En los últimos meses, numerosas voces han alertado de la crítica situación que atraviesa el sistema eléctrico español, lastrado por una deuda de más de 27.500 millones de euros y necesitado de una reforma que garantice su viabilidad. Con seis sistemas aislados ?solo las islas de Lanzarote y Fuerteventura se encuentran interconectadas?, altamente dependientes de fuentes de energía externa y con unas redes de distribución prácticamente al máximo de su capacidad operativa, Canarias es probablemente el eslabón más vulnerable de la red eléctrica de España y la región que más ha sufrido las consecuencias de los intentos de reordenar el sector que ha acometido el Gobierno.
Desde febrero del pasado año, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ha puesto en marcha media docena de decretos encaminados a reducir el déficit de tarifa generado por la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y la cantidad ?menor? que se cobra a los consumidores y que, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cerró 2012 por encima de los 27.500 millones de euros.
Una de las primeras medidas anunciadas por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, fue la de paralizar todas las inversiones en nuevas infraestructuras en el sistema eléctrico en tanto se elaboraba un texto legislativo que ordenara el sector y garantizara su viabilidad. Esta decisión disparó todas las alarmas en el archipiélago, ya que hace años que se alerta del riesgo de un colapso del sistema en caso de que no se amplíen la capacidad generadora y las redes de transporte.
A 31 de diciembre de 2012, la potencia eléctrica instalada en las islas era de 3.146 Megawatios (MW), apenas un 0,2 por ciento superior a la registrada a cierre del año anterior, según los datos ofrecidos por el avance del Informe del sistema eléctrico español en 2012, elaborado por Red Eléctrica de España (REE), empresa encargada de operar las redes de transporte de electricidad. Alrededor de un 89 por ciento de esta potencia ?2.820 MW? corresponde a las fuentes del llamado régimen ordinario, es decir, a las que dependen de materias como el fueloil o el gas para su generación y que es producida en la docena de centrales que la empresa Endesa explota en las islas.
Este tipo de energía cubrió el pasado año una demanda bruta de 8.755 Gigawatios hora (Gwh), mientras que la demanda total en el conjunto del archipiélago ascendió a 8.911 Gwh, un 0,5 por ciento superior a la registrada un año atrás. Este incremento supone romper una racha de descensos acumulados en el consumo que se inició en el año 2009, cuando la demanda alcanzó los 9.107 Gwh, frente a los 9.333 Gwh registrados en 2008.
La evolución negativa de la demanda está íntimamente ligada a la evolución de la crisis económica y ha supuesto un alivio para las redes de transporte de las islas, que se encuentran rozando el máximo de su capacidad. De hecho, para encontrar los picos máximos de demanda de energía diaria registrados en el archipiélago tenemos que retroceder hasta el 10 de junio de 2006, con 33.490 Megawatios hora (Mwh), cifra que se encuentra muy alejada de los 27.942 Mwh registrados el día de mayor demanda del pasado año.
Canarias es probablemente el eslabón más
vulnerable de la red eléctrica de España y
la región que más ha sufrido los intentos
del Gobierno de reordenar el sector
En los primeros meses de 2013, la situación no parece mejorar. Según datos de Endesa, entre enero y marzo la demanda de energía eléctrica bajó en las islas un 4,9 por ciento en relación al mismo periodo de 2012. La caída fue más acusada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con un 5,7 por ciento. En la de Las Palmas, en cambio, la demanda descendió el 4,3 por ciento.
Mal en renovables
Mientras que en el sistema eléctrico peninsular las fuentes renovables o de régimen especial contribuyeron el pasado mes de marzo al mix energético con más de la mitad de la electricidad generada y, en concreto, la energía eólica supuso el 27,7 por ciento del total de la energía producida en dicho mes ?con un aumento de más del 60 por ciento con respecto a la producción registrada doce meses atrás?, según los datos de REE, la situación en Canarias es desoladora.
En 2012, apenas el 11 por ciento de la potencia instalada en las islas, 346 MW, correspondió a fuentes de energía renovables, mientras que sólo el 8,1 por ciento de la demanda fue satisfecha con este tipo de energía. A pesar de las excelentes condiciones climatológicas que posee el archipiélago para desarrollar energías como la eólica o la solar fotovoltaica, estas fuentes tan solo aportaron al mix energético el 5 y el 3 por ciento, respectivamente, de la electricidad consumida en las islas el pasado año.
Una de las principales causas de la enorme diferencia en el desarrollo de la energía eólica en las islas con respecto a la península se encuentra en la no adjudicación de nuevos parques de aerogeneradores que incrementen la potencia de este tipo de energía, a consecuencia de las irregularidades detectadas en el concurso eólico de 2005 y la paralización del iniciado en 2007. A esta circunstancia se suma, además, la decisión tomada a comienzos del pasado año por el Consejo de Ministros de suprimir la concesión de primas a la implantación de energías renovables, una medida que, a juicio de las diversas patronales y asociaciones de productores, supone un “golpe mortal” al sector.
Las llamadas primas a la instalación de renovables son una subvención que recibían los productores de este tipo de energías para compensarles por una serie de costes en los que incurrían, pero los productores tradicionales no y que, a juicio del Gobierno, incidía negativamente en el aumento del déficit tarifario que arrastra el sector eléctrico español.
Debido a la escasa implantación de las fuentes de energía renovables en las islas, desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se aseguró que se trabajaba en un plan para dotar al archipiélago de un régimen especial adaptado a sus singularidades. Sin embargo, en la media docena reformas normativas que sufrió la regulación del sistema eléctrico a lo largo de 2012, esta adaptación no llegó a materializarse.
En 2012, apenas el 11% de la potencia
instalada en las Islas correspondió a fuentes renovables
A pesar de ello, desde que el pasado mes de marzo el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunciara la tramitación de un nuevo proyecto de ley para regular el mercado eléctrico, un grupo de técnicos del Ministerio y de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias han estado negociando para alcanzar un acuerdo y, entre otros asuntos, conseguir desbloquear los concursos eólicos del archipiélago, objetivo que parecen haber logrado en las últimas semanas. Así, la pasada semana la consejera de Industria, Francisca Luengo, aseguró haber alcanzado un acuerdo para que las empresas de las islas cuenten con primas a la generación de energía renovable en el archipiélago antes del próximo verano, en el marco de la negociación con el Ministerio de Industria sobre la reforma del sector energético en los territorios extrapeninsulares.
Del mismo modo, este acuerdo, que aún debe superar el trámite de aprobación parlamentaria, supondría el desbloqueo del concurso eólico de Canarias, ya que la nueva normativa levanta el veto a la construcción de las subestaciones que estas infraestructuras necesitan para verter la electricidad que generan a la red. Sin embargo, esta solución consensuada pende aún de un hilo, ya que una enmienda presentada por los diputados del Partido Socialista y Coalición Canaria a este proyecto de ley podría poner en peligro el acuerdo, en el caso de que el Partido Popular decidiera hacer valer su mayoría absoluta e ignorar el compromiso previamente alcanzado con el Ejecutivo autonómico.
Mejoras en la distribución
A finales de 2003, un real decreto que liberalizaba el sector eléctrico español designó a Red Eléctrica como operador del sistema eléctrico en los sistemas extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla). En julio de 2010, la empresa adquirió la totalidad de las redes de distribución de Endesa, convirtiéndose en el único operador del sistema eléctrico canario.
La designación legal de REE como operador del sistema conlleva la obligación de “mantener y desarrollar la red de transporte en los sistemas insulares y extrapeninsulares”, así como la de “proponer el plan de desarrollo de los medios de transporte y de generación, necesarios para conseguir el nivel de garantía de suministro en cada uno de los sistemas eléctricos insulares”.
En el marco de esas obligaciones, Red Eléctrica anunció un programa encuadrado en el proyecto de Mejora de Activos de Red, que pretendía integrar y mejorar las líneas y subestaciones de transporte insulares que fueron adquiridas a Endesa, y que suponía una inversión de alrededor de 150 millones de euros entre 2011 y 2015.
La irrupción de Red Eléctrica supondrá la
expropiación de Garona del Viento,
en El Hierro, y del salto Chira-Soria
en Gran Canaria
Entre 2011 y 2012, la compañía acometió casi el 30 por ciento de las actuaciones previstas en este proyecto. En concreto, se llevaron a cabo diversas acciones de mejora y renovación de estaciones y equipos, por un importe de 40,5 millones de euros, así como diversas tareas de mantenimiento comprendidas en un plan específico para la red eléctrica canaria, fijado en 16,5 millones y en el que se invertirán otros 9,7 millones de euros a lo largo de este año.
A esta inversión se suma un programa extraordinario anunciado el pasado mes de enero que contempla inversiones en las subestaciones de Jinámar, en Gran Canaria, y Candelaria, en Tenerife. En concreto, la compañía ha señalado que prevé destinar unos 700 millones de euros en su plan estratégico 2013-2017 a infraestructuras en Baleares y Canarias.
Búsqueda de competencia
Debido a los altos costes que conlleva producir la electricidad en un territorio fragmentado y alejado del resto del país, los sistemas eléctricos extrapeninsulares han contribuido en gran medida al incremento de la factura del déficit tarifario.
En este contexto, el desembarco de Red Eléctrica en el archipiélago tenía como justificación desligar las funciones de producción y transporte de la energía, hasta entonces en manos de Unelco-Endesa, para propiciar la entrada de nuevas empresas generadoras y comercializadoras que mejoraran la eficiencia económica del sistema eléctrico de las islas, reduciendo su déficit tarifario, a través de la introducción de competencia.
A pesar de esta liberalización, en la práctica el sector continúa casi enteramente en manos de Endesa, ya que no se ha producido el desembarco de ninguna otra empresa generadora de electricidad en el archipiélago, más allá de la sociedad Gorona del Viento, empresa encargada de la construcción y explotación de la central hidroeléctrica de El Hierro y que se encuentra participada por el Cabildo herreño (60 por ciento), el Instituto Tecnológico de Canarias (10 por ciento) y la propia Endesa (30 por ciento).
Ante esta situación, el pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley encaminado a garantizar el suministro e incrementar la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Se buscaba reducir el sobrecoste que soporta el Estado por la generación deficitaria que se da en este tipo de sistemas.
Entre las medidas propuestas en esta ley se encuentra posibilitar la introducción de nuevas instalaciones más eficientes, de forma que abaraten el coste de generación o la implantación de “mecanismos retributivos para nuevas instalaciones de producción, con la finalidad de disminuir el coste de generación”, lo que en la práctica supondría volver a abrir la puerta a un sistema de primas a las energías renovables.
Sin embargo, este proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria incluía dos previsiones que despertaron numerosos recelos en el sector. Por una parte, con el objetivo de “garantizar la seguridad del suministro”, la norma establece que la titularidad de las instalaciones de bombeo y plantas de regasificación corresponderá al operador del sistema eléctrico y al gestor técnico del sistema gasista, respectivamente. En la práctica, esta previsión supondría la expropiación de Gorona del Viento a sus actuales propietarios y su adjudicación a Red Eléctrica.
Mucha más polémica causó la prohibición de poner en marcha nuevas instalaciones a los grupos empresariales que posean “un porcentaje de potencia de generación de energía eléctrica superior al 40 por ciento” en el sistema. Esta cláusula, que buscaba justificación en la necesidad de favorecer la entrada de nuevos operadores en los sistemas extrapeninsulares fue interpretada desde las islas como un ataque a Endesa y la sentencia de muerte al proyecto impulsado por el Cabildo de Gran Canaria para crear una planta hidroeléctrica entre las presas de Chira y Soria, capaz de producir el 25 y el 33 por ciento de la energía consumida en horas punta en la isla, y en cuya construcción y explotación participaría la empresa controlada por la italiana Enel.
Este requisito fue otro de los puntos que centró las negociaciones entre el Ministerio de Industria y el Ejecutivo regional y, según declaraciones de la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno regional, Francisca Luengo, a Canarias Ahora el pasado 16 de mayo, “ha sido suprimido” del texto que previsiblemente se aprobará en el Congreso de los Diputados, ya que no sólo perjudicaba a la empresa que actualmente genera la práctica totalidad de la energía en el archipiélago, sino que “creaba incertidumbres en el suministro”.
Así, la plasmación de los compromisos adquiridos entre los representantes del Ministerio de Industria y del Gobierno regional en el texto de la futura ley de garantía de suministro e incremento de la competencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares supondría el desbloqueo del concurso eólico que, unido al retorno de las primas a la instalación de energías renovables y la luz verde a la participación de Endesa en proyectos como el salto hidroeléctrico de Chira y Soria, podría suponer el impulso que necesita el sistema eléctrico de las islas para aumentar la competencia y reducir sensiblemente su dependencia del petróleo y apostar por unas energías más limpias y sostenibles, cuya presencia actual en el mix energético del archipiélago es meramente testimonial.