Canarias pasa a ser la sexta comunidad autónoma en superficie con el nuevo Estatuto de Autonomía
El día que entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, el Archipiélago pasó de ser la decimotercera comunidad con mayor superficie a ocupar la sexta posición en extensión. Ese 6 de noviembre de 2018, las aguas integradas en el perímetro definido en el anexo del documento eran reconocidas como parte de su territorio. Una línea imaginaria de 1.200 kilómetros de extensión -que comienza y acaba en Alegranza- incrementa la superficie de Canarias de 7.450 a 36.500 kilómetros cuadrados, superando a comunidades como Cataluña (32.100) o Galicia (29.500).
El Estatuto de Autonomía de 1996 sólo reconocía como “ámbito territorial” las islas, mientras que, en el nuevo documento, en su artículo 4.1, establece que el “ámbito espacial” del archipiélago canario está “integrado por el mar y las siete islas”. Así, en el segundo apartado del artículo vigente, se explica que para delimitar la superficie “se trazará un contorno perimetral” entre los puntos extremos más salientes de las islas e islotes que integran el territorio. “Las aguas que queden integradas dentro de este contorno perimetral recibirán la denominación de aguas canarias y constituyen el especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias”. De esta forma pasa a ser la primera autonomía a la que el Estado reconoce el mar como parte de su territorio.
Sin embargo, a efectos prácticos no cambia las competencias atribuidas a las instituciones insulares y al Estado, que ostenta la soberanía, y reproduce de manera casi idéntica la Ley de Aguas Canarias de 2010, que por primera vez delimitaba las aguas marítimas del Archipiélago. Aquella norma apenas alteró el reparto de competencias; es más, varias sentencias posteriores del Tribunal Constitucional (TC), en respuesta a recursos del Ejecutivo regional, han dictaminado que la soberanía de las aguas marinas entre islas es titularidad exclusiva del Estado.
Ese asunto ha sido un motivo de enfrentamiento entre el Gobierno central y regional que llegó a su punto álgido a partir de 2012, cuando el Consejo de Ministros autorizó a Repsol a realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Gran parte de la sociedad isleña, asociaciones ecologistas, ayuntamientos, cabildos y el parlamento regional se manifestaron en contra de la decisión adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero el Tribunal Supremo desestimó hasta siete recursos planteados contra el decreto que autorizó los sondeos en aguas del archipiélago canario, al estimar que la competencia sobre el mar isleño pertenece al Estado.
En el nuevo Estatuto se fija que el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias se ejercerá “teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente tanto para dichos espacios como para los terrestres”. Así, en el artículo 131 se establece que la Comunidad Autónoma tiene competencias en el sector pesquero o en la acuicultura, pero tampoco cambia la relación de competencias entre el Estado y Canarias, aunque al estar incluida en el Estatuto tiene la fuerza de una Ley Orgánica.
Principio Archipielágico
Una de las razones por las que Podemos votó en contra del Estatuto precisamente tuvo que ver con que el documento no incluyó el llamado Principio Archipielágico, es decir, que las islas tengan competencias sobre sus aguas, que no solo se circunscriben a las interiores, sino que también comprenden la zona económica exclusiva (ZEE, hasta las 200 millas de la costa) y la plataforma continental (fondo y subsuelo marino), donde se ha descubierto la existencia de telurio, una de las razones por las que España ha solicitado una ampliación de la ZEE a la ONU.
La formación morada ha explicado que la creación de un espacio marítimo e interinsular es un formalismo que no tienen relevancia jurídica para configurar las aguas interiores, por lo que la normativa de aguas internacionales continúa rigiendo el espacio que supera las 24 millas náuticas de una isla a otra, es decir, entre todas exceptuando el pasillo entre Lanzarote-Fuerteventura, La Gomera-Tenerife y Gran Canaria-Tenerife.
El promotor de la iniciativa para llevar a cabo una Ley de Aguas Archipielágicas, Ángel Cuenca, considera incluso que no es necesario crear un ámbito espacial porque “el Estado puede ceder competencias que le sean propias” tanto en el mar territorial como en la Zona Económica Exclusiva, pero “no puede ceder lo que no puede tener” según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por ello, concluye que “las aguas canarias son una entelequia destinada a aparentar competencias de autogobierno que no existen”.
Para evitar que otros países pueden hacerse con los recursos naturales del mar canario (telurio) o poner en riesgo el medio ambiente (prospecciones petrolíferas), Podemos propone un gran pacto regional que demande al Estado iniciar el procedimiento necesario para que el espacio marítimo -incluyendo aguas interiores, mar territorial, la ZEE y la PC- sea internacionalmente equiparado al de un estado archipielágico, pues cuando el Gobierno autonómico ha recurrido al Constitucional apelando al Convenio sobre el Derecho del Mar de 1982 (que reconoce a los archipiélagos la competencia sobre sus aguas) el TC ha respondido siempre que la norma con rango superior se aplica a estados que son archipiélagos, no a regiones de un país.
