El artista lanzaroteño César Manrique ideó el Parque Marítimo de Santa Cruz que lleva su nombre como un lugar en el que la ciudad se acercara a un mar del que se había separado hacía años por el crecimiento desorbitado del puerto. El nuevo recinto a la vez permitía recuperar 143.000 metros cuadrados de un área degradada en la que sobrevivían infraviviendas al lado de un vertedero. La idea era magnífica y suponía una demostración más de la fuerza que podía desplegar una joven Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), que en aquella época parecía capaz de casi todo.
La primera piedra la colocó en 1993 el que precisamente había sido alcalde de la ciudad y que entonces acababa de convertirse en el primer presidente nacionalista de Canarias, Manuel Hermoso, junto a su sucesor, José Emilio García Gómez. Las obras se financiaron con fondos europeos y desarrollaron con una rapidez inaudita. Por ello, en 1995 cuando, Miguel Zerolo asumió las riendas de la ciudad ya estaban acabadas. El joven alcalde debió, en algún momento remoto de aquellos días, olfatear las infinitas posibilidades que le ofrecía el espacio y, visto lo visto, no precisamente en el mejor sentido de la palabra.
Al poco tiempo se creó la empresa pública, Parque Marítimo SA, integrada a medias por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria que entregó la gestión del espacio a uno de los amigos más cercanos de Zerolo, el periodista Jorge Bethencourt y al empresario Valentín Álvarez. Ambos crearon las sociedades Santa Cruz Park SL, Santa Cruz Park Tenerife SL y Event Park. En teoría el Plan Especial que se redactó en un principio contemplaba que el uso único era el de piscina o similares. A la vez se reservaba un espacio para las discotecas y restaurantes en la zona de Las Cascadas, un paseo junto al mar y un área para el baño en la playa.
El abogado que ha convertido la trama del Parque Marítimo en una de sus principales luchas, Felipe Campos, señala que aquel planeamiento, todavía en vigor, “se incumplió desde el minuto uno porque en la zona de las piscinas y en los aparcamientos se permitieron todo tipo de actividades ilegales, por las que se cobraba dinero de forma también ilegal, tales como fiestas, chiringuitos, lavacoches, un Mc Donalds o una pista de pádel”. Además, sostiene que no tenía ningún sentido crear esa sociedad pública intermedia, “si no era para saltarse los controles administrativos. Lo normal es que el propio Ayuntamiento se hubiese encargado directamente de la gestión o se la dejara a terceros”.
El abogado compró una vivienda en Cabo Llanos en 2004 y allí se fue a vivir. Desde el principio junto con los demás residentes tuvieron que sufrir “un ruido absolutamente insoportable” por las fiestas que se celebraban en los alrededores de las piscinas. La Asociación de Vecinos Nuevo Cabo Llanos lo designó como representante legal y a partir de aquí, “fui al Ayuntamiento y descubrí todo el pastel. Aquello era totalmente ilegal”.
La Autoridad Portuaria debía haber ostentado el 99% de la sociedad pública Parque Marítimo SA, en vez del 50%
Desde ese momento se inicia una guerra en los medios de comunicación y en los juzgados que logró que la Corporación local fuera asumiendo que estas fiestas no tenían cobertura legal. Ya en 2006 se había entregado la gestión del Parque al empresario Luis Gil, a quien se le garantizó que las deudas existentes entonces, que sumaban 1,2 millones de euros, se podían compensar con la celebración de fiestas. En 2009, al ver que todos los actos iban cayendo como moscas por las denuncias que se presentaban de forma invariable, el empresario decide cerrar las puertas del Parque. Así permaneció durante cerca de un año hasta que el Ayuntamiento consiguió desalojarlo. En este tiempo el empresario dejó de abonar alrededor de un millón de euros que ahora los tribunales le obligan a pagar.
En el verano de 2010 el Parque abre de nuevo pero esta vez dirigido directamente por el Ayuntamiento y salvo algún caso esporádico se prohíbe totalmente la celebración de fiestas. En realidad el recinto sólo es rentable en verano, pero lo que se obtiene en esos meses es suficiente para mantenerlo abierto a lo largo de todo el año.
Y eso a pesar de que su estado de conservación en estos momentos no es el más adecuado, básicamente porque ni los empresarios, ni el Ayuntamiento han gastado demasiado dinero en su acondicionamiento. Excepto, eso sí, inversiones puntuales como una reciente reforma para adaptar las piscinas a la normativa europea. Pese a todo, en los años de gestión pública el recinto ha dado unos beneficios que rondan los 110.000 euros en 2011 y los 70.000 en 2012. Sin embargo, desde hace algunos meses la nueva mayoría encabezada por José Manuel Bermúdez decidió dar un impulso definitivo al recinto y sacar a concurso la explotación de once establecimientos que pagarían un canon mensual de alrededor de 5.000 euros.
Los vecinos han iniciado a partir de entonces una lucha en la que no han faltado noticias casi diarias. La última, cuando de nuevo se intentó volver a sacar a concurso este recinto y así apareció publicado en el BOP sin que el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, secretario de Parque Marítimo SA tuviera conocimiento. O al menos así lo aseguró. Desde primeras horas de la mañana dio órdenes para que el procedimiento quedara anulado. Pero más allá de errores garrafales, resulta cada vez más evidente que la visión que tiene Coalición Canaria (CC) y el PSOE de este espacio es sustancialmente distinta.
De forma paralela hay hasta tres causas penales que planean sobre el Parque. En una de ellas están involucrados los primeros gestores, Valentín Álvarez y Jorge Bethencourt, por supuestos delitos fiscales. Otra, por malversación de fondos públicos en el Juzgado de Instrucción número 1, que desmenuza la celebración de actividades ilegales por la que los empresarios ingresaban un dinero sin cuantificar que no revertía luego en el Ayuntamiento. Es difícil calcular lo que se cobraba por cada fiesta. Pero, por ejemplo, se sabe de una empresa que reclamó ante los tribunales para que les devolvieran 20.000 euros por un acto que fue anulado ante la presión ejercida por los vecinos y se tuvo que trasladar al Palacio de Congresos del Sur.
En el sumario de Las Teresitas se indica que el Ayuntamiento gastó en la celebración de diversas actividades, desde 1995 a 2009, nada menos que 600.000 euros. Por ello, no es raro que los cálculos de lo que se pudo ganar durante estos años sume, según Campos, “varios millones”. Y luego está también la presunta falsificación de los planos del recinto para dar cobertura legal a los negocios de comida rápida, lavado de coches y pista de pádel, por la que está imputado el exsecretario de Urbanismo Víctor Reyes. Curados de espanto, el nuevo Plan Especial intenta dar cobertura a este tipo de actividades y por lo tanto establecer unos pagos que reviertan en el Ayuntamiento. En su primera versión, según Campos, se llega incluso a contemplar la posibilidad de cerrar las piscinas en pleno verano para celebrar fiestas, “tal y como ocurrió en la mejor época de Luis Gil, sólo que ahora lo quieren hacer tranquilamente y sin problemas”.
Para el abogado Felipe Campos el caso ha sido “una auténtica maquina para hacer dinero” y para el concejal Corrales “ha servido para financiar a CC”
El abogado concluye que “aquí nos hemos encontrado con una auténtica máquina de hacer dinero. Ellos pagaban una pequeña renta por explotar las piscinas y luego podían hacer lo que quisieran”.
Para escenificar el trato de favor que recibieron algunos de los empresarios del ocio de Santa Cruz, Campos relata el resultado de las investigaciones del caso Ubara, que analiza la posible financiación ilegal del Centro Canario Nacionalista (CCN). A un promotor con nombre y apellidos radicado en La Noria se le hacía la vista gorda ante determinadas denuncias que, sin embargo, cuando se presentaban a otros concluían en el cierre del negocio. A partir de aquí el local era asumido por el primero. Se trata de uno de los empresarios a los que, según Campos, el actual alcalde querría favorecer con las nuevas concesiones. La policía también interceptó llamadas telefónicas para beneficiar a determinadas personas y que pudieran así ingresar en sus cuentas, “millones sin ningún control”.
Campos sospecha que estos comportamientos son los que se quieren ahora mimetizar en el Parque Marítimo otorgando un trato privilegiado a la élite de empresarios que siempre han controlado la noche chicharrera. El edil de IUC-XTF, José Manuel Corrales, lo dijo recientemente en un pleno: “El Parque Marítimo ha servido para financiar a Coalición Canaria”.
El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, del Partido Socialista Canario-PSOE niega que las intenciones del Ayuntamiento sean privatizar este espacio y garantiza que el uso público se va mantener dentro de los espacios que están en manos de las instituciones. Para el también primer teniente de alcalde el nuevo Plan Especial del Parque Marítimo lo que se va a hacer es marcar claramente cuáles son los usos que caben o no en cada uno de los ámbitos. “En estos momentos hay demasiadas interpretaciones de lo que se puede o no hacer, lo que ha llevado a la confusión de los empresarios, funcionarios y vecinos de la zona sobre lo que está permitido o no y lo que queremos hacer es racionalizar lo que allí se permita”. El concejal incluso quita importancia a las convocatorias de los concursos, porque está seguro de que van a quedar desiertos. En estos momentos se está intentando negociar con vecinos, fuerzas políticas y empresarios el futuro del recinto. Pero noticias que pueden implicar la destitución de miembros del Consejo de Administración de Parque Marítimo SA, no hacen sino aumentar las sospechas que desde hace años planean sobre este recinto.
Otro extremo que ha trascendido de los sumarios abiertos por las causas penales es, por ejemplo, que se cometió, como mínimo, una irregularidad, al conceder a la Autoridad Portuaria tan sólo el 50% de las acciones
de la empresa Parque Marítimo SA, ya que en realidad le hubiese correspondido el 99%. De esta manera el Ayuntamiento va a tener que abonarle ahora al Estado lo que se ha dejado de percibir durante todos estos años por ese reparto incorrecto del porcentaje. En teoría en 2010 Puertos abandonó la entidad en cumplimiento de una Ley en vigor desde 2003. A partir de aquí se ha generado un debate sobre el canon que debe abonar la Corporación local por la ocupación del suelo. En caso de mantenerse el actual uso portuario éste asciende a 660.000 euros al año de los que Santa Cruz no está desembolsando cantidad alguna.
Desde 2009 el organismo estatal ha iniciado el proceso para que este suelo deje de tener uso portuario, mucho más caro que el normal, pero estos trámites suelen alargarse durante al menos una década. Otro tanto ocurre con la cercana Dársena de Los Llanos, donde también se está procediendo a cambiar la categoría del espacio para permitir la ubicación de una Marina. Estos trámites son tan engorrosos que ni siquiera en el próximo Plan Especial del Puerto se contempla el nuevo destino. Bethencourt dice que desde hace años han emprendido una negociación para que Puertos les ceda ese suelo, ya que el abono de las cantidades que reclama el organismo estatal haría inviable su explotación. Mientras, Santa Cruz ha optado por emprender una huelga de pagos que no se sabe muy bien cómo acabará.
Los vecinos también existen
La secretaria de la Asociación de Vecinos Nuevo Cabo Llanos, Mercedes Semán, indica que hasta ahora han reunido en apenas dos meses cerca de 7.000 firmas en contra de los nuevos planes del Ayuntamiento para llenar de negocios el recinto. Diferencia dos problemáticas diferentes: Por un lado, los residentes que han tenido y previsiblemente tendrán que volver a sufrir los ruidos, molestias, suciedad y el botellón que se generará en este espacio y la de las personas que quieren bañarse en el entorno. “A este sitio acudimos gente muy humilde que no podemos pagar la entrada del Parque, que no tenemos otra playa a la que ir y que nos quede tan cerca”, indica Semán. En teoría se desaconseja el baño tanto en el muelle como la trasera del Parque Marítimo alegando motivos de contaminación, pero los vecinos siempre se han encontrado hasta ahora una forma de sortear los obstáculos que de manera incansable les han ido poniendo en el camino. Ha habido de todo. Desde vallas a carteles o dificultades para acceder a la playa. Hace poco pusieron unas señales indicativas desaconsejando el baño que los usuarios se encargaron de retirar al momento. De las reuniones que han mantenido con el Ayuntamiento poco se ha sacado.
Los vecinos se han dirigido a la Fundación César Manrique para denunciar la visión mercantilista que se le quiere dar al Parque
Semán dice que las informaciones en las que se anunciaba que les daban veinte días para que hicieran sus propuestas “han sido una absoluta mentira”. Y el hecho incuestionable es que el miércoles volvió a salir a concurso la explotación de los once establecimientos sin respetarse el plazo que supuestamente se había concedido. De hecho, lo que habían exigido estos residentes como primera condición era que no se celebrara la convocatoria. “Nosotros sabemos que en cuanto empiece todo ese proceso ya no habrá marcha atrás”, dice. Así que mal empezaban las cosas.
Semán cree que los negocios que abrirán por la noche causarán molestias en los vecinos y los que lo hagan por el día impedirán el acceso al litoral, como ya ha ocurrido en múltiples ocasiones. El Ayuntamiento se ha comprometido a dejarles una vía libre durante todo el año para acceder a la playa, pero no se fían. Durante un verano unos indigentes se ocuparon de limpiar este espacio ante la desidia de las demás instituciones, entre ellas la Autoridad Portuaria, propietaria de la playa. Los vecinos se han dirigido a la Fundación César Manrique para solicitar su amparo. Creen que el autor de este Parque no lo diseñó para convertirlo en una especie de macrodiscoteca al aire libre.
Conexión con Las Teresitas
Están separados por una distancia de doce kilómetros, pero lo cierto es que entre el Parque Marítimo de Santa Cruz y la playa de Las Teresitas existe una conexión nada sutil que ha sido investigada durante los últimos años en diversas causas. La principal, la que lleva el nombre de la playa, por la que el anterior gestor del Parque, Jorge Bethencourt, llegó a estar imputado por blanqueo de dinero, aunque luego se le retiraron los cargos.
La juez Carla Bellini y la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez siguieron el rastro hasta el límite de lo imposible de las actividades empresariales del periodista, al que llegaron a considerar testaferro de Zerolo. Entre sus principales negocios estuvo precisamente Santa Cruz Park SL, una empresa que se crea en 1996 y cuyo objeto social era “la realización de actividades hoteleras y cualquier otra afín a explotaciones turísticas”. La entidad se fundó con un capital de 12.000 euros a medias con el empresario Valentín Álvarez. Este último fue llamado a declarar por Bellini y la fiscal quienes se interesaron de forma concreta por el préstamo de 24.000 euros que le hizo al empresario y que salió de la caja fuerte del Parque Marítimo. Álvarez indicó que el dinero se lo entregó en efectivo y que se utilizó en la compra de Azul TV, un medio de comunicación que al final acabó en manos de la familia González, que fueron los que vendieron al Ayuntamiento el frente de la playa.
En la compra de Azul TV se habría movido dinero procedente de Santa Cruz Park y que los policías sospechan que podría tener origen a su vez en el cobro ilegal de comisiones de la trama de Las Teresitas. Álvarez declaró que durante los primeros años el recinto tenía unos beneficios anuales de apenas 9.000 euros. En aquel entonces los arrendatarios pagaba 320.000 euros al año en concepto de canon a Parque Marítimo SA. Los negocios debieron ir en picado por que en 2006 cuando ceden esta explotación al empresario, Luis Gil la deuda acumulada sumaba ya 1,2 millones. Ello era debido, según Álvarez, a que el número de visitantes bajó de 350.000 al año a 250.000. La juez y la fiscal también se interesaron por el hecho de que Bethencourt actuara durante un período de tiempo concreto a la vez como asesor de Urbanismo y como gestor del Parque Marítimo, momento en el que se tomaron decisiones y concedieron licencias. En su declaración Bethencourt, dijo que los actos que celebraron siempre contaron con permiso del Ayuntamiento, “hasta que apareció un señor llamado Felipe Campos y a partir de ahí no se dieron más autorizaciones administrativas”.