2015 pasará a los anales de la historia democrática de Canarias como el año de cambio de etapa debido a tres cuestiones fundamentales: el relevo al frente de Coalición Canaria (CC) y del Gobierno de Paulino Rivero por Fernando Clavijo, la mayor pluralidad política del Parlamento con la irrupción en el mismo de dos nuevas fuerzas tales como los emergentes Podemos y los escindidos Agrupación Socialista Gomera (ASG) y, tras las elecciones generales del 20-D, que el partido violeta se haya convertido en la segunda fuerza política de Canarias, mirando de tú a tú al PP y relegando a los socialistas a la tercera posición.
El 9 de septiembre el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, decía en el Parlamento que “lo que no se ha arreglado en 29 años no se va a arreglar en 60 días, pero todo largo viaje empieza con un primer paso, que es el que hemos dado”. El jefe del Ejecutivo resumía con esa frase el buenrollismo que quería implantar en su mandato. Se refería el presidente a su entrevista con el presidente Mariano Rajoy y a la promesa de Cumbre Bilateral que meses después se iba a celebrar en Gran Canaria, pero bien puede aplicarse a la esencia de cómo quiere navegar durante cuatro años: sin las tensiones ni enfrentamientos con el Gobierno central que caracterizaron los últimos cuatro de Paulino Rivero como presidente del Gobierno.
Lo cierto es que el año comenzó con dos cadáveres políticos al frente del Gobierno de Canarias. Tanto Rivero como su número dos en el gabinete, el socialista José Miguel Pérez, sabían desde cuatro meses antes que no iban a pilotar la política de las Islas de los próximos 48 meses y, así las cosas, se limitaron a dejar lo más atada posible la herencia que iban a legar a sus sustitutos: el propio Clavijo y Patricia Hernández, la candidata que la militancia y lasimpatizancia de los socialistas habían designado (contra el aparato del PSOE) que fuera la candidata a presidir el Ejecutivo canario.
Pérez se dedicó en cuerpo y alma durante los primeros meses de 2015 a poner todos los palos orgánicos posibles en las ruedas en el camino de Hernández a sentarse en el sillón presidencial, ninguneando a la candidata hasta extremos antológicos a la hora de elaborar las listas electorales de mayo que ella iba a encabezar e, incluso, boicoteando lo más que pudo su carrera a la jefatura del Gobierno.
Algo parecido también hizo Rivero, aunque con menos capacidad de maniobra dentro de una CC que le había defenestrado. Sin embargo, no desperdiciaba oportunidad para ponerse medallas y dejar en evidencia a Clavijo, más proclive a pactar con el PP tras las previstas elecciones de mayo. Que la compañía Repsol decidiera abandonar la búsqueda de petróleo en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote sirvió a Rivero para decir que “el fracaso cosechado por Repsol, el ministro del petróleo (referencia a José Manuel Soria) y el Gobierno del PP es un éxito para Canarias”, y lanzar un mensaje al nuevo equipo dirigente de los nacionalistas proclive a pactar con los conservadores: “Cabría la posibilidad de que esta retirada pudiera ser adoptada, impulsada por el Gobierno del PP al igual que las prospecciones, para rentabilizarla electoralmente” tratando de paliar en los siguientes meses el desgaste que ha supuesto para el PP.
Los primeros cuatro meses del año transitaron por el Parlamento con más pena que gloria, pese a que se aprobaron leyes tan sustanciales como las de cabildos y ayuntamientos con el consenso total entre partidos e instituciones autonómica, insulares y locales. Unos textos que llevaban décadas de retraso y que reducen las incertidumbres jurídicas, homogeneizan el estatus de todos los cabildos, definen la capacidad de asumir competencias, acercan los servicios a los ciudadanos, evitan duplicidades, definen un marco de coordinación entre las administraciones y mejoran las transparencia y la participación de los ciudadanos.
Pero todo el mundo tenía puesta la vista en las urnas, como también se demostró en el chiripitifláutico nombramiento del presidente y el consejo de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) en base a una ley en principio más democratizadora del ente pero que sirvió a losclavijistas incrustados en el grupo parlamentario paulinista para empezar a hacer borrón y cuenta nueva con la anterior etapa. Una tarea que contó con la inestimable ayuda de unos socialistas embutidos en sus propias trifulcas internas electorales y orgánicas y de un PP que se veía en los bancos azules, junto a Clavijo, a partir del mes de mayo.
Una maniobra tan política que ha estallado justo el mismo día que el Parlamento aprobaba los primeros presupuestos de la IX Legislatura y que el Sorteo de Navidad deparaba algunas alegrías al Archipiélago. La renuncia de María José Bravo de Laguna (propuesta por el PP) del Consejo Rector del ente es producto de la “chapucera” designación del mismo sin esperar a que la nueva representación en la Cámara regional fuese quien lo designara, pues había que decir adiós a la anterior etapa pero antes de que las nuevas fuerzas emergentes (Podemos y Ciudadanos) pudieran tener algo que decir al respecto si lograban tener escaños en la Cámara regional.
Otra vez la ley electoral
Y llegó el día en que hablaron las urnas y nuevamente el hecho diferencial canario, la Ley Electoral, hizo de las suyas: CC ganó en escaños, el PSOE en votos y, además, Ciudadanos se quedó a siete centésimas de romper la barrera regional del 6%, por lo que los 53.549 votos que recibió el partido naranja se quedaron sin voz en la Cámara regional. Diez veces más papeletas que las 5.000 cosechadas por la escindida Agrupación Socialista Gomera (ASG) que lidera el otrora barón del PSOE Casimiro Curbelo. Estas son las cosas de estos peñascos macaronésicos atlánticos y ultraperiféricos.
Pero la urnas también dieron al traste con las pretensiones del PP de volver al Gobierno regional tras haberlo abandonado de motu proprio a finales de 2010. Los conservadores, que en 2011 fueron los más votados con el 31,94% de los votos válidos emitidos para el Parlamento de Canarias, se estamparon hasta el 18,62%. Es decir, 12 diputados, que sumados a los 18 de Coalición Clavijo no eran igual a 31, la mayoría absoluta necesaria para investir al futuro presidente del Gobierno. Una mayoría que solo sumaban nacionalistas y socialistas, por lo que a regañadientes de los primeros no había más remedio que reeditar el Pacto que suscribiera Rivero en 2011.
Tan a disgusto estaban varios de los dirigentes y cargos públicos de CC con volver a cogobernar con los socialistas que el sacrosanto pacto en cascada cascó a las primeras de cambio: en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, y estuvo a punto de no suscribirse en el Cabildo de Tenerife. Y no se cumplió el pacto en muchos más municipios que los previstos para que los dirigentes de uno y otro partido pudieran hacer la vista gorda. Y aún a finales de año el cascado pacto colea en La Laguna, donde el alcalde de CC ha cesado a su primer teniente de alcalde, Javier Abreu, como responsable de Aguas. Por no hablar de que, a 31 de diciembre, no se ha revertido ni uno solo de los incumplimientos existentes desde mayo.
Esas negociaciones, y su traslado a los puestos de la Mesa del Parlamento, tuvieron también su luz (Carolina Darias se convirtió en la primera mujer en acceder a la Presidencia de la Cámara en 32 años) y sus sombras (CC y PSOE dejaron fuera de la Mesa a Podemos y Nueva Canarias, dos fuerzas que experimentaron un notable respaldo electoral, o que se bloqueara el debate de la reforma electoral que pedía toda la oposición).
1.461 días
Y al final llegó el debate de investidura, que Clavijo ganó con 36 votos (los 3 diputados del Mixto le otorgaron su “confianza temporal”), tras pedir “una oportunidad” para demostrar que sus 1.461 días al frente del Gobierno serían tiempos de mano tendida, diálogo y entendimiento. Había comenzado oficialmente la Legislatura del Buen Rollito.
Pero el buenrollismo no ha imperado precisamente en el seno del gabinete, que ha vivido demasiada confrontación interna. La ceremonia de la confusión de los pactos cascados municipales e insulares estuvo aliñada por la política de nombramientos del Ejecutivo, tendente más a agradecer servicios prestados que a primar la idoneidad o la eficiencia, aderezada además por cuestiones como la de la directora general de Relaciones con la Justicia, Lourdes Quesada, una ex alto cargo del PP nombrada por la cuota del PSOE y que fue investigada hace dos legislaturas por sus implicaciones directas en casos tan sonados como el de las ambulancias y el del concurso que ganó una empresa inmobiliaria para ofrecer los servicios de hemodiálisis, o la de la responsable de la Agencia Tributaria Canaria, cuya idoneidad académica se ha puesto en duda desde la bancada de la oposición.
A lo que hay que unir aquel amago de los nacionalistas herreños de abandonar el Gobierno y el grupo parlamentario si prosperaba la moción de censura que el PSOE había interpuesto contra la alcaldesa de La Frontera. Un episodio que se saldó con los socialistas de la Isla del Meridiano dirigidos por una gestora a cambio de que Clavijo desbloquease dos nombramientos que estaban pendientes por la cuota del PSOE: viceconsejero de Relaciones con el Parlamento (José Francisco Armas) y viceconsejero de Justicia (Manuel Fajardo).
Y entre col y col la lechuga del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) y su reparto tripleparitario que ha vuelto a enfrentar al Gobierno con la oposición y al Ejecutivo con uno de los siete cabidos, el de Gran Canaria, haciendo que el fantasma del insularismo volviera a campar a sus anchas por el Archipiélago. Sin olvidar el pulso político que abrió el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, a cuenta de la financiación de las carreteras de la Isla al negociar directamente con el Ministerio de Fomento, puenteando al propio Clavijo y a la consejera de Obras Públicas, la socialista Ornella Chacón.
En definitiva, el Buen Rollo no parece haber hecho mella en estos seis primeros meses de la Legislatura, que han estado más caracterizados por las tensiones internas de un pacto que se ha dedicado más a arreglar sus propias costuras que a aplicarse en sentar las bases para crear empleo, posibilitar el crecimiento económico y garantizar las políticas sociales del Estado del Bienestar “sin que nadie se quede atrás”.
Y en cuanto a las relaciones con la oposición, sirva como ejemplo uno de las últimas polémicas parlamentarias que tendrán que resolverse a principios de 2016: la pretensión de nacionalistas y socialistas de restringir a cuatro las preguntas de control al presidente Clavijo, pese a que existen seis grupos en el arco parlamentario, lo que supondría que Podemos, Nueva Canarias y Mixto solo pudieran preguntar una vez cada tres plenos.