Más de 30.000 estudiantes en Canarias pueden quedarse sin transporte escolar el día de la 'vuelta al cole' tras Navidad

El próximo lunes 9 de enero el alumnado de Canarias vuelve a los centros educativos tras el período de vacaciones por la Navidad. Sin embargo, una parte de ellos puede verse afectado si se mantiene el paro del transporte escolar anunciado por la patronal. El motivo, aseguran, es “el incumplimiento por parte de la Consejería de Educación de los compromisos económicos adquiridos en agosto de 2022 con las empresas transportistas”.

Desde la Consejería de Educación afirman que se encuentra en conversaciones con la Federación de Empresarios del Transporte (FET) para buscar una solución y estiman que son unos 37.000 estudiantes los que utilizan este tipo de transporte en un total de 1.400 rutas.

La patronal avisó de este paro el pasado lunes 2 de enero tras la celebración de una asamblea extraordinaria en la sede de la sede de la FET. Tras la reunión afirmaron que la medida afectará a los centros públicos de enseñanza (donde está matriculado el 78% de los estudiantes de Canarias), mientras que los centros privados (5,4% del alumnado canario) o concertados (16,14% de matriculaciones) sí que tendrán servicio de transporte escolar.

El paro lo justifican en una “protesta por los retrasos en el cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos por la Consejería de Educación con este sector” y añadían que en caso de que el Gobierno de Canarias no realice gestiones que desbloqueen “el colapso administrativo-económico de los servicios de transporte”, no se descarta ir endureciendo las medidas de presión en próximas fechas.

¿Qué es lo reclama la patronal?

La Federación de Empresarios del Transporte destaca que la Consejería les debe desde hace diez años a los transportistas “la clausula de IPC”, que apuntan que viene recogida en los contratos firmados por un importe de unos 14 millones de euros.

Explican que hay en total cuatro contratos en vigor que la Consejería se comprometió a actualizar sus modelos económicos, pero “ninguno de ellos haya recibido tal incremento y en 2023 tampoco se garantizan fechas de regularización de los precios atrasados”.

Además, en el comunicado enviado tras la reunión del lunes insistían en que “el compromiso de liquidación de este IPC histórico comprendía el abono en tres plazos, 2022, 2023 y 2024” y que “el tercio de la deuda correspondiente a 2022 no se ha liquidado y ni siquiera se conoce con cargo a qué partida se podría liquidar”.

Un conflicto que se arrastra

No es la primera vez que la patronal del transporte en Canarias amenace con un paro en los días previos al arranque de las clases. Este año académico, los empresarios se quejaron del “desfase económico existente entre el precio de lo contratado y lo que se viene abonando a los transportistas”.

También lo hicieron en cursos anteriores. En agosto de 2020, la Consejería de Educación llegaba a un acuerdo con los empresarios de transporte y se prorrogaba el contrato de este servicio por tres cursos más. Los empresarios comunicaron ese verano que el 31 de agosto finalizaba el contrato de transporte, cuya prórroga solía producirse en el mes de enero. La firma entre las partes se había dilatado y uno de los problemas radicaba en las indemnizaciones que Educación debía abonar por la suspensión del servicio, como ocurrió durante el estado de alarma. Esta cuestión quedó solucionada al incorporarse una adenda en la que la compensación para el caso de que se volviera a suspender las clases sería del 75% del precio del contrato los tres primeros días y el 50 % el cuarto y quinto día de suspensión.

En marzo de este año, la consejera de Educación, Manuela Armas, y el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, acordaron en marzo tras reunirse con los representantes de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), crear una mesa de trabajo conjunta para abordar la actualización de los precios de transporte escolar al IPC actual y un plan de pagos para llevarla a cabo. Armas explicó entonces que este servicio supuso en el curso 2020/21 una inversión de 43,6 millones de euros, en 1.451 rutas, y benefició a 37.426 alumnos y alumnas.

En agosto de 2022 se alcanzaron una serie de acuerdos económicos que los empresarios aseguran que no se han materializado. “De la información recibida de la Administración se desprende que no se sabe cuándo se van a poder regularizar los conceptos económicos de los contratos de transporte escolar y ni siquiera se ha formalizado un documento de reconocimiento de deuda que permita a las empresas transportistas acudir a productos financieros con la garantía de la deuda pendiente”, expresa la FET.