La trayectoria política de José Manuel Soria ha estado jalonada de constantes escándalos. Recorrer la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y ponerla en relación con su primera actividad política como alcalde llenaría el mapa urbano de hitos imborrables: desde el edificio Woermann -un soberbio rascacielos levantado sobre el solar que dejó su homónimo, un edificio protegido por su arquitectura modernista que Soria ordenó derribar de madrugada alegando que en él se alojaban mendigos- hasta las torres del Canódromo, en el popular barrio de Schamann, un pelotazo urbanístico descaradamente facilitado desde el Ayuntamiento que supuso para un promotor inmobiliario una plusvalía de nueve millones de euros negociando con el Ayuntamiento sobre un suelo que ni siquiera era suyo.
Su expediente político está plagado de otras muchas irregularidades, algunas de las cuales analizaremos en este trabajo, como La Favorita, el caso Salmón, el caso Chalet o el caso Isolux, por detenernos solamente en las más llamativas y en las que ni siquiera tuvieron interés para la justicia pese a que alguna denuncia hubo.
Hasta que abandonó Canarias por la llamada de Rajoy, Soria actuó con absoluta impunidad porque consiguió engañar a muchos durante mucho tiempo, los que unidos a los que se dejaron engañar por su interés, forjaron su carrera política. Su supuesto regreso al Archipiélago por imperativo partidista va a coger a sus votantes y a los que fueron sus acólitos algo menos desprevenidos. Él sabe que no va a ser muy bien recibido, y de ahí que no haya disimulado sus apetencias por la política europea.
Carlos Solchaga lo definía como “muy facha”. Pero José Manuel Soria es algo más que eso. Es totalitario, intransigente e intolerante con los que no le siguen la corriente, sean propios o extraños. Es un impostor, un mentiroso incorregible, capaz de inventarse las trapacerías más inverosímiles para hundir a un adversario (o al periodista desafecto) o para salvar su propio trasero. La historia política de Canarias, plagada de personajes surrealistas, bananeros, dañinos, corruptos e indeseables, jamás había tenido en nómina a alguien así porque Soria es un compendio amplificado y estirado –casi grotesco- de todo eso. En cualquier democracia con menos taras que la nuestra, los ciudadanos lo habrían echado hace mucho tiempo de la vida pública.
Sin embargo, la impunidad le ha amparado. La impunidad de los tribunales de justicia, particularmente de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, llamada a juzgar a los aforados, y la impunidad de gran parte de los medios de comunicación, temerosos a rachas ante su poder y el del talonario público con el que compra voluntades. Que en el verano de 2013, como hiciera el año anterior, pasara sus vacaciones en un hotel declarado ilegal por la justicia por estar levantado con una licencia concedida ilegalmente, ni siquiera se convirtió en un hecho noticiable para la prensa isleña, acostumbrada a su comportamiento y esperanzada en que les alcancen las campañas publicitarias que está ordenando Repsol con evidentes indicaciones suyas para ganar adeptos a las prospecciones petrolíferas previstas en 2014 en las cercanías de Canarias.
Ese es su modo habitual de operar. Palo y zanahoria, amigos o enemigos. No hay término medio ni cohabitación democrática que valga.
Sus escándalos están estrechamente vinculados con su indisimulada veneración por el dinero y el poder, por ese orden estricto. Llegar a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 1995 y protagonizar las primeras trapisondas fue todo uno: la adjudicación del mobiliario urbano a la francesa JC Decaux por orden expresa de la dirección nacional del PP, que aquel año obtenía su primer triunfo electoral de consideración en unas municipales.
JC Decaux obtuvo el contrato para la capital grancanaria de la mano de la agencia de publicidad local Atlantis, cuyo presidente, Alberto Cabré, no se oculta para contar a sus contertulios habituales el viaje a Suiza que celebró Soria tras aquella adjudicación en compañía de su familia y del empresario Agustín Bonny, uno de sus más íntimos amigos.
Que se sepa, aquel fue el primer viaje a Suiza de José Manuel Soria desde que accedió a la política. No es el único oficialmente registrado y públicamente relatado de los que han tenido relación directa con su gestión política.
La Favorita que parió secuelas
Suiza ha estado muy presente en la vida política de José Manuel Soria. A ese país, concretamente a Zúrich, voló quien fuera su mano derecha en la primera etapa de su alcaldía, el ex concejal de Hacienda Francisco Fernández Roca, más conocido como Curro, justo la víspera de aprobar en la comisión municipal de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria un polémico pliego de condiciones que a la postre otorgaría un pelotazo de siete millones de euros a un empresario muy vinculado al PP y a su presidente regional en Canarias, Santiago Santana Cazorla.
Curro no viajó al Caribe, como cantaba en la época un celebrado spot televisivo de Halcón Viajes, sino que lo hizo a Suiza en un viaje relámpago que duró 24 horas, el tiempo suficiente para coger un avión desde Gran Canaria a Madrid, otro a Zúrich, tomarse seguramente una taza de chocolate caliente, y regresar con los mismos saltos aéreos a la capital grancanaria.
Al día siguiente, con el estómago reconfortado, Fernández Roca presidió la comisión de gobierno de la que Soria se excusó como hace siempre para poder defenderse alegando su lejanía al epicentro del terremoto.
El pliego de condiciones que aprobó el equipo de Soria tras el viaje a Suiza de su concejal de confianza y de Hacienda consistía en adquirir una vieja factoría tabaquera (La Favorita), abandonada, con problemas de aluminosis e inservible para su cometido (parque móvil y talleres municipales) por doce millones de euros, siete por encima del precio que se ofertaba en el mercado tan solo un año antes. Para redondear el montaje hacía falta un empresario que previamente comprara el complejo industrial por cinco millones, esperara un tiempo prudencial a que saliera el concurso a la medida y luego lo vendiera al Ayuntamiento por doce. Es lo que comúnmente se conoce como un pase, pero con la indispensable participación en este caso de una Administración pública que se dejaba siete millones de euros por el camino. Más los intereses del préstamo suscrito con el Banco de Crédito Europeo que se acabará de pagar en 2014.
El empresario elegido para la ocasión fue Santiago Santana Cazorla, del Grupo Hermanos Santana Cazorla, que luego repitió el mismo esquema en el Ayuntamiento de Telde (gobernado por el PP) para la adquisición de una finca con casa solariega con una mordida de seis millones de euros que ya va camino de juicio en los juzgados de lo penal de Las Palmas.
El caso La Favorita, como quedó bautizada para la posteridad la adquisición de la vieja factoría tabaquera del desaparecido industrial Eufemiano Fuentes, tío del famoso médico de igual nombre condenado por la operación Puerto, se saldó con una causa penal, pero no con los protagonistas del pelotazo sentados en el banquillo, sino por una querella por injurias y calumnias contra Canarias Ahora formulada por Soria al considerar que le atribuíamos un delito de cohecho por que se había abierto una cuenta en Suiza para solventar la operación.
Efectivamente, la empresa Hermanos Santana Cazorla, a través de su filial Iniscan, creó una sociedad expresamente para este pelotazo, Calle Cervantes, S.A., y simultáneamente abrió una cuenta en Suiza que jamás fue investigada.
Sí fue investigado el periódico Canarias Ahora y su director a partir de una denuncia, luego transformada en querella, promovida por José Manuel Soria. De manera increíble me veía sentado ante un juez de instrucción para explicarle que teníamos el número de cuenta en Suiza de la filial de Santana Cazorla, Calle Cervantes, S.A.; que teníamos el extracto de la tarjeta Iberia Plus del concejal de Hacienda en la que estaba reflejado al detalle su viaje relámpago de vísperas a Suiza; que teníamos el testimonio de empresarios a los que se les había ofrecido la misma propiedad por siete millones menos; el testimonio de un industrial que había ofrecido su nave, en mejores condiciones que La Favorita, pero que fue rechazada para promover una adquisición peor, y que todas nuestras pruebas periodísticas nos conducían a asegurar que se había producido otro grave quebranto a las cuentas públicas con una operación muy oscura.
Aunque el fiscal pidió desde el principio el sobreseimiento de la causa, no sin presiones increíbles desde la cúpula del Ministerio Público en Las Palmas, el juez instructor llevó las diligencias hasta sus últimas consecuencias y periodista y empresa acabamos sentados en el banquillo delante de una juez sustituta que nos condenó a pagarle a Soria una indemnización de 4.000 euros e ingresar en la cuenta judicial una multa que en total sumaba otros 20.000.
Eran tiempos aquellos en los que el poder y el prestigio de Soria solamente eran cuestionados por nuestro periódico, quizás porque fuimos los primeros en descubrir que tras aquella fachada de regenerador carismático y de gestor impecable se escondía en realidad un peligro para el interés general.
La instrucción del caso La Favorita fue una sucesión de despropósitos. El primer interrogatorio como imputado al que me enfrenté en mi vida tenía ingredientes muy poco frecuentes, como por ejemplo, la presencia en el pequeño despacho del juez de la procuradora del querellante, que no puede intervenir ni formular preguntas, pero que seguramente estaba allí para provocarme incomodidad y limitar mi libertad para decir todo lo que tenía que decir de su esposo. Pues sí, la procuradora de José Manuel Soria es su esposa, y procura hacerse notar mucho, como podrá comprobarse a lo largo de las páginas siguientes.
Desde aquel primer pleito, Mari Carmen Benítez López, esposa del ministro de Industria, ha estado presente siempre en los interrogatorios a los que he sido sometido por querellas de Soria. Nunca ha conseguido su propósito de que me callara ni una sola cosa de los hechos y de lo que opino de su marido, pero he de reconocer que no es un escenario muy cómodo.
También fue aquella primera comparecencia ante un juez y ante la esposa de Soria la que me sirvió para conocer a un abogado que luego se convirtió en una constante los siguientes seis años: Nicolás González-Cuéllar Serrano, hijo de un prestigioso fiscal de igual nombre y primer apellido compuesto que acabó abriendo despacho en Madrid para ganar mucho más dinero del que se gana ejerciendo en el lado público del foro.
Nicolás González-Cuéllar Serrano es hombre de convicciones muy conservadoras, muy ligado al Partido Popular, lo que seguramente explicaría que Soria lo llamara y que, ocho años después, lo contratara la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para defender al Ayuntamiento en el feo asunto del Madrid Arena, donde murieron aplastadas cinco chicas durante una fiesta de finados, de Halloween, en contracción sajona.
González-Cuéllar Serrano es un abogado caro, y dirigir cuatro pleitos penales en Canarias encarece aún más su minuta, máxime si acude a cada declaración en la fase de instrucción y se ha de pernoctar algunas veces en un hotel de cinco estrellas, como es el emblemático hotel Santa Catalina. Las facturas del establecimiento, por supuesto, se giraron al Cabildo de Gran Canaria cuando los pleitos coincidieron con la presencia de Soria en esa institución (2003-2007).
La sede central del Cabildo es un edificio modernista recientemente remodelado a partir de un proyecto original del arquitecto De la Sota. Las obras se adjudicaron a Constructora San José, que también ha pagado facturas del ilustre letrado madrileño.
A aquel juez que instruyó el caso de La Favorita le entregamos la numeración de la cuenta en Suiza de Calles Cervantes, S.A., la empresa que Santana Cazorla creó expresamente para esta operación. Y le entregamos el extracto de la tarjeta Iberia Plus de Curro Fernández Roca, en el que se probaba que era cierto lo que decíamos de su viaje relámpago a Suiza el 22 de julio de 2002, con regreso al día siguiente para presidir la comisión municipal de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria que aprobó las bases a la carta. Todo hacía pensar que con aquellas pruebas tan contundentes, al menos se abriría una mínima investigación que las verificara y sirvieran para invocar la institución de la exceptio veritatis. Al periódico, por mucho empeño que pusiera, le resultaba imposible llegar a Suiza, donde sólo una comisión rogatoria podría haber arañado algún dato custodiado bajo el manto opaco de su banca, y en el ejercicio de nuestra defensa pedíamos que se intentara. Pero no, habíamos entrado condenados a aquella instrucción y condenados acabamos el proceso.
Claro que, en nuestra estrategia de defensa, cometimos algunos errores que no volvimos a cometer nunca más, lo que se ha traducido en nuestro triunfo en el resto de procesos en los que nos ha metido el ministro Soria. El primer error en el que incurrimos en el caso de La Favorita fue no poner previamente la cuenta en Suiza y el viaje de Fernández Roca en manos de la Justicia para que abriera una comisión rogatoria, y luego publicar el resultado de todas las pesquisas, las judiciales y las periodísticas. No creíamos entonces que fuera preciso, ni que ese fuera el papel de un periódico o sus periodistas. Para casos muy concretos como estos con personajes tan protegidos como el que nos ocupa, está claro que hay que repensarse algunas normas.
Pero el peor error que cometimos fue reforzar nuestra defensa con la incorporación del exmagistrado y ex fiscal general del Estado Eligio Hernández. Cualquiera que quiera perder un pleito en el que la parte contraria sea algún preboste de la derecha canaria, tanto política como oligárquica, tiene por fuerza que contratar a Eligio Hernández.
Para sorpresa de mi abogado, Luis Val, y confirmación de mi ignorancia, Eligio Hernández decidió que en el acto de la vista oral se renunciara al testimonio de Soria. Y le hicimos caso. El querellante no fue interrogado, lo que supuso perder una oportunidad única de ponerlo en situación de contradicción y demostrar ante la juez que dictó sentencia que todo lo que decíamos era verdad o, en el peor de los casos, ninguna de nuestras informaciones constituía injuria o calumnia.
La cuenta en Suiza que pedíamos que se investigara no fue una invención. Existió en aquellos momentos en que se tramitó la compra-venta de La Favorita. Su titular era, como ha quedado dicho, la empresa Calle Cervantes, S.A., formada por varias empresas del Grupo Santana Cazorla. Lo confirmó de modo taxativo una fiscal suiza que hizo unos primeros tanteos de manera informal para conocer el alcance de lo que se investigaba en Canarias en relación con este asunto, pero no pudo continuar porque exigió algo que nunca se hizo desde la Justicia española: que se abriera una causa penal por corrupción.
El juez instructor no lo consideró oportuno y la Fiscalía no llegó a reclamar nada de manera oficial, a pesar de que el fiscal encargado del caso, Valentín Ruiz, pidió el archivo sobre mi imputación desde el primer momento y mi absolución durante el juicio. Sus superiores no le permitieron en ningún momento abrir diligencias por corrupción contra cualquiera de los cargos públicos o el empresario que aparecían claramente relacionados con La Favorita.
Y eso que mi periódico lo había puesto muy fácil, tan fácil que hasta la fiscal suiza se sorprendía de la información que manejábamos de la cuenta de Santana Cazorla: “Las informaciones proporcionados en el periódico digital mencionado (...) me parecen muy detalladas y me parecería muy importante verificar y saber de dónde vienen estas informaciones. En particular, yo no entiendo de dónde obtiene el periódico la información sobre el número de la cuenta y el hecho que en una determinada fecha tuvieran lugar movimientos si no fue el mismo titular de la cuenta quien comunicó eso, porque estas informaciones están bajo el secreto bancario y solamente están accesibles al titular de la cuenta o a una persona con plenos poderes otorgados por el titular de la cuenta”.
Nos creyeron en Suiza, aquí no
Lo que sí logramos probar desde un principio, además de la existencia y titularidad de la cuenta en Suiza, además de la confabulación para adquirir ese inmueble y no otro, además de la visita relámpago a Zúrich de Curro Fernández Roca... fue que el precio de venta de La Favorita iba en disminución hasta que llegó Soria y pagó por ella casi el triple de lo que se pedía.
La tabaquera British American Tobacco (BAT), vendedora de La Favorita, había decidido desde finales de los noventa desprenderse de ese inmueble por su valor contable, sin mayores pretensiones.
Así, en un acta del consejo de administración del periódico Canarias7 celebrado el 10 de diciembre de 1999, que aportamos al juzgado, se certificaba que la empresa editora de ese diario había recibido una oferta por parte de BAT España. En esa acta no se especificaba el precio que se estaba reclamando, pero sí aparecía una cantidad en la reunión que el mismo órgano de Informaciones Canarias, S.A. (Inforcasa) celebró el 7 de febrero de 2000: “Ha de tomarse en consideración que BAT insiste en su oferta, bajando el precio a 800 millones de pesetas, teniendo en cuenta que esta oferta puede estar ya en el límite hacia abajo”.
Esa afirmación, certificada por el secretario de Inforcasa ante el juzgado, venía a demostrar que el precio de La Favorita a principios de 2000 era de unos 5 millones de euros, pero tan sólo un año después, el Ayuntamiento que presidía Soria anunciaba que pensaba comprarlo por más de 12 millones de euros, más de 2.000 millones de pesetas. Y lo compró, claro.
Este es el segundo capítulo de Hechos probados. Una primera biografía de José Manuel Soria, un libro de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora.
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