Vertidos de aguas en Santa Cruz: mucho por depurar

La depuración de aguas en Santa Cruz de Tenerife se ha convertido en un problema acuciante que ha generado ya la interposición de una denuncia por parte de la Unión Europea (UE), una causa penal impulsada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), la apertura de un expediente sancionador por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) y otros dos procedimientos judiciales que se tramitan en los juzgados de instrucción tinerfeños. El origen se sitúa en que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires se encuentra en la actualidad al límite de su capacidad, carece de punto de vertido y toda el agua depurada se destina a la reutilización. El resultado es que más de ocho millones y medio de metros cúbicos al año van directamente a La Hondura sin tratamiento alguno con la consiguiente contaminación.

Este problema acaba de despuntar de nuevo cuando a finales del pasado mes de julio trascendió que el Gobierno canario había abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Santa Cruz y a la empresa mixta de aguas Emmasa por los incumplimientos constatados en la autorización otorgada en 2005. A partir de aquí se originó un debate entre los ayuntamientos de la capital, La Laguna y El Rosario, hasta el punto de que Santa Cruz advirtió con dejar de depurar las aguas de estas localidades.

El Cabildo tuvo que intervenir para intentar poner algo de razón en este desencuentro. Finalmente, parece que la guerra se ha dado una tregua después de que el Gobierno central sacase a concurso la ampliación de la depuradora por algo más de 17 millones. Sin embargo, desde el ámbito judicial se ha advertido que la ejecución de esta obra no exime las responsabilidades de los anteriores incumplimientos. Por lo tanto, a partir de ahora habrá mucho que depurar y no sólo en cuestión de vertidos.

A la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Cabo Llanos llegan los caudales de los colectores de María Jiménez y Cueva Bermeja, donde residen unos 160.000 habitantes que son las aguas que no se pueden depurar en la estación de Buenos Aires. El problema es que al estar situado a una cota de cien metros resulta imposible el bombeo por lo que el vertido se hace directamente al muelle de La Hondura.

Para el concejal de Sí se puede, Pedro Arcila este hecho es debido a que no funciona una conducción entre la estación de bombeo y la depuradora mientras que desde el Ayuntamiento se justifica por que la estación depuradora no admite más caudal de los actuales 23.293 metros cúbicos al día. Sin embargo, los datos sobre la capacidad real son contradictorios, pese a que resultan básicos a la hora de alcanzar una solución definitiva.

Esta será la piedra fundamental en la que Arcila asentará sus denuncias ante el Juzgado, al haberse detectado que las aguas son vertidas al mar en La Hondura tras ser sometidas únicamente a un pretratamiento, en el mejor de los casos, lo que incumple la normativa. Este hecho vendría a echar por tierra la orden de vertido otorgada en el año 1995 y la autorización concedida diez años más tarde por parte del Gobierno de Canarias.

La denuncia de ATAN fue presentada en 2007 por Arcila y poco se ha andado desde entonces debido a que los abogados de Emmasa utilizan todo tipo de argucias para dilatar el proceso, según el concejal. “Cada vez que damos un paso interponen una serie infinita de recursos”, indica Arcila. Entre los pocos datos que han trascendido están la imputación del anterior concejal de Servicios Municipales, Norberto Plasencia y del actual, Dámaso Arteaga.

Otro hito significativo tuvo lugar cuando la UE denunció al Gobierno central al constatar que el 80% de las aguas residuales urbanas de Santa Cruz son vertidas al mar sin tratamiento. La respuesta de Emmasa es que la capital genera 33.350 metros cúbicos al día, pero además recibe 12.740 de La Laguna y 1.500 de El Rosario, lo que suma casi 50.000 metros cúbicos al día. Un caudal al que deben dar respuesta pero sin medios ni cooperación.

La compañía también ha contestado a los requerimientos del Juzgado, grupo de gobierno del Ayuntamiento y oposición señalando que la zona donde se producen los vertidos tiene la consideración jurídica de “menos sensible” y para casos excepcionales se permite un tratamiento no tan riguroso cuando se demuestra que es necesario.

También se indica desde Emmasa que los vertidos se han realizado con el conocimiento y consentimiento de las administraciones y al amparo de una autorización otorgada en 2005 por el Gobierno canario. Además, recuerdan que cuando consiguieron la concesión del servicio de agua ya se había otorgado el permiso, que ni lo habían solicitado ellos ni por lo tanto son titulares del mismo.

Defienden que para que haya delito es necesaria la constitución de un ente público de los municipios que utilizan la depuradora, un paso que no ha dado la Comunidad autónoma. Sin embargo, la respuesta desde este ámbito es que el argumento no puede ser utilizado como excusa, ni exime de responsabilidades. Otra de las explicaciones para justificar la contaminación es la existencia de vertidos por parte de la Refinería y de puertos en La Hondura. Arcila indica que entre los varios incumplimientos está, por ejemplo, la normativa que impide que se produzcan vertidos que contengan más contaminación que la existente en el punto al que se dirigen.

Las autorizaciones concedidas y en vigor avalan el vertido de 25.000 metros cúbicos al día desde Cabo Llanos, 250 desde Acorán, 1.750 desde Añaza, 75 desde las fosas sépticas y pozos de Taganana, Roque de las Bodegas y Almáciga y 40 de Los Moriscos. Pero eso sí, siempre y cuando estén depurados. Emmasa reconoce que carecen de autorización los 450 metros cúbicos diarios que se vierten desde San Andrés y los 25 metros cúbicos de Igueste de San Andrés. Como solución, al menos transitoria, se ha apuntado la posibilidad de poner en marcha la planta de tratamiento que existe en la zona del Palmétum y que en la actualidad no funciona.

El Ayuntamiento y Emmasa a veces van de la mano y otras se enfrentan por este problema. En cualquier caso aseguran que han elaborado un programa de inversiones de 31 millones para la ampliación de la depuradora y de tres millones para la de bombeo.

De los numerosos informes elaborados por el Gobierno de Canarias se desprende que existe un incumplimiento de la autorización de vertidos otorgada en su momento, de manera que las condiciones y circunstancias han variado hasta el punto de que podría anularse la misma u otorgarse en distintos términos. En concreto, no se cumplen con los requisitos técnicos del vertido en materia de depuración y se desconoce si en la actualidad están llegando al mar determinados componentes contaminantes.

Entre los numerosos documentos presentados por Emmasa al Ayuntamiento sobre este contencioso se encuentra uno fechado el día 26 de febrero de 2013 denominado Diagnóstico ambiental de la calidad del agua en el entorno de la conducción de vertido de Cabo Llanos, Programa de medidas, Plan de etapas, realizado junto con el Consejo Insular de Aguas, cuyo contenido admite desconocer el Gobierno de Canarias.

Desde este ámbito se recuerda que la autorización otorgada en el año 2005 obliga a realizar una vigilancia y control. Sin embargo, lo cierto es que desde el principio comenzaron los desencuentros a cuenta de la periodicidad de los muestreos y de los puntos en los que se debían recoger. Por ejemplo, la avería de un equipo durante meses fue utilizado como excusa para no cumplir con la obligación de presentar los datos.

Pero en general el Gobierno de Canarias detectó que se recurría a una serie de excusas para no justificar la elevada concentración de contaminación microbiológica, un asunto que es despachado sin demasiadas explicaciones por parte del Ayuntamiento la mayoría de las veces. Los datos son preocupantes, por ejemplo, en ciertas ocasiones el caudal de vertidos supera los 1.600 metros cúbicos a la hora, cuando el máximo permitido es de 1.000. La respuesta del Ayuntamiento es que se trata de un error. El Gobierno se queja de que no le informan sobre los fallos en el sistema en contra de lo acordado.

Este seguimiento sirve para constatar que se produce un vertido anual de casi 8 millones y medio de metros cúbicos, lo que supone 23.203 al día y casi mil a la hora. Un valor que se supera hasta el punto de que en algún día se llegaron a verter 24.526 metros cúbicos por jornada. Para hacernos una idea es como si diariamente de media llegaran al mar alrededor de 10 piscinas olímpicas. La Viceconsejería de Medio Ambiente en numerosas ocasiones ha advertido que se están incumpliendo las normas en cuanto al vertido diario y número de habitantes.

El valor máximo de contaminación por coliformes fecales sube año tras año. Así en 2007 se suman 1,1 por 100 mililitros, en 2008 se llegan a los 2,7, en 2009 se registran 5,6 en 2010, 7,6 en 2011, 6,7 en 2012 y 8,9 en 2013. La controversia llega al punto de que en algunos casos la contaminación del agua es superior una vez tratada a como supuestamente lo estaba con anterioridad.

Emmasa en varias ocasiones se escuda tras excusas como que el punto de muestreo se encuentra mal ubicado a causa de las corrientes generadas por el viento ya que debe estar en dirección contraria a las mismas. La compañía advierte sobre el peligro de permitir el baño en la playa situada tras el Parque Marítimo, que al final acaba convirtiéndose en el punto más contaminado de todo el litoral tinerfeño. Pese a ello el Ayuntamiento ha elaborado un proyecto para construir una gran playa en este entorno.

El Gobierno de Canarias en el año 2008 realizó un contundente informe en el que reflejaba que no se estaba llevando a cabo bombeo alguno desde la Estación a la Depuradora, lo que suponía “una variación sensible de la finalidad de las obras que no ha sido comunicada, lo que implica un incumplimiento” de la autorización otorgada. La capacidad de tratamiento de la estación depuradora que teóricamente es de 90.000 metros cúbicos al día, pasó a 40.000 en su momento para luego reducirse a los 23.000 actuales. Todo ello sin que en ningún momento se justificaran estos cambios.

El Gobierno canario culpa al Ayuntamiento de limitar la capacidad de la EDAR por haber pedido que no se ejecutara la conducción hasta el estación depuradora. En aquel entonces desde la capital se argumentó que prácticamente todas las aguas depuradas eran reutilizadas a lo largo del año. En ese momento se perdió una oportunidad de oro que hubiese evitado gran parte del problema.

Emmasa ha argumentado que los incumplimientos en cuanto a contaminación se deben a que los muestreos se llevan a cabo de forma puntual, cuando bajo su punto de vista deberían hacerse continuamente. Sin embargo, los análisis que realiza Puertos también avanzan en el mismo sentido que los del Gobierno canario.

Cuando la autorización fue otorgada en 2005 por el Gobierno canario, se encontraba como director general de Medio Ambiente el actual concejal, José Alberto Díaz Estébanez. Un hecho que para Arcila resulta significativo a la hora de comprender las condiciones que se recogen en la misma y su no excesivo rigor.

Entre ellas está la prohibición de que los vertidos afecten a la calidad de las aguas y las limitaciones de vertidos por hora o que el incremento de temperatura entre la zona afectada y la no afectada no podrá superar los tres grados centígrados. Mientras se resuelve la causa judicial abierta por la vía penal la APMUN ha suspendido la imposición de sanciones.

A lo largo del proceso el Ayuntamiento ha llegado a calificar de “desleal” a Emmasa por haber presentado ante el Gobierno canario argumentos propios que no habían sido consensuados. Este hecho, según el Ayuntamiento, “ha provocado desconcierto entre los técnicos municipales”. Todo ello en contra de lo acordado entre ambas partes, por lo que el Ayuntamiento puso este desencuentro que ahora está en manos de sus Servicios Jurídicos.