El 75% del alumnado va a la escuela pública en Canarias, pero la privada sigue liderando la educación infantil

La nueva ley educativa (LOMLOE) ha centrado estas semanas el debate en la escuela concertada y en la eliminación del castellano como lengua vehicular, pero ¿en qué afecta a Canarias? La comunidad educativa con mayor abandono escolar temprano y peores puntuaciones en informes como PISA se enfrenta al reto de repensar su sistema y requiere de una norma que apueste por combatir cifras como el hecho de que un 20% del alumnado no titule en ESO o que apenas tenga una tasa neta de escolarización en el primer ciclo de Infantil del 21%, alejada 18 puntos de la media estatal. La brecha social y económica también está afectando a la educación canaria, según alertan sindicatos, AMPAS y estudios como el del Consejo Escolar y como advirtió en su momento el propio informe de la OCDE. 

Colegios concertados han empezado a colocar lazos naranjas en sus fachadas y varios de ellos han enviado a los padres y madres la información de que se suman a las reivindicaciones planteadas por la plataforma Más Plurales, en especial aquellos que se encuentran dentro de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Pero ¿qué peso tienen estos centros en las Islas? Según datos del último informe del Consejo Escolar de Canarias sobre la realidad educativa de las Islas, del total de 292.805 estudiantes matriculados (excepto menores de tres años y FP), 219.579 se encuentran en la enseñanza pública, 54.987 en los centros concertados y 18.239 en los centros privados. De modo que el 75% del alumnado pertenece al sistema público de enseñanza, mientras que el 18,8% se encuentra en el concertado y el 6,2% en la educación privada. Según los datos del curso escolar pasado, los últimos desglosados por el Ministerio de Educación, la cifra apenas se ha alterado. 

De hecho, el número de estudiantes pertenecientes a la enseñanza concertada en Canarias ha permanecido casi invariable en los últimos años, rondando siempre los 55.000 estudiantes. Por el contrario, el informe del Consejo Escolar sí refleja que en los centros de titularidad 100% privada se ha producido un aumento relevante del alumnado, al pasar de un 5,7% a un 6,2% más. En lo que a Bachillerato se refiere, se constata que la gran mayoría del alumnado se matricula en la pública (85,7%) ya que para esta etapa no existe convenio entre la Consejería de Educación y los centros concertados. 

La nueva norma especifica que “se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza”. Un estudio de la Fundación BBVA ya reflejaba precisamente que el sistema escolar español segrega a los alumnos y el informe PISA destacaba que en Canarias,  la diferencia entre públicos y privados tanto en las pruebas (diferencia de hasta 50 puntos en exámenes como Matemáticas) como en la tasa de repetidores (45,1% en los públicos y 14,1 en los privados) no radica en la calidad de la enseñanza del centro, sino en el nivel económico de las familias y nivel de estudios de los padres. 

Para la plataforma por el 5% del PIB en Educación, lo que está en juego con la nueva ley no es “la libertad de enseñanza” o “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, sino quién paga. “Bajo la bandera de la libertad de enseñanza se esconde, a veces, el clasismo y la insolidaridad”, asegura. Bernardino Ruiz, uno de los integrantes de la plataforma, que aclara que lo que ocurre en España, Bélgica o Malta con la escuela concertada es una excepción en Europa, donde predomina la educación pública. Así mismo, considera que la nueva norma es una oportunidad para lograr más financiación educativa, ya que también se marca un plan de incremento del gasto público educativo, por lo que prevé que  lleguen más partidas para este fin, necesarias para bajar las ratios en las Islas y aumentar el número de docentes, entre otras cuestiones. 

¿Y el alumnado con necesidades específicas? 

En cuanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el informe del Consejo Escolar es contundente. Con respecto a la proporcionalidad, resalta que la mayoría del alumnado que presenta estas condiciones especiales se encuentra en el sistema público (un 75,57% si atendemos al curso 2018-2019). No obstante, añade que la pública llegó a asumir hasta el 80,22% de este alumnado en el curso 2016-2017. Por otro lado, la enseñanza concertada presenta un porcentaje medio actual de un 24,43%, aunque llegó a su máximo en el curso 2017-2018 con un 24,69% de alumnado con necesidades específicas. En cuanto a los privados, el informe es más específico aún “en el curso 2018-2019 los centros privados no poseían alumnado con estas características”. 

Sobre la educación especial también se ha generado debate en cuanto a los centros de educación especial o la inclusión de este alumnado (que requiere de  recursos personales o materiales específicos) en centros no especializados para ello. La nueva ley señala que “el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. 

Así mismo, la norma también aclara que “las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

La educación infantil no arranca en Canarias

La plataforma por el 5% para educación considera que ese aumento en la financiación también puede ayudar a que se fomente el primer ciclo de  educación infantil, que también es mencionado en varios apartados de la ley. El Archipiélago presenta una tasa neta de escolarización en esta etapa del 21%, según el informe del Consejo Escolar de Canarias, aunque la tasa era bastante inferior hace unos años. En las Islas, además, la distribución del alumnado difiere de forma significativa de la estatal. De un total de 10.163 menores matriculados en enseñanzas de cero a tres años, 4.159 pertenecen al ámbito público (41%) y 6.004 al privado (59%).

La educación infantil nunca fue una apuesta de anteriores gobiernos en Canarias. El expresidente Fernando Clavijo (CC) llegó a asegurar que esta etapa educativa era competencia del Estado, algo que desmiente la plataforma por el 5% y pone como ejemplo otras comunidades en las que se ha desarrollado este tipo de enseñanza por parte de los propios gobiernos regionales como es el caso de  Castilla y León, y Castilla La Mancha, en las que la mayoría del alumnado se encuentra escolarizado en centros de titularidad pública. El informe del Consejo Escolar también destaca el modelo alternativo de Extremadura, con casi un 90% del alumnado en los centros públicos.