Los CIEs: entre la cárcel y el limbo legal
“De qué sirve garantizar con una ley el derecho a la vida, si cuando una persona está enferma tú no la llevas a un hospital o no le das asistencia médica, que es lo que le pasó a Samba Martine, su derecho a la vida no se está garantizando y se muere”. De esta forma alude Patricia Orejudo, miembro desde 2011 de la Comisión Cerremos los CIE de la Organización No Gubernamental Ferrocarril Clandestino, al caso de la congoleña Martine, y así define la también jurista el cuadro que perfila el debate sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). El rechazo hacia los CIEs se ha reforzado por la orden de reapertura por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de la investigación penal sobre la muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche. La mujer sufrió una meningitis en abril de 2011 estando retenida. Los presuntos responsables son dos médicos y dos sanitarios del mismo CIE de Aluche, así como la directora de la empresa que lo gestiona. Por otro lado, el pasado 15 de marzo de 2014, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIEs.
“Es cuestión de la voluntad de las personas encargadas de asistir a las personas internas para que sus derechos sean efectivos, y lo que no ha conseguido el Reglamento es establecer medios eficaces para garantizar el respeto de estos derechos”, continúa Orejudo en alusión a esta normativa reciente sobre el funcionamiento de estos centros, edificios públicos donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión para ser repatriados a sus países de origen.
Pero, ¿cuál es su verdadera naturaleza?, ¿están más cerca de lo que son las cárceles o su desregulación los sitúa en un limbo legal? Estos lugares se encuentran en tela de juicio por los testimonios acerca de las condiciones en que viven las personas internas, y más cuando Naciones Unidas (ONU) condenó en octubre de 2012 a España por detención arbitraria, discriminación racial y torturas en el CIE del madrileño barrio de Aluche, por el caso del interno magrebí llamado El Hadj, tal y como se documenta en la página 14 del Boletín digital de la ONG SOS Racismo Madrid, de enero de 2013. La ONU se basó en un informe de la comisión que estudió su caso, que concluyó que el interno fue sacado por policías de su habitación y conducido a un lugar fuera del alcance de las cámaras de seguridad del CIE, donde “le propinaron una severa paliza de la que resultó con serias heridas y contusiones que requirieron su tratamiento médico”. Lo último que ha salido a la luz sobre el centro de Aluche es la historia de una interna brasileña que, embarazada, estuvo 18 días interna cuando, como se dijo desde el Gobierno, según la ley en estos casos “se opta por otra de las medidas cautelares diferente a la de su internamiento en el CIE”.
En España hay ocho centros que dependen del Ministerio del Interior. Tal y como consta en la web del portal de investigación sobre la inmigración global, Global Detention Project (GDP), en Canarias hay tres: uno en Lanzarote (Guacimeta), con capacidad para 200 personas; otro en Las Palmas de Gran Canaria (Barranco Seco), que puede albergar a 168; y otro en Santa Cruz de Tenerife (Hoya Fría), cuya ocupación máxima es de 238 personas. Hubo uno en Fuerteventura (El Matorral), con capacidad para 1.100 personas, que fue clausurado. En el caso del CIE madrileño, la capacidad es de 280 personas.
La figura de los CIEs ya se estableció con la Ley del 85 (Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, vigente hasta el uno de febrero de 2000), con la que se estableció la posibilidad de introducir a extranjeros en estos centros como medida cautelar en los procedimientos de deportación. “Lo natural es que se hubiese establecido un régimen de funcionamiento, que se hizo con una Orden Ministerial de 1999, esto es, 14 años de CIEs desregulados”, critica Orejeudo. Esta Orden “regulaba parcialmente algunos aspectos, mientras que otros fueron considerados ilegales, de forma que desde 1999 hasta 2009 los CIEs estuvieron operando con esta Orden”, continúa la docente. En 2009 se intentó dotar de más garantías a los centros, estableciendo los Juzgados de Instancia como reguladores de los CIEs. En ese momento se instó al Gobierno que adoptara un reglamento de funcionamiento, “y debió haberlo hecho en el plazo que le daba la Ley Orgánica” prosigue Orejudo, seis meses, pero tanto los Ejecutivos del Partido Socialista (PSOE) como del Partido Popular (PP) no lo adoptaron hasta este año.
El reglamento recién aprobado “intenta dar una regulación más o menos concreta, lo que pasa es que en muchos aspectos vuelve a permitir de nuevo la arbitrariedad de las propias direcciones de estos centros”, asegura la abogada y activista, arbitrariedad contenida en el establecimiento de normas de régimen interno. “Lo que ha venido ocurriendo es que el director del CIE ponía y disponía libremente, este Reglamento viene a ser un marco, pero hay otras cuestiones que se siguen dejando a la decisión de cada policía”, que decide cuestiones que, o bien no están reguladas específicamente en el Reglamento, como la cuestión de dónde internar a las personas trans-sexuales que aún no tienen el reconocimiento legal del cambio de sexo (hay módulos de hombre y de mujeres). El hecho de que se interne a personas en celdas de castigo, qué infracciones debe cometer para ello y cuánto tiempo debe estar en esa celda o por qué una persona puede o no ser derivada a un centro médico. “Tú no puedes establecer en un reglamento que las quejas se envíen al director del CIE, si el director luego se lo pasa por el forro, que es lo que nos dicen las personas internas ahora”. Orejudo explica cómo un joven argelino interno en el CIE de Aluche con el que trabaja, le ha comentado el hecho de que, pese a enviar al director del centro una carta “cada día”, la respuesta “nunca” ha llegado. “¿De qué sirve un reglamento que permita las quejas y las reclamaciones si luego les hacen ni caso? Ese es el problema”, se plantea la abogada.
Los CIEs siguen, pues, siendo lugares con escasa regulación en un contexto de personas privadas de libertad, “cuando decimos que los CIEs son peores que cárceles es por esto en gran medida, porque son opacos y no hay forma de saber por qué se adoptan este tipo de decisiones”.
Por otro lado, “creemos que el nuevo marco es en cierto modo inútil, porque recoge una serie de derechos de las personas internas que ya estaban establecidos en una Ley Orgánica, de rango superior a un Reglamento, y sin embargo estos derechos no se estaban garantizando, no había un solo derecho de la Ley Orgánica que no se estuviera infringiendo”, apunta Orejero. Es el caso del derecho a la intimidad y a la dignidad de las personas, que “no se regulan pero que son de cajón si tú quieres respetar un derecho superior ”. Estas cuestiones quedan al arbitrio del director del CIE.
Como contrapunto, cabe decir que desde que se atribuyeron competencias de control de los CIEs a los Juzgados de Control, “se ha logrado que ordenen a las direcciones que si alguien te pide salir al servicio por la noche, no le digas que lo haga allí, delante de sus compañeros, que es lo que ocurría antes”, tal y como menciona la activista de Ferrocarril Clandestino. Cuando un interno entiende que están vulnerando algún derecho propio puede remitir una queja a este juzgado, personalmente o por medio de las ONG que trabajan en pro de sus derechos.
Hasta 2012, los CIEs no informaban del momento en el que un inmigrante debía ser deportado a su país de origen o de procedencia. Por el contrario, lo conducían a un avión en el que viajaba a su país sin tener la opción de avisar a sus familiares o amigos. En marzo de 2012 y después de la presión ejercida por diversas asociaciones y colectivos defensores de derechos de los inmigrantes en España, los juzgados de instrucción 6, 19 y 20 de Madrid, encargados del control del CIE, emitieron un auto por el que desde entonces se reconoce el derecho a informar al interesado de en qué momento será deportado.
En el documento, se especifica de esta forma: “En el CIE se deberán adoptar los medios necesarios para garantizar el derecho de los internos a conocer, con una antelación de 12 horas, el momento en que se va a producir la expulsión, el número de vuelo, la hora de llegada y la ciudad de destino, y al mismo tiempo se les deberá facilitar en ese lapso de tiempo los medios necesarios para poder realizar llamadas telefónicas con la finalidad de avisar a sus parientes o conocidos de España o de su país de su llegada, a fin de posibilitar la organización del regreso”.
Sin garantías
Por otro lado y más allá de la arbitrariedad fijada en el Reglamento respecto de las decisiones de esta índole por parte de la figura del director, Orejudo asegura que la ley también se incumple, por cuanto no se respeta la garantía del ejercicio de los derechos de las personas internas. La jurista subraya cómo los mecanismos establecidos no permiten hacer efectivos los derechos: “¿Cómo se garantiza el derecho a una salud mental si no se le permite ver a un psicólogo, si no hay un servicio de psicología en el CIE?”, “¿De qué sirve decir tengo derecho a la integridad física si luego te pego una paliza?”. También en esta línea: ¿cómo esclarecer los culpables de estas vejaciones cuando, según la activista, se deniegan las peticiones de las ONGs para que se establezcan comisiones independientes que investiguen los hechos que sustentan las acusaciones de torturas, un derecho de los presos que se amparan en el Protocolo de Estambul?
“Eso en los CIEs no existe, ha ocurrido que hubo malos tratos en el CIE de Zona Franca (Barcelona), donde aparecieron compañeras de una ONG con médicos y psicólogos independientes y les dijeron que no les dejaban entrar”, puntualiza la propia Orejero. Sobre el papel hay derechos, pero “cómo se ejercitan esos derechos y ese es el problema”, prosigue Orejudo, para quien lo que subyace es una cuestión de “racismo institucional” y una concepción de la persona interna como “delincuentes”, “criminales” o “animales”. Así pues, en la práctica, “el problema es la falta de voluntad para garantizar esos derechos”, una dejadez que Orejudo achaca a la política, si bien recuerda que Izquierda Unida ya exigió el cierre de los Centros de Internamientos para Extranjeros. En este punto, es de recibo mencionar que este periódico se ha dirigido a las instancias de la Policía establecidas para solicitar una información de su parte que ofrezca un contraste a este respecto, pero sin obtener respuesta.
Izquierda Unida exige su cierre
Cuestionado por este particular, el responsable de organización de Izquierda Unida Canaria (IUC), Lorenzo Garzón, recuerda que su partido ha articulado en su programa electoral para las recientes elecciones al Parlamento Europeo la exigencia sobre el cierre de los CIEs “dentro y fuera de la Unión Europea (UE)”, amén de la derogación de la llamada “Directiva de la vergüenza”, que permite a los países de la UE detener por periodos de hasta 18 meses a inmigrantes sin tarjeta de residencia. Garzón cree en la necesidad de “sancionar a aquellos países que teniendo acuerdos con la UE, restringen la libre circulación de las personas comunitarias”, y cita el caso de Suiza.
En su programa electoral, IU también aboga por “sancionar a los países que violen los principios de la protección internacional, como la devolución mediante la ejecución de expulsiones masivas, la privación de derechos básicos o la permisividad oficial con un clima de violencia”, así como por una “política de inmigración común e integradora, que incluya un compromiso con el asilo y la protección internacional, prohibiendo las prácticas restrictivas de los Estados miembros y fomentando instrumentos comunes de solidaridad”. Desde la coalición de izquierda se vincula el problema de la inmigración, que plantean como “factor normal de cualquier sociedad del siglo XXI”, con “el avance de la xenofobia y el racismo, reflejado con el avance electoral de la extrema derecha y en la violencia ejercida en las calles ante una impunidad que no se entendería sin el soterrado racismo institucional”, ante lo que propone una política desde la UE de “tolerancia cero” con los grupos “con discursos discriminatorios o xenófobos” mediante la eliminación de “cualquier ayuda o subvención de la UE” para estos colectivos.
El maltrato
Ione Belarra es activista de la ONG SOS Racismo y trabaja en la defensa de los derechos de las personas migrantes. Ella y sus compañeras voluntarias acuden a hablar con las personas internas del CIE de Aluche; su turno es por las mañanas, las tardes son para familiares y allegados de los internos. En dichas visitas, expone Belarra, “comprobamos que los abogados de oficio y de pago están haciendo bien su trabajo, que se han puesto todos los recursos correspondientes y se están cumpliendo los derechos de las personas que están dentro”. En base a este trabajo de campo, en SOS Racismo elaboran informes para respaldar las campañas de denuncia, pues “a día de hoy en el CIE se siguen cometiendo muchísimos abusos, tanto psicológicos como físicos”, y esto “es algo que llevamos años denunciando, el hecho de que los CIEs existan y en qué situación están las personas allí retenidas”, como recuerda la propia Belarra. Prueba de ello es la recién empezada campaña de boicot a la compañía aérea Air Europa, que fleta vuelos de deportación con un alto número de personas que salen de los CIEs españoles.
Llegados al momento de la deportación, la joven voluntaria de SOS Racismo explica cómo los maltratos “más sistemáticos” que han podido documentar “se dan en los traslados al aeropuerto” durante las devoluciones a los países de origen, un procedimiento en el que, “amparados por el Protocolo de Repatriaciones (de septiembre de 2007), que establece que la persona que va a ser deportada no debe resistirse, porque va a repercutir en su contra”, es “donde más abusos hay” por parte de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Se dan en los aeropuertos, por zonas “donde no hay cámaras, no vigilancia”, añade Belarra. Los vuelos de “macro deportación”, como se definen desde los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes, son un contexto en el que se propinan “muchísimas palizas” a las personas procedentes de los CIEs. “Son vuelos sin civiles en los que solo va la tripulación del avión y el alrededor del doble de policías que de personas deportadas en los que hay muchísimos abusos”, continúa la integrante de SOS Racismo.
Para este colectivo, como para muchos otros análogos, la existencia de los CIEs es el problema en sí. Tanto “el hecho de privar de libertad a una persona que lo que ha hecho es cometer una falta administrativa, no tener papeles” como “las condiciones de vida en las que están allí” fundamentan esta postura: “Dadas las condiciones médicas que hay en el CIE de Aluche, el caso de Samba se podría volver a repetir, porque la supervisión médica está subcontratada, no hay ni mucho menos un médico las 24 horas, sólo atienden por la mañana y lo único que receta es paracetamol y agua para una población de riesgo con personas recién llegadas del África Subsahariana a través de Ceuta y Melilla, la posibilidad de que haya un brote, por ejemplo, de tuberculosis, es altísima”. Según Belarra, ante las quejas de los internos el personal “lo primero que piensa es que están fingiendo, y eso no es forma de prevenir enfermedades contagiosas ni de ningún tipo”. No son sólo las condiciones de vida, sino “la presión de que en cualquier momento puedes ser deportado a tu país o a la calle, sin poder despedirte de tu pareja, de tus amigos o de tu familia, sin saber lo que te va a pasar”.
Por lo demás, la voluntaria recuerda que las habitaciones de los internos permanecen cerradas de noche, y su acceso al servicio queda a merced de la voluntad de la policía durante estas horas; “tienen un pequeño lavabo en las habitaciones, y sí es cierto que hay algunos que hacen ahí sus necesidades”, apunta Belarra.
“Los CIEs, pese a lo que diga el Gobierno y según los datos que hemos podido constatar, en realidad no regulan nada, porque el año pasado únicamente la mitad de las personas internadas fueron expulsados finalmente del país”, resalta Belarra, “o sea que los CIEs ni siquiera cumplen su función de acoger a los que van a ser repatriados, son inútiles, a no ser que ese 50% le parezca un éxito al Estado español”. Es de este modo como desde SOS Racismo y en palabras de Belarra, “de entre las personas que son deportadas desde España, que el año pasado fueron en torno a 10.000, sólo la mitad provenían de CIEs, 5.000. No sirven para regular la cantidad de personas en situación irregular en España, es una forma de meter miedo que se suma al temor de quedarte sin papeles si no trabajas”, es “una intención de echar a la gente de manera indirecta”.
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