“Qué fácil es hacer oposición cuando se tiene la colaboración de los funcionarios”. Así se pronunció Claudio-Alberto Rivero, ex director de gobierno de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ahora nombrado coordinador general en un subterfugio para sortear la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el nombramiento de los concejales no electos, en un pleno de la corporación municipal del mes de noviembre, en contestación a la concejal socialista Isabel Mena y en referencia al papel desempeñado por el interventor, un funcionario habilitado nacional, en un expediente sobre el que había puesto reparos.
Meses antes, Rivero ya había mostrado públicamente sus desavenencias con Eduardo Goig, el interventor, y con Ana María Echeandía, la secretaria general, a quienes había acusado de bloquear la gestión municipal con continuos reparos a sus expedientes. Reparos que, como norma general, eran levantados con otros informes favorables firmados por su mano derecha, José María Cabrera, director general de Recursos Humanos y cargo de confianza del PP.
En un pleno celebrado el 21 de diciembre, el grupo de gobierno del PP sorprendía con la inclusión de un expediente por la vía de urgencia en el que se rebajaba el sueldo a los dos funcionarios de carrera un 25%, de 77.000 a 58.000 euros, para equiparar las retribuciones de los órganos directivos de la administración capitalina. Este acuerdo plenario, aprobado con los únicos votos del PP, fue interpretado por la oposición y por los propios afectados como una 'vendetta' por las discrepancias y los informes negativos de los habilitados nacionales.
El interventor, que se jubiló en enero, puso reparos al acuerdo y ello originó un error del alcalde, que resolvió las diferencias planteadas por Goig a pesar de no tener competencias para hacerlo. El fallo provocó que los trabajadores municipales no pudieran cobrar las nóminas de enero a tiempo y tuvo que ser enmendado en el pleno ordinario celebrado el 25 de enero.
Unos días después, la secretaria general interpuso un recurso contencioso-administrativo especial para la protección de sus derechos fundamentales, aún por resolver, al considerar que el acuerdo adoptado por el grupo de gobierno por la vía de urgencia era lesivo.