Todas las alarmas de la administración de Justicia han ido activándose progresivamente y en efecto cascada desde
que Alberto Ruiz Gallardón se hiciera con los mandos del Ministerio. Las reformas impulsadas por el ministro que más debate han suscitado han sido dos: la Ley de Tasas Judiciales, reformada recientemente a base de decretazo, como acostumbra a hacer la Administración central desde hace más de un año, y el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros.
La reforma por la que la inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones y divorcios pasaría a estar en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles da carpetazo a la Ley de Registro Civil de 2011, que contó con el visto
bueno de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular (PP), entonces en la oposición, y cuya entrada en vigor estaba prevista para 2014. La regulación aprobada durante la última legislatura de José Luís Rodríguez Zapatero restaba a los jueces la carga burocrática que actualmente les supone estar al frente del Registro Civil, al pasar a depender de los secretarios judiciales y funcionarios con licenciaturas en Derecho. Sin embargo, la sustancial modificación de Gallardón derivará en que la norma, que se alcanzó con total consenso, ni siquiera llegue a aplicarse.
Esta actitud ha levantado ampollas entre funcionarios, notarios y los propios registradores, además de a una ciudadanía que se vería obligada a pagar por trámites, como las bodas civiles, que actualmente son gratuitas ante el juez. A pesar de que el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez, ha asegurado que los actos obligatorios, como nacimientos o defunciones, y las certificaciones seguirán siendo gratuitas, el borrador recoge nuevos hechos a inscribir, como el domicilio o los poderes de representación.
Disminución de la privacidad
El registro civil se convierte así en una ley profundamente intervencionista, que somete a inscripción prácticamente todos los aspectos de la vida privada, advierte el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, que considera que el borrador no beneficia a los ciudadanos, exagera la función registral y minusvalora la notarial. Algo que ocurre, por ejemplo, con la modificación del artículo 32 de la Ley Hipotecaria sobre las tercerías de dominio; o en materia de divorcios, ya que el borrador estipula que lo manifestado ante notario carecerá de eficacia hasta que lo califique el registrador.
Los registradores se convertirían en una especie
de gran hermano arropados por una ley tremendamente intervencionista
Cavallé señala que el texto infla de competencias el registro 
a la par que de trámites innecesarios que califica de engorro 
y prevé que entorpecerán el tráfico jurídico, pero por los que se incrementará la cantidad que se cobre a los ciudadanos, apostilla. Los registradores se convertirían en una especie de gran hermano que absorberían el Registro Civil, el Registro de Seguros, el de Fundaciones, que es un registro peculiar vinculado al Protectorado del Ministerio que corresponda, y el de Últimas Voluntades.
El decano afirma que el borrador modifica totalmente el sistema de seguridad jurídica preventiva que hay en España, que en la actualidad es uno de los más eficientes del mundo, y cuestiona las intenciones que hay detrás de lo que considera una privatización del servicio público que, recuerda, estuvo impulsado por la Asociación de Registradores Bienvenido Oliver (Arbo), al que según recogen varios medios pertenece Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno. Cavallé añade que el anteproyecto fue elaborado por la Dirección General de los Registros y del Notariado al margen del colectivo notarial, y que carece de estudios sobre su viabilidad económica.
Privatización del servicio público
Los trabajadores del registro en Canarias ya han salido a la calle para protestar por lo que también consideran la privatización 
de un servicio, en el que la portavoz del comité de empresa de 
la mesa sectorial de Justicia del Gobierno de Canarias, Meri Pita, asegura que no hay trabajo acumulado y funciona de forma eficiente. Dicha privatización se explica en que los registradores, a pesar de tener condición de funcionarios públicos, obtienen una retribución que no se encuentra incluida en los Presupuestos Generales del Estado, cuya cuantía depende de las inscripciones que realizan y de los certificados que expiden.
La modificación es impulsada por la Asociación de Registradores Bienvenido Oliver (Arbo), al que pertenece Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno
La modificación deja en el aire a los funcionarios que actualmente trabajan para el Registro, que no son traspasados, lo que supondría, explica Pita, la pérdida de unos 100 puestos de trabajo en Canarias y unos 3.000 en todo el Estado. Esta situación preocupa también a los propios registradores, que dudan de poder asumir el traspaso de competencias, ya que el texto no estipula el arancel correspondiente por el que la financiación correría a cargo de los usuarios.
Los registradores no quieren el Registro
Los registradores se mantuvieron expectantes y no mostraron una posición abierta ante el proyecto hasta mediados del pasado abril, cuando miembros del colectivo de toda España se reunieron en asamblea en Zaragoza y concluyeron por mayoría que no querían asumir la llevanza del Registro Civil. El decano del Colegio de Registradores de la Propiedad de Las Palmas, José Antonio Utrera-Molina, califica la modificación de la Ley como una “complicación” que significaría al colectivo un quebranto económico, al ser este servicio “muy costoso”. “No tenemos ni idea de cómo quiere organizar el Gobierno esto”, añade.
Utrera-Molina confía en que la Administración central arbitre medios que no pongan en peligro “una institución que funciona”, en referencia al Registro, aunque puntualiza que si finalmente 
el Gobierno determina que “tenemos que llevarlo a cabo, no hay otra solución”.
Adiós a los Juzgados de Paz
La repentina prisa por digitalizar los libros de los Juzgados de Paz coincide con una de las bazas de la reforma, la plataforma electrónica, que lejos de encontrarse abierta a los usuarios mediante el acceso directo vía 'on line', como pretendía el anterior Gobierno, quedará en el ordenador de los registradores.
El pasado marzo comenzó la digitalización de los ejemplares posteriores a 1950 de los 14 Juzgados de Paz de Canarias ubicados en localidades con una población superior a los 20.000 habitantes.