37.000 escolares sin guagua: el Gobierno no entiende el paro tras aceptar las demandas del sector mientras CC y PP cargan contra Torres

Este lunes, 9 de enero, los centros educativos de Canarias han vuelto a las clases, aunque de forma atípica a cualquier otro día lectivo del año: unos 37.000 escolares se han quedado sin transporte escolar debido al paro patronal convocado por la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias (FET).

La organización convocó el paro el pasado 2 de enero y ratificó esta decisión el pasado sábado, 7 de enero, afectando en la jornada de este lunes a aproximadamente 1.500 rutas escolares de centros públicos. Las rutas de los centros concertados y privados sí han transitado con normalidad.

¿Por qué el transporte escolar ha decidido realizar un paro patronal?

La Federación de Empresarios de Transporte de Canarias (FET) convocó este paro por “el incumplimiento por parte de la Consejería de Educación de los compromisos económicos adquiridos en agosto de 2022 con las empresas transportistas”. En concreto, aluden que la Consejería les debe desde hace diez años a los transportistas “la cláusula de IPC”, que apuntan que viene recogida en los contratos firmados por un importe de unos 14 millones de euros.

Explican que hay en total cuatro contratos en vigor que la Consejería se comprometió a actualizar sus modelos económicos, pero “ninguno de ellos haya recibido tal incremento y en 2023 tampoco se garantizan fechas de regularización de los precios atrasados”.

Además, en el comunicado enviado tras la reunión del pasado lunes insistían en que “el compromiso de liquidación de este IPC histórico comprendía el abono en tres plazos, 2022, 2023 y 2024” y que “el tercio de la deuda correspondiente a 2022 no se ha liquidado y ni siquiera se conoce con cargo a qué partida se podría liquidar”.

NC insta pide saldar la deuda antes del 31 de marzo

Nueva Canarias, uno de los socios de gobierno de Ángel Victor Torres, ha instado este lunes a la Consejería de Educación a que actualice las cantidades pendientes y pague “la deuda histórica” con las empresas de transporte escolar antes del 31 de marzo, y que utilice los presupuestos asignados este año para saldar ambas cuestiones.

El Gobierno lamenta el paro a pesar de “haber aceptado todas las demandas de la FET”

El Gobierno de Canarias lamentó el pasado sábado el paro a pesar de “haber aceptado todas las demandas de la FET”. El presidente canario, Ángel Victor Torres, aseguró que se reunirá con la organización para resolver este problema: “Nos sentaremos esta semana para solventar esta situación”, afirmó y puntualizó que ya había hablado personalmente con los representantes “el día de Reyes, la víspera y en varias ocasiones”.

Asimismo, ha asegurado que se trata de “una deuda histórica”, adquirida por gobiernos anteriores y “no resuelta desde 2011” y ha señalado que el presupuesto de 2023 contempla “las deudas” que Educación tenía “con el sector con la actualización del IPC”.

El oposición dice que el presidente “no ha hecho lo suficiente para evitarlo” y pide que “dé certezas al sector”

El vicesecretario de Organización del Partido Popular de Canarias y diputado autonómico, Carlos Ester, ha opinado que este paro del transporte escolar es el resultado de los “habituales incumplimientos” del presidente canario, Ángel Víctor Torres, al que acusa de haber “dejado en la estacada” a 37.000 alumnos. “Se ha puesto de perfil y no ha hecho lo suficiente para evitarlo”.

Asimismo, la diputada del Parlamento de Canarias, Beatriz Calzada (CC), ha pedido al Gobierno autonómico que “dé certezas” al sector y les pague los “14 millones de euros adeudados” antes de que se convoquen los concursos para las nuevas rutas.

La FET considera este paro como “un toque de atención” a Educación

El secretario general de la patronal, José Ángel Hernández ha explicado que la FET ha pretendido “dar un toque de atención” a la Consejería, ante su tardanza en abonar a los transportistas los nueve millones de euros presupuestados recogidos en los presupuestos de 2023, que corresponden a dos tercios de los 14 millones que les adeuda por la no aplicación, entre 2012 y 2022, de una cláusula que obliga a la Administración a actualizar todos los años sus contratos con el sector conforme a la subida del IPC.