Grupo Europa suena a detenciones y declaraciones judiciales en Telde, a registros de oficinas municipales y de domicilios, a contradenuncias de tramas orquestadas y broncas políticas con capítulos de novela negra tiznadas de Mortadelo y Filemón, más que de Richard Nixon. A todo eso y al olor del dinero negro que corrió por las Islas también durante la primera década de este siglo es a lo que atufa el primero de los casos de corrupción en el PP de la era del ministro José Manuel Soria, presidente del partido desde 1999, que se juzga desde enero en el Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Grupo Europa tiene sus nombres, apellidos, hechos, luces y sombras, personajes escondidos y hasta desaparecidos, pero sobre todo, después de analizar y repasar toda la trama denunciada también en primera línea de la investigación por este periódico desde 2006, y cotejar la frialdad y desnudez de los datos y pruebas que aportó el denunciante, Francisco José Benítez Cambreleng, al que han dado toda credibilidad un fiscal anticorrupción, Luis del Río, dos jueces instructores, primero en Telde Javier García-Sotoca y después en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias Carla Bellini, y otros dos magistrados más, Margarita Varona y Fernando de Lorenzo por los recursos de las defensas al auto de instrucción final, Grupo Europa es el fiel reflejo de una sociedad enferma y ávida de enriquecimiento a costa de pasarse por el arco de sus carteras las mínimas reglas de decencia con el patrimonio de todos. En este caso, de todos los teldenses.
El juicio oral en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC se centra sobre hechos y datos del cuatrienio negro 2003-2007 en los que tomó parte en sus ratos libres el portavoz del grupo del PP en el Parlamento de Canarias y mano derecha de José Manuel Soria, Jorge Rodríguez, para introducir en todos los ayuntamientos gobernados por su partido que pudiera a la promotora inmobiliaria al frente de la cual estaba José Manuel Antón Marín, con el fin de construir viviendas sociales. Lo logró en Telde, donde a través de la concejal de Vías y Obras y presidenta del partido ya fallecida, María Antonia Torres, amañó un concurso de asesoramiento en esa materia a la empresa municipal Urvitel, que perseguía un aparentemente fin noble y de inmenso rédito político: hacer realidad el derecho a una vivienda digna en el municipio. Y también alcanzó su objetivo en Mogán con otro contrato similar, aún judicializado interminablemente en el caso Góndola. A Jorge Rodríguez, al que los investigadores tenían detectado un par de años antes de 2007 como “el embajador” de Grupo Europa ante las administraciones públicas del PP, se le juzga por dos delitos de tráfico de influencias, uno por colocar a Grupo Europa en Telde en 2004, y otro por intentar arreglar los bloqueos con que se encontró la promotora, ya en 2006 después del estallido del caso Faycán el 1 de marzo de aquel año y la paralización de la administración local. Existe en la causa constancia documental del cobro de más de 60.000 euros por parte del político a pesar de tener dedicación exclusiva en el Parlamento de Canarias, y además, una constante relación con el empresario que llegó “a tenerlo en nómina con 6.000 euros al mes”, según el exgerente de la filial en Canarias, Benítez Cambreleng. Rodríguez jugó su papel de lobby y se llevó lo suyo crudo, pero quien realmente tuvo que enfangarse ante la insaciable avaricia de políticos y funcionarios fue Antón Marín. Durante los tres años que duró la relación de la promotora con el consistorio, sin que pudiera levantar ni una de las viviendas planificadas, llegó a pagar tres cuartos de millón de euros en desatascos a tanto tapón burocrático bien colocado en un pacto de doble cara, la del PP y la agrupación local AFV-Ciuca, en la que el entonces jefe de Urbanismo, José Luis Mena, tuvo un rol fundamental para el éxito de la operación diseñada por el empresario madrileño.
Grupo Europa puede quedarse en eso. O como le quieren dar la vuelta las defensas, en un perfecto crimen del denunciante para ocultar el robo a la empresa para la que trabajaba. Puede que todo quede en si se pagaron o no comisiones ilegales al diputado y a los políticos y funcionarios de Telde para lograr el concurso de asesoramiento a la empresa Urvitel, de titularidad municipal con competencias en viviendas, pero lo que realmente esconde detrás, entre tanto ruido, es el objetivo final de lo que el fiscal, en su escrito de acusaciones de 2012, viene a denominar el “negocio ilícito”. Urvitel, presidida por Toñi Torres, debía poner en marcha una serie de promociones de viviendas sociales sobre suelo municipal. Esas bolsas de terreno público no le iban a costar un euro a la corporación, ya que debían ser cedidos de manera gratuita por parte del Ayuntamiento de Telde desde los departamentos de Urbanismo y Patrimonio. Las defensas argumentan ahora que tal “negocio ilícito” no existe, por la contrapartida de ampliaciones de capital de Urvitel a favor del ayuntamiento, cuando ya de por sí la titularidad es plenamente municipal. Por eso, el pelotazo pintaba perfecto: suelo público gratis para construir viviendas municipales que sería adjudicadas en régimen de cooperativa, donde entra a jugar un papel clave la filial de Grupo Europa, Gestión de Cooperativas Europa SAU, tanto por su contrato prefabricado de asesoramiento a Urvitel y el desarrollo del concurso de la empresa presidida por Toñi Torres, como por el control que tendría como gestora de las cooperativas. Así, ante un segmento de la población con poco o nulo conocimiento en materia urbanística, se podría ejecutar la mordida previamente pactada entre todos los elementos de la administración implicados: imputar al suelo público un gasto ficticio, en función del valor del terreno, que revirtiera en la factura del adjudicatario de la vivienda. En realidad, el valor del suelo era cero, al ser cedido gratuitamente por el Ayuntamiento a la empresa de titularidad municipal, y ese sobrecoste era el que debían repartirse a la chita callando todos los actores en presencia. Tan goloso era el negocio ilícito que Antón Marín no escatimó esfuerzos económicos en convencer, sobre sobre sobre, a políticos y funcionarios de Telde para obtener, primero el contrato de asesoramiento a Urvitel, y luego el suelo necesario para la empresa municipal que pretendía controlar desde la sombra. De ahí que, en el caso de otro de los encartados, el exgerente de Urvitel Juan Carlos Saavedra, y del propio Antón Marín, la acusación sea también, aparte del cohecho, por un delito contra el mercado y los derechos de los consumidores.
Pero en Grupo Europa se dieron, a lo largo del año culminante de la corrupción en Canarias, 2005, todos los elementos necesarios para que se rompiera el saco. El pacto entre PP y Ciuca, al igual que la mayoría de alianzas políticas, había convertido al Ayuntamiento de Telde, además de en el más endeudado de toda España como se sabe ahora, en una administración de compartimentos estancos. El PP, con Toñi Torres, controlaba Urvitel, la herramienta municipal necesaria para construir casas. El suelo, sin embargo, estaba bajo la órbita de Ciuca, por medio del concejal de Urbanismo y líder de la agrupación local, Guillermo Reyes, también investigado paralelamente en el denominado caso Doramas. Y si en todo el entramado del caso Faycán hay anotaciones de puño y letra de la exconcejal de Vías y Obras de las que se deducen claramente repartos de comisiones para uno y otro partido, con Grupo Europa PP y Ciuca tiraron del saco hasta extremos insoportables. Hasta romperlo. Ya se había adjudicado el contrato amañado, arquitectos e ingenieros a sueldo de Grupo Europa, que pasarán en calidad de testigos por sede judicial, diseccionaban el Plan General de Telde en busca de los suelos para levantar las urbanizaciones, pero detrás de la puerta esperaba por su parte la otra parte contratante. No era tan negocio a la chita callando. Había mucho grillo suelto. Desde Urbanismo, la cesión de suelo a Urvitel se bloqueó durante meses en 2005, hasta que Antón Marín supo el motivo. Se lo dijo Toñi Torres, según relató Cambreleng en su extensa denuncia: “quieren dinero”. De aquel momento es conocida también una frase de Antón Marín a su por entonces gerente: “En la Península basta con pagar a uno, aquí en Canarias hay que hacerlo con todos”. Y así se hizo.
Un famoso BMW X5
Fue a finales de diciembre de 2005 y es el motivo por el cual están imputados por cohecho tanto José Luis Mena como el exjefe de Patrimonio de Telde Pedro Pablo Santana, junto a Antón Marín, el dante de los tomantes. Cambreleng lo está en calidad de cooperador necesario, por haber sido quien entregó el dinero siguiendo instrucciones de su jefe. Contó por entonces el exgerente de Grupo Europa cómo el último fin de semana de 2005 entregó en el zaguán del número 24 de la calle Ferreras, en el Puerto de La Luz, un sobre con 30.000 euros en su interior a Pedro Pablo Santana. Era viernes y momentos antes había acudido a la sucursal de CajaMadrid en la Plaza de España a retirar el dinero para después meterlo en un sobre. La escena debió de ser surrealista: en el zaguán, un gerente desvirgado en estas cosas sobrecogedoras se lo entrega al funcionario, que, ni corto ni perezoso, lo abre, lo cuenta, le mira y espeta: “¿Y lo mío?”. Cambreleng balbuceó, no sabía qué decir y lo remitió a su jefe. Desde el zaguán vio cómo Pedro Pablo se alejaba hacia la pequeña isleta de tráfico en el desvío entre Ferreras y donde la calle Juan Rejón se convierte en Albareda, frente al desaparecido Teatro Cine del Puerto. Allí le esperaba un BMW X5 de color azul, muy conocido también para los investigadores por la procedencia del mismo, de la antigua concesionaria de la marca alemana de la que era propietario Santiago Santana Cazorla, uno de los empresarios de cabecera del PP y Ciuca en Telde entonces y ahora. Y dentro del X5 había un tipo grandote que intuyó Cambreleng que era José Luis Mena. Ellos lo niegan todo, claro, negándose a responder a las preguntas del ministerio fiscal.
Antón Marín le aclaró después, con la calentura de quien tiene que seguir rascándose el bolsillo, que los 30.000 euros eran para que José Luis Mena desbloqueara la entrega de suelo en el barrio de El Goro, donde se pretendía arrancar de una vez con la construcción de la primera tanda de viviendas sociales. Y que Pedro Pablo Santana, al contar dinero, pretendía cobrar lo mismo. En la denuncia consta que al lunes siguiente se volvió a repetir la operación, ya con más naturalidad y menos sofocos por la primera experiencia, en dos entregas que sirvieron para que en ese mes de diciembre pasara por Junta de Gobierno municipal la enajenación de suelo a favor de Urvitel y las licencias de obra fueran concedidas sobre la marcha, en los primeros días de enero del fatídico 2006, aunque habían sido aprobadas en Junta de Gobierno en fechas anteriores. Este es el relato directo del cohecho en boca de quien hizo la entrega de los sobres, un delito por el cual van a ser juzgados sus protagonistas, también, como en el caso de Jorge Rodríguez por sus dos tráfico de influencias, con documentación cruzada de las entrañas de Grupo Europa en la que se reflejan esos movimientos de dinero en relación con los días de las entregas y las decisiones políticas y burocráticas paralelas.
Jorge Rodríguez, al rescate del caos
Fatídico no, lo siguiente. El año político de 2006 comenzó con una redada policial en las oficinas del Cabildo de Gran Canaria, un 1 de febrero, y la detención del director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, dentro de la investigación del caso Eolo, concurso amañado de asignación de potencia eólica en las Islas. Y desde entonces el resto de los días del año seis fue un sindios para el PP. Había estallado el caso eólico, que apuntaba directamente al hermano de José Manuel Soria, Luis, exconsejero del ramo en el pacto regional con CC hasta 2005, y al propio presidente del PP. Eolo fue la primera operación policial de envergadura en Canarias contra la corrupción política, pero no tardó ni un mes en seguirle los pasos Faycán. El 1 de marzo era detenida Toñi Torres junto a su asesor Paco Gordillo y otros empresarios, en la primera fase operativa contra la corrupción en Telde –hubo hasta tres más entre abril y noviembre, cuando ya cayó todo el grupo de gobierno presidido por Paco Valido- y el impacto que supuso el caso y, sobre todo, el encarcelamiento de la concejal y presidenta de Urvitel, sumió en la confusión y parálisis al Ayuntamiento de Telde, de la que todavía no se ha recuperado. Fue entonces cuando volvió a aparecer la figura impoluta, alicatada hasta el techo, de Jorge Rodríguez por la ciudad de los faycanes. Sonsoles Martín había cubierto la vacante de Toñi Torres en el equipo de Paco Valido, y de nuevo las relaciones con Grupo Europa y sus proyectos estaban atascadas. Esta vez no era cuestión sobrecogedora, sino de dar un impulso por parte de quien tuviera voz y mando dentro del PP regional a sus atribulados correligionarios teldenses.
Así, Jorge Rodríguez corrió al rescate del fango en que se había hundido el negocio de Grupo Europa por el caos reinante en Telde, y en dos reuniones mantenidas durante la primavera de 2006, entre abril y junio de aquel convulso año, intentó meter en vereda a Paco Valido para que sacara adelante, con Sonsoles Martín, los proyectos pendientes de Grupo Europa. No hubo manera. Ni apelando al interés del partido. Es de suponer que Valido no quería pisar en falso cuando tanto estaba en juego por aquellas fechas y tanta paranoia se había instalado en el empresariado y la clase política canaria, por sus modos de hacer las cosas y el descubrimiento súbito de que la Policía podía estar mirando donde antes, o no lo hacía, o miraba para otro lado. Cuenta Cambreleng, presente en al menos dos reuniones, una de ellas con Sonsoles Martín y la otra ya con Paco Valido, que ante la negativa del alcalde a acceder a las pretensiones de Antón Marín por medio de Jorge Rodríguez, el portavoz del PP en el Parlamento de Canarias consoló después al empresario madrileño con una frase categórica sobre el primer edil: “En el partido le pondrán las pilas”. Jorge Rodríguez cobró aquel junio de 2006 la última factura de la que tiene constancia este periódico, de unos 5.000 euros, por unos supuestos trabajos para una de las empresas de Grupo Europa, figuradamente en el municipio de Moya. A Valido el PP lo mandó a galeras y no repitió como candidato en 2007. Hoy vive de asesor de algo en el Cabildo de Gran Canaria. Gobernado otra vez por el Partido Popular, que volverá a sentirse víctima de sus propios fantasmas...
Construir una vivienda al día
Hay veces que las campañas electorales se destapan en su esencia más putrefacta. En origen, el caso Grupo Europa nace como pieza separada del entramado corrupto que bajo el nombre de los antiguos sacerdotes aborígenes de la isla, los faycanes, aún debe juzgarse en su totalidad, sin el aforamiento sobrevenido de ninguno de los demás imputados (antes de que alguno se afore en 2015, claro). Son casi 40 y entre ellos figura la alcaldesa actual del PP en la segunda ciudad de Gran Canaria y cuarta del Archipiélago, Mari Carmen Castellano, para la que el fiscal pide cinco años de prisión . Pero esa es otra larga historia aún por escribir. Como la del hundimiento social y económico de Telde. En Grupo Europa, capítulo final de la investigación de Faycán y también del caso Góndola, en Mogán, la carnaza con que la promotora de viviendas sociales en régimen de cooperativas entró, de la mano de Jorge Rodríguez, en el Ayuntamiento gobernado entonces por Paco Valido (PP) fue un slogan electoral para ganar las siguientes elecciones de 2007. “Vamos a construir una vivienda al día”. El mensaje fue transmitido a la población en una rueda de prensa ofrecida por la fallecida Toñi Torres en 2004. Pero según el denunciante la idea según la parió Antón Marín, el propietario de la promotora, en una de tantas reuniones que mantuvo con la presidenta de Urvitel, su principal interlocutora en Telde hasta que fue detenida el 1 de marzo de 2006. 365 casas sociales al año daban para un porrón de votos entre el otoño de 2004, momento en que se firmó el convenio entre la empresa y el ayuntamiento, y la primavera de 2007 de la cita electoral. No solo para el millar de familias agraciadas cuando se montaran las cooperativas bajo la tutela de la filial de Grupo Europa en Canarias, sino para quienes también vieran una oportunidad o expectativas de adquirir viviendas de este tipo en el futuro por toda la Isla, gracias a la política de viviendas sociales que llevaría el sello del Partido Popular. Todo se vino abajo al estallar los casos Faycán y Góndola, entre marzo de 2006 y enero de 2007, con el remate final de Grupo Europa en mayo de ese año electoral. Y de las viviendas solo quedan escombros en El Goro. También en el municipio de Mogán, donde la promotora llegó a pagar un mitin de Mariano Rajoy, o un concierto de Miguel Ríos...
La secuela bochornosa del 'Soriagate'
Fue una acalorada mañana de mayo de 2009 para enmarcar la cara de asombro impostado de la portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, María Australia Navarro, desplegando un ejemplar de la revista Época del grupo mediático ultraderechista Intereconomía, rodeada de jocosos parlamentarios populares de mismo rostro. Un GAL sin crímenes en Canarias era el titular de la revista de la tele que después lanzó a José Manuel Soria al mercado nacional como tertuliano y representante de vinos, previo pago de 180.000 euros por un concurso hecho a la medida para la promoción turística de las Islas por parte de la consejería de la ya expopular caída en desgracia Rita Martín. Toda dispuesta ella a servir al jefe hasta las últimas consecuencias. Aquel jueves 14 de mayo no era un día cualquiera en la Cámara de la santacrucera calle de Teobaldo Power y la teoría de la conspiración de Época le venía como anillo al dedo a Soria. El PSC-PSOE había planteado una recusación al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda y aunque presidía el Ejecutivo su ahora enemigo íntimo Paulino Rivero, las divergencias en la propia CC entre progresistas y derechistas a cuenta de tener una relación fluida con el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero, y con el mismo PP que no dejaba de poner bombas lampas en forma de declaraciones altisonantes de Soria contra ZP y el PSOE que gobernaba en La Moncloa, no habían madurado lo suficiente como para una ruptura de los nacionalistas con los populares. Esa fruta caería en octubre de 2010. Año y medio antes, la reprobación a José Manuel Soria no salió adelante, con el voto negativo de CC y PP y hasta un sonoro, alto y claro “¡no!” del diputado y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, conocido por su pasotismo en su escaño, como ahora en el Senado donde se ha refugiado para ser juzgado en el Tribunal Supremo por el caso Las Teresitas, entre otros.
Ese día iba a ser el de Soria y la solidez o debilidad de sus apoyos nacionalistas en el Parlamento, de los fingidos o los reales, pero se convirtió en el inicio del victimismo –junto al archivo del caso salmón también en 2009 por su viaje gratis total a Salzburgo y Noruega con el propietario del complejo turístico Anfi del Mar cuatro años antes- sobre el que ha lanzado su carrera nacional el presidente del PP canario hasta estancarse últimamente con el recibo de la luz que no deja de subir, el polémico sondeo petrolífero en las aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura o su desmantelamiento de las energías renovables. Aquel día, la revista ultra puso en circulación un reportaje en el que mantenía la teoría de la conspiración contra el líder del PP y su partido en Canarias, en una suerte de alianza golpista del PSOE, la Policía y Canarias Ahora. Acusaba Época, y enseguida se sumó el PP con Soria al frente y durante estos días de juicio, las defensas de los acusados, al Cuerpo Nacional de Policía, al partido del gobierno y a este periódico de prácticamente haberse inventado la trama de Grupo Europa que acabó de forma momentánea, en 2007, con la carrera política de Jorge Rodríguez. La conspiranoia del PP, de la que sobradas pruebas se han dado años después con los escándalos estatales, del “amiguito del alma” de Paco Pons a Luis El Cabrón, alcanzaba a los altos mandos de la Jefatura Superior en Canarias, al antiguo presidente del consejo de administración de la anterior editora de nuestro diario, a periodistas de la casa o a Juan Fernando López Aguilar desde el ministerio de Justicia que dejara en 2007, en una especie de conjura de rojos que logró engañar a la Fiscalía Anticorrupción y al juez instructor de que en Telde había montada una trama –como en Mogán- para especular con el suelo público y llevarse dinero a espuertas. Previo ingentes pagos en dinero negro a Jorge Rodríguez y el resto de la camarilla teldense procedentes de la promotora, como sostiene el denunciante y la fiscalía. Y consideran probable los jueces.
Y todo por una grabación no consentida a Benítez Cambreleng, en al menos dos reuniones que mantuvo con José Manuel Soria en unas instalaciones deportivas en la carretera de Bandama propiedad de la familia del denunciante, que explotaban el actual portavoz del Cabildo grancanario y exconcejal de Urbanismo de la Villa de Santa Brígida, Carlos Sánchez Ojeda, y un socio suyo, Rafael Bello. En la grabación, de la que se hizo responsable Sánchez Ojeda cuando Cambreleng y Soria se cruzaron unos días después denuncias públicas, ataques mediáticos y querellas, se hilvanaban comentarios sobre la investigación del caso por parte del exgerente de Grupo Europa que después sirvieron a Época para su GAL canario. Cambreleng negó siempre el sentido de lo que pretendían vender la revista y el PP sobre la invención de la trama político-mediática, hasta el punto de que la sonada querella del PP contra Canarias Ahora y funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía no pasó de borrador de copia y pega infumable en el juzgado que conoció de los hechos. Y en la Audiencia que volvió a rechazarla. Tampoco ha llegado a ningún lado potable la querella que el propio Jorge Rodríguez interpuso contra este periódico nada más publicar su vinculación con Grupo Europa, en mayo de 2007, y renunciar a su acta de diputado regional, en junio. Ha sido archivada varias veces, por mucho que sus peculiares abogados escarben en donde no hay.
Pero aparte del mundanal ruido del que es experto la maquinaria mediática del PP canario y hasta algún periódico local como Canarias 7 cuando le toca estar al lado de Soria –llegó a publicar una página entera asegurando que “un juzgado examina el modo de trabajo de Canarias Ahora”, sobre la investigación periodística llevada a cabo por este diario, en referencia a la querella de Rodríguez- lo que ha quedado del Soriagate es la imagen de todo un vicepresidente del Gobierno canario, hoy ministro del Reino, preparando una reunión con un denunciante de un caso que afecta a su propio partido para grabarle sin su conocimiento. Evidentemente, los ofrecimientos a Cambreleng de grandes sumas de dinero o de puestos de alta dirección en empresas amigas del PP, que en su día el denunciante aseguró haber recibido por medio de Sánchez Ojeda, no figuran en los audios que aquella sofocante jornada de mayo se dedicó a repartir el PP de Canarias a través de uno de sus correos electrónicos. Tampoco Sánchez Ojeda denunció a Cambreleng por esas acusaciones de hacerle de oro con el PP si retiraba su denuncia y declaraba que todo había sido un montaje. Como si fuera tan sencillo creer como el ladrón. Y serlo.
Los acusados
Jorge Rodríguez
. Diputado autonómico del PP en esta legislatura (2011-2015) y portavoz del grupo presidido por José Manuel Soria en el momento de los hechos (2003-2007). Renunció a su acta y a la condición de aforado al desvelar en mayo de 2007 Canarias Ahora su papel en la trama. El caso lo juzga el Tribunal Superior canario al recuperar su escaño en 2011. La Fiscalía pide dos penas de diez meses, 120.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público por sendos delitos de tráfico de influencias en favor de Grupo Europa ante el Ayuntamiento de Telde. Por ello llegó a cobrar, al menos, 64.010, 06 euros sin que se apreciara por parte de la investigación ninguno de los tipos del cohecho, ahora tan propios en otros lares del Estado por mucho menos de 60.000 euros.
José Manuel Antó
n Marín. Empresario promotor de viviendas en régimen de cooperativa y propietario de Grupo Europa que se dio a conocer en los ambientes políticos y empresariales de la isla por sus llamativas corbatas de dibujos animados. La investigación señala que de la mano del diputado intentó entrar en casi todos los ayuntamientos gobernados por el PP en Gran Canaria entre 2001 y 2005, cuando recién llegado de Madrid puso en marcha una primera cooperativa de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria. Solo logró cerrar convenios en Telde y Mogán, aunque de Santa Brígida llegó a llevarse el padrón municipal. El fiscal le acusa de un delito continuado de cohecho y pide cuatro años y seis meses de prisión y multa de 600.000 euros por sobornos a funcionarios y políticos de Telde, y otro año de prisión por un delito contra el mercado y los consumidores, dado el fin fraudulento de su negocio: imputar un gasto al suelo público gratuito en la factura final que debía pagar el cooperativista por su vivienda social.
José Luis Mena Santana
. Ex jefe de Urbanismo de Telde en el momento de los hechos (2003-2007) y en este mandato (2011- 2015), hasta que fue removido del cargo y colocado por Ciuca al frente de los Servicios Jurídicos al asumir CC Urbanismo en 2013. La ruptura del tripartito de PP y CC con Ciuca le deja descolocado hasta el punto de que ya ha perdido la confianza de la alcaldesa después de descubrirse que preparaba un concurso a su medida para quedarse con la plaza fija. Considerado el hombre en la sombra de todo lo que se cuece en el urbanismo municipal teldense, el fiscal pide un total de ocho años de prisión por varios delitos, el cohecho entre ellos, catorce de inhabilitación y casi 200.000 euros de multa. Es un asiduo de los juzgados, imputado en varias causas más por su modo de hacer y maneras en la gestión de lo público en la ciudad de los faycanes. La falsedad documental, otro de los delitos del que se le acusa, parece estar siendo una constante en varios casos más en los que está implicado, también como parte acusadora.
Francisco José Benítez Cambreleng
. Ex gerente de Grupo Europa en Canarias y denunciante del caso. Fue la fuente clave de la apertura de la pieza separada número 38 del caso Faycán, instruido por el juez Javier García García-Sotoca en Telde, no solo por su testimonio, sino por la documental aportada. Declaró haber sido quien entregó dos sobres de 30.000 euros cada uno a la mano derecha de Mena, Pedro Pablo Santana, para ambos funcionarios con el fin de desbloquear suelo municipal para la construcción de las viviendas, objeto del contrato previamente amañado. Con el atenuante decisivo del arrepentimiento, el fiscal pide un año de prisión y 23.000 euros de multa por el delito de cohecho en concepto de cooperador necesario, y otros tres meses de prisión y una multa de 1.350 por un delito de falsedad documental. Protagonizó una sonada agarrada mediática y judicial con José Manuel Soria en la primavera de 2009, al destaparse el Soriagate de sus charlas con el político y denunciar el montaje realizado por la revista Época para tergiversar sus palabras.
Pedro Pablo Marrero Santana
. Ex jefe de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, acusado de recoger los dos sobres de 30.000 euros entregados por Cambreleng. Anticorrupción solicita un castigo de tres años de prisión por cohecho y multa de 90.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años, por su presunto soborno; y por el de Mena -al haber sido el receptor de los otros 30.000 euros-, 90.000 euros de multa y otros dos años de inhabilitación especial. Según el denunciante, las entregas de los sobres se produjeron en la sede de Grupo Europa en Las Palmas de Gran Canaria, en el número 24 de la calle Ferreras.
Juan Carlos Saavedra Guadalupe
. Ex gerente de la empresa municipal Urvitel, organismo que era también decisivo para desarrollar el proyecto de Grupo Europa. Está acusado de un delito de cohecho -habría recibido un tercer sobre por parte de Cambreleng según instrucciones de Antón Marín, de otros 30.000 euros- por el que se le reclama tres años de prisión, multa de 90.000 euros y nueve años de inhabilitación, además de otro año de prisión por atentar contra el mercado y los consumidores, y otros dos años por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. En total, seis años de cárcel y multa de 150.000 euros.
Verónica García Melgar
. Esposa de Juan Carlos Saavedra Guadalupe, acusada de un delito de falsedad en documento mercantil, la pena solicitada es de dos años y 60.000 euros de multa. Su participación en el caso se debió al modo del cobro de los 30.000 euros del soborno a su esposo, según ha determinado la Fiscalía en su escrito de calificación que data de noviembre de 2012.
Personajes en la sombra
María Antonia Torres
. Es la gran ausente. Fallecida el 25 de marzo de 2010 al tirarse desde el balcón de su vivienda en la calle Galicia, de Las Palmas de Gran Canaria, la exconcejal de Vías y Obras de Telde y presidenta del PP local y de la empresa municipal Urvitel (2003- 2006) fue la principal receptora de los sobornos de Grupo Europa. La investigación de esta pieza separada número 38 del caso Faycán señala a Toñi Torres como la concejal a la que el diputado Jorge Rodríguez presenta al propietario de Grupo Europa, Antón Marín, con el que a raíz de esa primera cita celebrada en el hotel Fataga, muy cercano a la casa de Torres, se fijan con otros acusados como Cambreleng o Saavedra Guadalupe reuniones para amañar el concurso de asesoramiento en materia de viviendas sociales de Grupo Europa. Hasta 240.000 euros calcula la Fiscalía que llegó a manejar la promotora de viviendas madrileña en comisiones ilegales bajo el control de Torres. Arrinconada por su partido después de salir de la cárcel en mayo de 2006, la depresión profunda en la que se sumió la llevó a quitarse la vida cuatro años después. Quedará para la historia una célebre frase muy canaria nunca desmentida que le cruzó a José Manuel Soria en mitad de la calle: “¡Estás bonito tú!”.
Francisco Valido Sánchez
. Ex alcalde de Telde (2003-2006) hasta su detención el 7 de noviembre de 2006 con el resto del grupo de gobierno del PP que no había caído antes en la trama principal de Faycán. Acudió al juicio en calidad de testigo, junto a la todavía edil Sonsoles Martín Jiménez. La denuncia original del caso les sitúa en reuniones clave con Jorge Rodríguez y Antón Marín para desatascar los problemas burocráticos para la obtención del suelo y las licencias, tanto por el control político y las exigencias de pasar por caja del otro socio de gobierno, Ciuca, en la parcela de Urbanismo, como por la detención, el 1 de marzo de 2006, de Toñi Torres al estallar la primera fase de Faycán. El denunciante llegó a asegurar que en una de esas reuniones de la primavera de 2006 Valido se encaró con el portavoz parlamentario del PP cuando éste apeló al gran interés “del partido” en que salieran adelante las promociones de viviendas planificadas. “Aquí mando yo”, vino a decir Valido en referencia al Ayuntamiento. Rodríguez, después, lo dio por muerto políticamente en el PP, según le contó Antón Marín a Cambreleng.
Francisco Gordillo Sánchez
. Exasesor de Toñi Torres detenido en la primera oleada de Faycán, en marzo de 2006, que facilitara a los investigadores cantidad ingente de datos y pruebas para demostrar el resto de tramas diseñadas desde la Concejalía de Vías y Obras y desde el propio PP de Telde. El caso Grupo Europa no solo contó con el primer testimonio y documentales del denunciante, sino con la corroboración de hechos conocidos, de primera mano, por Gordillo.
José Manuel Soria López
. Ministro de Industria, Energía y Turismo desde diciembre de 2011 y presidente del PP de Canarias desde 1999, dirigía al partido cuando en Telde, su ciudad natal, se abrió la caja de Pandora de la corrupción. Entre 2005 y 2007, durante los hechos, era presidente del Cabildo de Gran Canaria y del grupo del PP en el Parlamento cuya mano derecha y portavoz era el acusado Jorge Rodríguez. Soria no tuvo una implicación directa, que se sepa, en los asuntos pecunarios de su portavoz con Grupo Europa, pero sí en la secuela del caso, el Soriagate, cuando siendo vicepresidente del Gobierno canario, en 2009, tuvo dos conversaciones con el denunciante al que grabó junto al actual portavoz del Cabildo grancanario, Carlos Sánchez Ojeda, y un socio suyo, Rafael Bello. Las grabaciones difundidas por la revista Época provocaron una serie de acusaciones y querellas cruzadas entre Soria y Cambreleng que quedaron en nada. El ministro se tomó el asunto en serio hasta remangarse para hacer ver una conspiración de Canarias Ahora, el PSOE y la Policía contra su figura. Ninguna de sus acusaciones ha prosperado en sede judicial. Porque nunca ha habido pruebas, ni nunca las habrá.
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