Canarias es la segunda comunidad con peores servicios sociales: carece de una ley que los garantice y de planificación
Los servicios sociales siguen siendo la gran asignatura pendiente de Canarias. El Archipiélago ha vuelto a suspender en el último estudio realizado por la asociación estatal de Directores y Gerentes de estos servicios. El documento, aunque reconoce cierta mejoría desde el año 2015, suspende a las Islas con un 3,3 y las sitúa como la comunidad donde existe un peor desarrollo de los servicios sociales, solo por detrás de Valencia.
El Índice DEC (Desarrollo de los Servicios Sociales) valora hasta 30 indicadores como la cobertura de servicios, el gasto por habitante o los derechos que reconoce cada comunidad autónoma en el sistema público. En el caso de Canarias, no solo existe la lista de espera más alta en Dependencia de todo el país sino que el Archipiélago aún carece de una ley que reconozca derechos y los garantice (de momento sólo existe un proyecto de ley). El informe también recoge la falta de planificación de esta comunidad.
Los expertos recomiendan que Canarias elabore cuanto antes esta ley de servicios sociales y que continúe desarrollando su sistema público con el objetivo de que “se recuperen unos niveles dignos de atenciones”. Además, insisten en la necesidad de que se realice una planificación del sector, algo en lo que “no ha avanzado esta comunidad”.
Para situarse en la media estatal, los autores del informe subrayan que es necesario incrementar en un 11,8% los presupuestos actuales, lo que supondría un incremento de 75,5 millones de euros al año. Estas partidas recomiendan que sean utilizadas para mejorar las infraestructuras básicas de los servicios sociales (ya que las Islas cuentan con un profesional por cada 3.268 habitantes, mientras que la media estatal es de uno por cada 2.436 ciudadanos) y en avanzar en la Ley de dependencia.
Otros retos de Canarias
Otros retos de CanariasLos expertos ven necesario incrementar la extensión y la cuantía de las rentas mínimas de inserción “tan importantes en una situación como la actual para garantizar un nivel digno de calidad de vida y prevenir la exclusión social de las personas y familias más afectadas por la crisis y el paro”, destacan en el documento.
En Canarias sólo percibe estas rentas el 4,5 % de la población que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, mientras que la media en España es más del doble, con un 8,7%.
En este sentido, cabe recordar también el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) que situó a Canarias como la comunidad con la tasa más alta de España de personas en riesgo de sufrir pobreza y exclusión, una cifra que situó en el 44,6% de los habitantes. A pesar de ello, el Gobierno regional ha negado la aplicación de medidas como una renta básica.
La asociación también cree que se deberían incrementar los servicios residenciales de financiación pública para personas mayores (plazas públicas y concertadas), en las que Canarias sigue manteniendo una cobertura muy por debajo de la media estatal, con un 1,2 2 % frente al 2, 46 %. Los autores del índice DEC señalan que se trata de un servicio fundamental para la atención a las personas en situación de dependencia, que además supondría un importante impulso a la creación de empleo en un momento en el que resulta tan necesario en Canarias
Otro de los retos marcados es mejorar el servicio de teleasistencia, ya que en Canarias solo 1,64 de cada 100 personas mayores de 65 años lo reciben, mientras que la media en España es de 8,89, más de cinco veces superior.
Datos relevantes
El documento recoge, no obstante, el esfuerzo inversor de esta comunidad autónoma ya que, desde 2014, la inversión por habitante ha crecido un 17,2% y se sitúa en en 303,85 euros (aún por debajo de la media nacional, que es de 339,69). El porcentaje que representa esta inversión sobre el PIB regional pasó del 1,35% al en 2014 al 1,52% en 2016, y ya se sitúa por encima de la media estatal (1,42%).
A pesar de los malos resultados en la gestión de la Ley de Dependencia, ahora que se cumplen diez años de su entrada en vigor, la asociación sí que considera que está comenzando a despegar. Sin embargo, la mejora viene derivada de la integración de las entidades locales en el Sistema de Atención a la Dependencia. El pasado mes, el director de esta asociación, José Manuel Ramírez, alertaba de que se ha detectado un nuevo limbo no sólo entre aquellas personas que tienen derecho a estar acogidas al sistema y no reciben ayuda alguna, sino entre aquellas que siguen esperando a que se estudie su caso y se emita un dictamen del grado de su dependencia.
En cuanto a cobertura de prestaciones y servicios, los responsables del índice DEC destacan también “el esfuerzo” realizado en el último año ya que se ha elevado un punto la cobertura del sistema (del 3,4 al 4,4 % de la población potencialmente dependiente) y se ha reducido en casi 13 puntos su nivel de desatención, el llamado “limbo” (del 54,6 al 41,8 %).
Sobre este último punto (el de la cobertura), el documento subraya que todos los indicadores mejoran, algunos de ellos de manera importante, pero matizan que “no lo suficiente” como acercarse a la media estatal, lo que indica que Canarias tiene todavía un camino muy largo por recorrer para recuperar el extraordinario deterioro de su sistema público de servicios sociales.
