Más de 10.000 trabajadores públicos, llamados a la huelga indefinida contra el abuso de la temporalidad en Canarias

Los cerca de 11.000 trabajadores de la administración general de la Comunidad Autónoma de Canarias están llamados a la huelga indefinida que han convocado los sindicatos mayoritarios en el sector, Intersindical Canaria (IC) y Sepca, a partir del próximo lunes. Este colectivo de empleados públicos reclama un aumento de la plantilla, la recuperación de derechos perdidos durante la crisis económica y, sobre todo, la fijeza  para el personal interino e indefinido no fijo en fraude de ley por el abuso en la contratación temporal, una situación que afecta a más del 40% de los profesionales que ejercen en las consejerías del Gobierno regional. Se trata de trabajadores que llevan años en la administración autonómica, en algunos casos más de veinte, sin haber podido optar a consolidar sus plazas durante todo ese tiempo debido a la paralización de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) desde el estallido de la crisis. 

“Es la única forma de hacernos oír”, reivindica el colectivo para justificar una medida de presión que se suma a la que iniciaron un mes antes los facultativos especialistas de área del Servicio Canario de Salud (SCS) por el mismo motivo, la exigencia de una solución excepcional para garantizar la continuidad en sus puestos de las “víctimas del abuso de la temporalidad” en la administración pública. El Comité de Huelga de los médicos temporales de la sanidad canaria inició el paro indefinido el 11 de diciembre, aunque diez días después aceptó, con condiciones y sin abandonar la huelga, la tregua que le pidió la Consejería de Sanidad para avanzar en la vía estatal de solución abierta a raíz de la aprobación en el Congreso de una iniciativa del PNV para reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). 

Los trabajadores de la administración general canaria reclaman un plan de permanencia para el personal que ha estado sometido al abuso de la contratación temporal “durante muchos años”. Reclaman al Gobierno regional que cumpla con lo establecido en la directiva comunitaria CE/1999/70 sobre los contratos de duración determinada y con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que insta a las administraciones españolas a prevenir y sancionar esas prácticas, compensando a los empleados públicos que las han sufrido con soluciones que no pueden pasar por procesos selectivos “de resultado incierto”. 

Miguel Quintero, uno de los portavoces de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley (Pefralca), colectivo que aglutina a los trabajadores víctimas del abuso de la temporalidad, intervino el pasado 15 de diciembre en una comisión del Parlamento de Canarias para defender que hay soluciones “justas y a coste cero” para satisfacer las demandas del personal afectado y evitar de esta manera “miles de despidos libres y gratuitos”. Pefralca aboga por impulsar una ley autonómica que, sobre la base de esa situación de excepcionalidad, la directiva comunitaria y la jurisprudencia europea, permita convertir en fijos de forma directa a los trabajadores que la administración ha mantenido en fraude de ley, es decir, aquellos que llevan más de tres años ejerciendo con contratos eventuales funciones de caracter estructural. El Gobierno regional ha descartado esta vía al entender que choca con los principios constitucionales de acceso al empleo público, una tesis que los trabajadores no comparten. 

La otra salida que se extrae de la lectura de la resolución del Tribunal de Luxemburgo para sancionar el abuso de la temporalidad es el pago de indemnizaciones en cantidades que sean lo suficientemente cuantiosas como para “disuadir” a la administración de continuar estas prácticas, una posibilidad que, según los empleados públicos, resultaría mucho más gravosa para la comunidad autónoma, ya que los pagos podrían superar los 50 millones de euros. 

La decisión de acudir al paro indefinido se adoptó después de que los trabajadores coincidieran en las asambleas celebradas en los distintos centros en la necesidad de intensificar las movilizaciones ante “la insensibilidad e ineficacia” que perciben en el Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres en materia de gestión de personal. Los sindicatos mayoritarios rechazan la alternativa de una OPE extraordinaria de consolidación por ser “absolutamente inadecuada, injusta y contra la jurisprudencia europea”, ya que sería “de resultado incierto” para miles de trabajadores que podrían perder los puestos que ocupan desde hace años sin haber tenido opción de consolidar sus plazas. 

Además de la fijeza de esos algo más de 4.000 empleados públicos en fraude de ley, las centrales reclaman la puesta en marcha de una política de personal “que libere del exceso de trabajo” al personal; habilite “la recuperación de las plantillas estables”, y permita incrementar la oferta pública de empleo ordinario, “acabando con la eliminación de las plazas vacantes en los diferentes departamentos del Gobierno de Canarias” y abriendo a la sociedad “la posibilidad de trabajar en los servicios públicos y en la Administración”. 

En la rueda de prensa ofrecida la mañana de este viernes, los representantes de IC, Sepca y Pefralca han denunciado las “agresiones” de los últimos años a los derechos de los trabajadores, entre ellas las restricciones impuestas a través de los presupuestos regionales, que incluyen “suspensiones de diversos artículos del Convenio Colectivo del Personal Laboral”.  Los sindicatos han recordado además que desde la crisis de finales de la pasada década se han perdido “multitud de puestos de trabajo” en la administración canaria, una circunstancia que ha tensionado los servicios públicos y ha sobrecargado a los trabajadores que los sustentan. 

Las centrales han advertido de que la huelga puede incidir en áreas tan sensibles como derechos sociales, oficinas y gestión de prestaciones de empleo, gestión de fondos europeos de transición ecológica, obras públicas, comedores escolares y gestión educativa, turismo o fondos europeos para la agricultura. Los primeros paros tendrán lugar el 11 y el 15 de enero.