habilitó un apartado de correos. El Ayuntamiento, ya encabezado por José Manuel Bermúdez, se quejó de las presiones que recibía y de que el Consejo de Empadronamiento les había incluido “injustamente” en el grupo de municipios en los que porcentaje de incidencias pendientes de resolver superaba el 75% del total.
Santa Cruz entraba en el mismo saco que localidades como Ponte Caldelas, Lalin, Cañiza, Arbo o Baza cuya población oscila entre los 3.000 y los 20.000 habitantes. “No son comparables las posibilidades de gestión de datos, entre los citados ayuntamientos y las características de una Gran Ciudad. Los plazos y gestión no pueden compararse”, se indicaba entonces. En realidad, lo que no era comparable, según Frías, era el número de supuestos chicharreros incluidos en el error 144 con respecto al resto del territorio nacional.
En esas fechas se constató también la existencia de un grupo de casi mil habitantes que se correspondía a extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que según el INE debían ser dados de baja . A parte hay otros 1.400 más con origen europeo y tarjeta de residencia cuyo listado se publicó hace algunas fechas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para que pudieran demostrar que efectivamente existen y siguen viviendo en la capital tinerfeña. En algunos casos ni siquiera aparecía reflejado un documento de identidad. Algo similar ocurre en municipios turísticos como Adeje o Arona que durante las últimas fechas han emprendido una auténtica carrera para regularizar la situación de estos ciudadanos. A estas alturas del año ya se ha admitido desde el Ayuntamiento de Santa Cruz que el próximo ejercicio tampoco se habrá regularizado la totalidad de las cifras.
El alcalde, pese a que tenía conocimiento de todos los requerimientos que se habían realizado y sus motivos, salió a principios de 2013 a la opinión pública asegurando que estos vecinos iban a perder de forma injusta derechos tales como la expedición de certificados de residencia o el acceso a ayudas sociales. Llegados a este punto se creó una comisión de técnicos municipales con el fin de intentar desenredar el entuerto. Así ocurrió a finales del mes de febrero y las conclusiones estuvieron listas antes de la semana santa. Ya entonces Frías tenía en sus manos unos datos demoledores que iba a hacer saltar todas las alarmas de la capital durante algunas semanas. Los técnicos llegaron a conclusiones asombrosas como que aunque el error era individual en verdad respondía a un patrón que parecía prefijado.
Por ejemplo, casi todos los vecinos con carnets falsos habían sido apuntados en las mismas hojas, unos detrás de otros y curiosamente, se trataban de familias formadas por una media cinco miembros. Sin embargo, ninguno de ellos realizó jamás algún tipo de trámite administrativo. Aunque desde 2009 se les requirió por escrito que aportaran una fotocopia de su DNI, ninguno lo hizo. El INE llegó a descubrir viviendas en las que estaban inscritas cincuenta personas. La concejal preguntó en el pleno del 1 de abril si estos datos eran ciertos y el concejal de Población, Alberto Bernabé, que ha tenido que dar la cara ante la opinión pública, no tuvo más remedio que reconocerlo. Entonces se dejó deslizar la posibilidad de que tal vez el fraude fue cometido por los cerca de 300 encuestadores que en 1996 elaboraron el padrón del que surgió todo el embrollo, a fin de poder cobrar más por ficha realizada.