La historia reciente de la principal playa de la capital tinerfeña, Las Teresitas, se ha convertido en un tubo de ensayo en el que comprobar hasta dónde puede llegar la ambición desmedida. Igualmente es ejemplo de los efectos nocivos que tiene sobre la legalidad la fiebre del oro desatada ante la posibilidad de ganar dinero de forma rápida. Unos empresarios que se hacen multimillonarios gracias a una decisión municipal más que cuestionada por los tribunales y un grupo de vecinos que son despojados de sus pocas propiedades o a los que se les estafó de una forma que cada vez va quedando más en evidencia por la Justicia.
En este enclave hay que diferenciar tres ámbitos. El frente que hasta 1998 era propiedad de múltiples dueños particulares o empresas hoteleras que habían invertido su dinero en estos solares con la esperanza de ver multiplicados sus ahorros de toda la vida o construir establecimientos en primera líne a
de playa. En la trasera hay una enorme parcela del Ministerio de Defensa que también ha estado rodeada de múltiples 
pleitos judiciales y un centenar de propietarios, casi todos ellos agricultores, que poseían pequeñas huertas. De ahí el nombre de este lugar. Los alcaldes pedáneos de San Andrés tenía por tradición regalar solares a los vecinos y con el tiempo estas propiedades se convirtieron en una posible fuente de riqueza pero también en un auténtico quebradero de cabeza. Detrás de Las Huertas se sitúa un núcleo de viviendas unifamiliares de más de medio siglo de antigüedad donde reside un grupo de vecinos conocidos como los extranjeros. Son personas llegadas de Alemania, Francia, Suecia o Bélgica que a veces residen aquí todo el año y otras lo hacen tan sólo durante ciertas épocas. En cada una de estas tres zonas, aunque se dio un problema común, también se presentan distintas particularidades.
En el año 1998 la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT)
de Antonio Plasencia e Ignacio González compró de forma precipitada todas estas propiedades por 33 millones de euros. Una operación que comienza justo un día antes de que los magistrados del Tribunal Supremo (TS) se reunieran para decidir sobre la batalla legal abierta desde hacía años en la
que se discutía si era posible o no construir en el frente de la playa. El resultado del fallo que se dio a conocer varios meses después era que efectivamente sí se podía edificar. Ahora, sin embargo se imponía una reducción respecto a anteriores planes totalmente desproporcionados que querían convertir esta playa en una especie de Benidorm. En 2001 y de una forma igual de precipitada, ILT vende once parcelas situadas en el frente al Ayuntamiento por 54 millones y se queda con el resto. En teoría la operación era impecable. Por aquellas fechas los ciudadanos se echaban a la calle exigiendo que el frente de la playa quedara libre de construcciones. De hecho, era la primera vez en la historia de España que una institución gastaba una cantidad tan importante de dinero en comprar terrenos con el único fin de que no se construyera en ellos.
Sin embargo, ya algo olía a podrido. Nada más cerrarse
la compra y salir publicado el convenio entre ILT y el Ayuntamiento por el que se permitía traspasar la edificabilidad del frente a Las Huertas, los vecinos comienzan a plantear sus dudas sobre cómo habían quedado sus terrenos. Efectivamente, los primeros en dirigirse al presidente de la Junta de Compensación, Jerónimo Delgado, son los residentes conocidos como los extranjeros. Algunos habían acudido ya al Registro de la Propiedad y comprobado con estupor como sus casas habían desaparecido y el suelo estaba inscrito a nombre de ILT sin que ellos jamás hubiesen pertenecido a la Junta, ni recibido dinero alguno por la supuesta venta. Delgado indicó que en el año 1989 todos estos propietarios no habían hecho ningún tipo de alegación a la inscripción de las fincas en la entidad cuando se llevó a cabo el proyecto de reparcelación que reparte las cargas y beneficios entre los propietarios. Además, dejaba deslizar que ninguno de ellos tenía nacionalidad española.
Veinte vecinos de Montaña Morera y alrededor de cien de Las Huertas han visto cómo sus propiedades les fueron arrebatadas
Esta veintena de vecinos comienza a presentar escritos ante la Gerencia de Urbanismo mostrando su perplejidad por lo que ha ocurrido y denunciando “absoluta indefensión”. Seis años más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) les daría la razón y obligaría a que la ordenación de Las Teresitas volviera al año 1989 para que se les informara de los acuerdos que a partir de aquí se tomaron y dieran su opinión. Este es el auto que ha sido dado a conocer en estos días y que desde
la Gerencia de Urbanismo se ha valorado como un éxito para estos vecinos y los de Las Huertas. Ahora se obliga a convocar una nueva reunión en la que los residentes de Montaña Morera plantearán sus argumentos, que lógicamente pasan porque les devuelvan sus propiedades y sean inscritas a su nombre en el Registro.
Las circunstancias de Las Huertas son diferentes. En este último caso se trata de otro grupo de un centenar de residentes, casi todos de San Andrés, agricultores o pescadores sin demasiados recursos económicos que han dilapidado una fortuna en inacabables procesos judiciales. En este caso algunos de ellos sí pertenecían a la Junta pero tras la venta a ILT o no se les pagó nada o percibieron menos de lo que les correspondía. La estafa puede llegar a sumar más de cinco millones de euros. No fue hasta 2006 cuando los primeros comenzaron a ver reconocidos sus derechos por los tribunales. Se trataba de cuatro parcelas
de la familia González Sanfiel que ni fueron aportadas a la Junta, ni llegaron a ser expropiadas. Posteriormente, el TSJC reconocería que tenían derecho a ser indemnizados ya que con
el transcurrir del tiempo era imposible devolver los terrenos. Este procedimiento ha sido llevado por el abogado, Miguel Cabrera Pérez Camacho y a él se han unido ya varias decenas más de antiguos propietarios. En estos momentos se está a la espera de que el TSJC realice una tasación sobre el valor del suelo. Ellos por su parte, han fijado el precio en cerca de 2.000 euros el metro cuadrado, que es el que pagó la empresa Desurcic, integrada por Mapfre e ILT en 2006 por Las Huertas y que sumó un total de 95 millones. La Junta aceptó pagar 6 euros por metro cuadrado que se corresponde a la expropiación fallida llevada a cabo en los años setenta.
La operación de venta a Desurcic de los terrenos de la trasera
de la playa, donde esta previsto construir una urbanización para 5.000 personas, ha sido interpretada como un intento de los empresarios de acogerse al principio de tercero de buena fe que les blindaría a la hora de verse obligados a devolver las propiedades. Pedro González, hijo del empresario, es directivo de Desurcic
y existe una participación de ILT en esta empresa. Incluso se sospecha que la aseguradora fue utilizada como simple pantalla. De hecho, en el contrato firmado no se incluyó ninguna cláusula por si alguno de los numerosos contenciosos ya abiertos les resultaran desfavorables, lo que no deja de sorprender. ILT se quedó con la totalidad de Montaña Morera.
La actitud del Ayuntamiento con este grupo de vecinos ha
sido hasta hace poco de clara enemistad. En 2001 nombraron
al abogado Ángel Ballesteros Fernández para que respondiera sobre sus reivindicaciones y estudiara la documentación que le presentaron. Este letrado es un estrecho colaborador del jurista Luciano Parejo, que resulta ser hermano del entonces concejal
de Urbanismo, Manuel Parejo. El abogado cobró por adelantado casi 11.000 euros por contestar las alegaciones de los vecinos de Las Huertas, pese a que esta labor debía haber sido desempeñada por un funcionario, tal y como sostiene la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez. Todas las reclamaciones fueron rechazadas de plano y de golpe con el argumento genérico de que los propietarios no figuraban como titulares registrales.
Curiosamente, algunos años después, cuando ya estaba en marcha la causa penal y Parejo había abandonado la Gerencia de Urbanismo, estos mismos documentos sirvieron para que el propio organismo autónomo reconociera que hasta un 80% de los reclamantes tenían razón. La imagen de estos propietarios enfrentándose a las palas que intentaban urbanizar sus terrenos ha saltado en varias ocasiones a los informativos nacionales, la última vez en 2010. En Montaña Morera el Ayuntamiento se empeñó en talar unos laureles de Indias, pero se encontraron
de frente con la oposición de los residentes capitaneados por Lola Schneider que finalmente consiguieron un doble objetivo: convertir esta causa en un símbolo de la resistencia contra la trama de Las Teresitas y, por supuesto, preservar los legendarios ejemplares. Desde 2001 se han llevado a cabo varias reuniones entre los abogados de los vecinos de la trasera de Las Teresitas y los directivos de la Junta, de Desurcic e ILT para intentar llegar a un acuerdo, pero todas han fracasado. La última vez fue en 2010 cuando se les ofreció una parcela con la edificabilidad que sobraba en Montaña Morera para que formaran una cooperativa y pudieran edificar. Los residentes se negaron y como consecuencia paralela se rompió la unidad que hasta entonces habían demostrado y que ha sido su principal arma.
En cuanto al frente de la playa la situación es más o menos igual de enrevesada. Los pequeños y grandes inversores recibieron llamadas en el año 1998 en las que se les informaba que tenían información privilegiada de que el Ayuntamiento los iba a expropiar. Por ello, desde la Junta se mostraban dispuestos a pagarles un precio, aunque fuera simbólico, por sus parcelas.
En estos momentos hay dos causas penales: el caso Las Teresitas y el mamotreto, cuatro contra el deslinde, al menos cuatro en la vía contenciosa y varias por fraude fiscal
La mayoría de ellos optaron por deshacerse de las propiedades como si les quemara de las manos por un valor menor del real y por supuesto del que luego alcanzarían. La cadena hotelera Sol Meliá y la empresa Teresitas' Properties vieron como de un día para otro se vendían sus parcelas sin haberles consultado. Tras años de batallas legales en el primero de los casos se consiguió en 2011 que una sentencia obligara a la Junta a pagarle a la cadena casi dos millones. El frente es el ámbito que pasó a manos del Ayuntamiento en 2001, junto con otro enorme solar donde antiguamente se situaban unas instalaciones militares. Aquí se iba a construir un hotel diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault, autor de la remodelación de toda la playa. El Ministerio de Defensa lleva años batallando, y nunca mejor dicho, en los tribunales para que se le abone el precio de estos terrenos que puede alcanzar más de 20 millones de euros. En
la última resolución judicial del TSJC se le da la razón pero le indican que en vez de ir contra el Ayuntamiento deben hacerlo contra la Junta. Una entidad que en la práctica ya no existe y que en 2006 apenas contaba con 5.000 euros de saldo.
La compra del frente por parte de la Corporación local tampoco salió bien parada. En 2007 el Supremo anuló esta operación porque nunca se incluyó en el expediente una tasación realizada o avalada por la arquitecta municipal que en aquel entonces era Pía Oramas. Posteriormente, esta funcionaria denunciaría que fue objeto de presiones para elevar el precio de los terrenos. La técnico había hecho una valoración que fijaba el precio de los once solares en poco más de 19 millones, al tener en cuenta que un tercio eran de dominio público y los efectos que traería consigo la aplicación de la moratoria turística. Ambos factores implicaban ya de hecho que no se iba a poder construir en este ámbito. Tras la sentencia del Supremo se está procediendo a devolver los terrenos a ILT que han recurrido a la vía civil.
La empresa reclama que se les indemnice por 63 millones y además se niega a devolver la cantidad cobrada en su momento. La Corporación local, por su parte, pide 74,5 millones que se corresponde a lo pagado más los intereses. La vista oral está previsto que se celebre después del verano.
Causas penales
El año 2006 significa un punto de inflexión en la trama
de Las Teresitas. Hasta entonces los tribunales se habían puesto del lado del Ayuntamiento y de los empresarios.
Sin embargo, cuando el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, crea la Fiscalía Anticorrupción
de Tenerife muchas cosas cambian. El colectivo Ínsula Viable, integrado por personas de izquierdas y ecologistas entre los que estaba el actual concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, había presentado poco antes
una denuncia relatando la trama de Las Teresitas. Farnés se encontró con que gran parte del trabajo ya estaba hecho y a finales de 2006 presentó la correspondiente querella que siete años después sigue su curso. En estos momentos, Miguel Zerolo ha sido imputado por el Tribunal Supremo (TS) dada su condición de senador de la Comunidad autónoma por presunta malversación de fondos, probablemente también lo será por prevaricación y no se sabe si volverá a ser retomada la de soborno. El resto de imputados lo integran funcionarios municipales, los empresarios González y Plasencia, sus hijos Pedro González y Carlos Plasencia, el ex concejal
de Urbanismo, Manuel Parejo y los portavoces socialistas
y del PP en aquellas fechas, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez. Este causa ha sido derivada a los juzgados
de instrucción ordinaria de Santa Cruz. Aparte hay otra pieza separada que analiza lo ocurrido con los antiguos propietarios que parece ser la que va más adelantada. En estos momentos la Fiscalía ha presentado una petición de penas de cárcel que suman 23 años por apropiación indebida y falsedad documental para el abogado de la Junta, Mauricio Hayek, el presidente Delgado, el secretario Álvaro Fernaud
y el tesorero, Martín Clemente, ya fallecido. Una tercera pieza separada analiza la financiación supuestamente ilegal del Centro Canario Nacionalista (CCN), dirigido por Ignacio González, hijo del empresario. Ahora mismo se
está pendiente de determinados trámites para que la Fiscalía presente también sus conclusiones.
En este enclave se contabilizan hasta 150 pleitos desde la década de los años setenta, la mayoría de ellos son reclamaciones de propietarios particulares de Las Huertas
El sumario de esta causa suma miles de folios y el esfuerzo de la Justicia por esclarecer lo ocurrido resulta asombroso. Para unos tanto celo es debido a presiones políticas y para otros una muestra de la gravedad de los hechos. Durante las investigaciones ha habido de todo: escuchas telefónicas, dinero negro, depósitos en paraísos fiscales o de procedencia desconocida, un piso franco, premios de loterías y negocios suculentos. Otra causa penal abierta en este entorno tiene que ver con la construcción
del edificio conocido como mamotreto que iba a albergar
un aparcamiento y centro comercial. La Fiscalía para los delitos medioambientales considera que se incumplió con
la normativa urbanística en vigor entonces y la que estaba prevista en el futuro. Además, apunta que no se pidieron los correspondientes permisos a la Dirección General de Costas, ni al Gobierno de Canarias propietaria de los terrenos y que no se pueden hacer obras mientras se tramita un deslinde. La petición de penas suma 18 años para los acusados, Luz Reverón, entonces concejal de Urbanismo y hoy delegada del Gobierno en La Gomera por el Partido Popular (PP), los ex ediles Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez Pastor
y los técnicos Candelaria Benítez, Loreto Ariz y Epifanio Gómez. El juicio tendrá lugar en el mes de noviembre.
Otras causas
Entorno a Las Teresitas se contabilizan hasta la fecha casi ciento cincuenta pleitos judiciales desde la década de los años setenta. La mayoría de ellos son reclamaciones de propietarios particulares de Las Huertas. En este ámbito también se ha anulado en dos ocasiones la compra del frente de la playa. La primera por no haberse realizado una tasación válida de los terrenos y la segunda porque un tercio del suelo era dominio público de Costas. Precisamente, éste es uno de los tramos del litoral en toda España que ha resultado más controvertido, seguramente junto con Playa del Inglés en el sur de Gran Canaria. Ya se han presentado siete recursos por la fijación de esta línea aunque van en sentido contrario. La Junta de Compensación, el Ayuntamiento, ILT y el Gobierno canario quieren que el deslinde pase por el actual muro. De esta manera se consigue que un tercio de los terrenos comprados dejen de ser propiedad de Costas. Sin embargo, la Asociación Tinerfeña de Amigos
de la Naturaleza (ATAN), Amigos de Las Teresitas y la Plataforma en Defensa del Puerto piden que la línea abarque hasta los aparcamientos y se demuestre que el mamotreto es ilegal.
Hasta ahora todos los recursos han reafirmado
el deslinde fijado por el organismo estatal avalado por un estudio geomorfológico. En el presentado por el Gobierno canario se abrió la puerta a que el fondo de la playa deje de ser considerado un bien demanial, pero sólo si Costas lo estima conveniente. En Las Huertas un fallo que supuso un punto de inflexión, fue el defendido por Miguel Cabrera Pérez-Camacho que obliga a devolver cuatro parcelas a
sus antiguos propietarios, al que se han adherido ya varios más. Un vecino de este ámbito, Antonio Martín, ganó otro contencioso después de que la empresa Desurcic intentara echarle de su casa, conocida como el chalet del francés, para demolerla.
En Montaña Morera los extranjeros han visto hasta ahora como han ganado todos los pleitos, aunque lo cierto es que poco más han conseguido. Aparte por fraude fiscal hay varias causas abiertas que han supuesto ya el desembolso de casi 12 millones de euros en poco más de
un año y medio. La estrategia común era que los antiguos vendedores no declararon lo percibido tras la venta de 1998 como incrementos de patrimonio mientras que la empresa Playa de Las Teresitas SA y la Junta, cuya composición y directiva era prácticamente la misma, tampoco lo registraron como beneficios. Desde hace años se está produciendo
una cascada de resoluciones en contra de estos antiguos propietarios, que sólo en el caso de J. B. ha sumado casi
11 millones de euros. Defensa no ha tenido tanta suerte a
la hora de pedir que le devuelvan los terrenos de la batería militar o se les indemnice. La pelea en la vía civil entre el Ayuntamiento e ILT por el frente supone una auténtica batalla de gigantes por las cantidades que están en juego.
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