La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha incorporado a 800 nuevas personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción en la nómina de agosto. En total, esta contribución del Ejecutivo regional a familias en situación de vulnerabilidad social alcanza en el pago de este mes a 8.476 personas, la cifra más alta desde el mes de octubre de 2017.
El área dirigida por Noemí Santana ha logrado en los dos años de la presente legislatura casi duplicar el número de familias vulnerables con acceso a esta renta mínima del Gobierno regional, ya que en el momento de tomar posesión en el mes de julio de 2019 eran 5.687 las que se beneficiaban de esta prestación.
La consejera destaca los cambios introducidos durante la presente legislatura para facilitar el acceso de la ciudadanía a esta medida. “Esto no es casualidad. Se debe a las modificaciones en la Prestación Canaria de Inserción, que han sido cuatro durante estos dos años de gobierno. Esto ha hecho que se mejore y se amplíe esta prestación”, subrayó.
Por su lado, Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales, explica además que en las coordenadas de la Consejería se encuentra la inclusión de nuevas altas en el sistema. “Estimamos que este dato seguirá al alza en los próximos meses por la agilización de las renovaciones y solicitudes de inicio que estamos haciendo”, señaló.
La incorporación de 800 altas a la nómina de la Prestación Canaria de Inserción llega, a su vez, pareja al complemento de 50 euros para familias con menores a cargo que se aplicó en el mes de julio con carácter retroactivo al mes de marzo.
La Prestación Canaria de Inserción se complementa a lo largo de esta legislatura con el impulso desde el área de Derechos Sociales del Ingreso Mínimo Vital. Dicha prestación ha contado desde el momento de su implantación con 15.467 resoluciones positivas.
Estas medidas se mantienen dentro de la hoja de ruta del área de Derechos Sociales, que apuesta por otras acciones que se resolverán en un futuro cercano, tal y como explica la consejera Noemí Santana. “Nosotras teníamos claro desde el principio que no queríamos dejar a nadie atrás y, por eso, el próximo año será una realidad una Renta de Ciudadanía que amplíe los derechos de nuestra gente. Pero, mientras tanto, queríamos modificar las prestaciones ya existentes para proteger a la gente ante esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir”, expuso.