El 65% de la población canaria tiene dificultades para llegar a fin de mes: la vivienda ya es un gran factor de vulnerabilidad
Canarias es la segunda comunidad autónoma, después de Andalucía, con mayor número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, ya que alcanza a un 33,8% de la población (unas 750.000 personas). Pese a la gravedad de la cifra, los datos han mejorado 2,4 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en 2022, lo que supone que es el tercer año consecutivo de reducción de este indicador la tasa AROPE, aunque dista bastante de la tasa en el conjunto estatal, que es del 26,5%.
Pese a la leve mejoría de los datos, en el Archipiélago, un 65% de la población alega tener dificultades para llegar a fin de mes y la vivienda es ya un gran factor de vulnerabilidad. El XIV Informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022. Canarias presentado este martes en el Parlamento regional por el vicepresidente de EAPN-Canarias, Fernando Rodríguez García, refleja estas conclusiones y señala que el alquiler o la hipoteca absorbe buena parte de los ingresos.
“La problemática habitacional se ha convertido en uno de los principales factores generadores de pobreza y afecta a una parte significativa de la población”, detalla el informe, que añade que las personas que residen en una vivienda en propiedad han pasado de representar un 76,9% en 2015 a ser un 63,2%, lo que ha supuesto un aumento de la proporción de quienes viven de alquiler de un 15,6% a un 28,4%.
En el año 2015 quienes pagaban una hipoteca en Canarias abonaban de media 262 euros más que quienes pagaban un alquiler (620 euros mensuales en frente a 358 euros), una situación que se ha equilibrado desde 2017 y este último año el desembolso medio por la letra de la hipoteca (538 euros) es 44 euros mayor al de arrendamiento (494 euros).
El informe detalla que, si para este mismo análisis se segmenta la muestra seleccionando a la población pobre, se aprecia cómo en Canarias el porcentaje de gasto destinado a la vivienda supone un tercio de los ingresos (34,1 %), es decir, prácticamente el doble del registrado entre toda la población canaria (17,3%). “Todo ello señala a la vivienda como un factor de vulnerabilidad, ya que se trata de una partida de gasto del hogar prácticamente ineludible que absorbe buena parte de sus ingresos y que, por tanto, determina qué parte de la renta disponible puede dedicarse a satisfacer el resto de las necesidades básicas del hogar”.
Privación material y social severa
El estudio recoge que el 11% de la población en Canarias (243.431 personas) se encuentra en situación de privación material y social severa. Se trata de un indicador de vulnerabilidad grave que mide “la capacidad para disponer de 13 elementos de consumo y de relación social considerados necesarios en la sociedad europea para mantener una adecuada calidad de vida”. Entre ellos, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, la capacidad para afrontar gastos imprevistos o permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
En las Islas, un 21,3% de la población presenta retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a largo plazo. En este sentido, otro dato llamativo es el de la pobreza energética, pues un 27,6% de las personas de esta comunidad autónoma no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Además, un 53,3% no puede hacer frente a gastos imprevistos.
El estudio apunta que un 42,3% de la población no puede permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una vez al año. Así mismo, el 38,7% no tiene capacidad para sustituir los muebles estropeados o viejos y un 12,6% no puede permitirse acceder a una comida de carne, pollo o pescado al menos dos días a la semana.
La privación de otras actividades también aparece reflejada. Así, un 14,5% no puede permitirse participar en actividades de ocio regularmente tales como cine, conciertos… Y un 11,8% no puede permitirse reunirse con amigos o familiares para comer, tomar algo al menos una vez al mes.
La EAPN destaca que la privación material severa ha aumentado entre la población que no se encuentra en situación de pobreza: el 4,3% de la población nacional, es decir, unos 2 millones de personas con los ingresos suficientes para no ser considerados pobres, no pueden mantener una vida digna.
Menores a cargo
El informe apunta que las personas que viven en hogares con menores económicamente dependientes registran tasas mucho más elevadas que el resto para los principales indicadores de pobreza y vulnerabilidad. La tasa AROPE entre personas en hogares con menores en Canarias es superior a la de aquellas en hogares sin menores: en 2023 un 37,7 % frente a un 30,0 % respectivamente.
Además, el 14,3 % de la población menor de 65 años residente en Canarias vive en hogares con baja intensidad de empleo y, por primera vez en la serie histórica esta tasa es mayor en los hogares donde hay menores (15,0 % en 2023) que donde no los hay (13,4 %).
Pensionistas vulnerables
Un grupo con características especiales es el de la población pensionista. “Una gran parte de ella tiene la pensión como único ingreso y, por tanto, obtiene rentas que están determinadas en su práctica totalidad por el importe de la pensión que reciben. En otras palabras, su situación de pobreza depende de decisiones políticas”, incide el informe.
El importe de las pensiones tiene un “efecto significativo” tanto en la generación de pobreza entre las personas mayores, como en su contención. Debe destacarse que para el 14,1 % del total, el importe de su pensión es inferior al umbral de pobreza severa (renta inferior a 523 euros en 2023), y la cifra alcanza al 23,9 % en el caso de las prestaciones por viudedad.
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