ERTE en la mayor clínica privada de Gran Canaria para los trabajadores no sanitarios

El mayor grupo hospitalario de titularidad privada de la isla de Gran Canaria, Clínicas San Roque, pactó el pasado jueves con los representantes sindicales un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 158 de sus 813 trabajadores, en su mayoría personal no sanitario, de los departamentos administrativo, comercial o de traducción, aunque también han sido incluidos profesionales de la rama de rehabilitación y fisioterapia, según han confirmado a este periódico fuentes de la empresa.

El ERTE afecta en mayor medida al centro que el grupo tiene en el principal municipio turístico de la isla, San Bartolomé de Tirajana, donde serán suspendidos de empleo 92 de sus 381 trabajadores. En la clínica ubicada en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, serán 59 los profesionales que irán temporalmente al paro en una plantilla que cuenta con 388 personas. Las otras siete bajas eventuales ejercen en el Centro Asistencial de Lanzarote (dos) y en las filiales Clínicas San Roque Diagnósticos (dos) y Gestión y Administraciones SL (tres), según datos proporcionados por la propia empresa. Durante el ERTE, los trabajadores cobrarán el 70% de su base reguladora.

La decisión de Hospitales Universitarios San Roque se produce apenas cinco días después de la declaración del Estado de Alarma en España y de la inmediata puesta a disposición de la sanidad pública de los recursos de las clínicas privadas. “La pandemia por el COVID-19 ha venido a agravar una situación previa de precariedad económica de la empresa en los dos últimos años que la ha llevado al borde de la supervivencia”, explica el presidente del grupo, Mario Rodríguez, al inicio de la carta enviada el mismo jueves a los trabajadores para justificar una “dura” y “dolorosa” medida que, según sus propias palabras, tiene el objetivo de evitar la otra alternativa: “el cese definitivo de la actividad”. Los centros de este grupo hospitalario contabilizan caídas de la demanda de entre un 60 y un 97%, en función de las áreas sanitarias y de los servicios, informan fuentes oficiales de la empresa.

El ERTE, que en principio tendrá una duración de seis meses, no afecta, salvo la excepción antes mencionada, a los trabajadores sanitarios. El Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno canario pidió el pasado viernes al sector privado que aportara todas las camas disponibles ante el esperado repunte de casos de coronavirus en el Archipiélago. El Ejecutivo regional ha establecido un “circuito único” para unificar criterios de actuación y trabajar de forma “conjunta y coordinada”.

El sector sanitario privado ha puesto a disposición del Gobierno un total de 676 camas, 500 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 176 en Las Palmas. Durante esta emergencia por el COVID-19, los centros concertados serán considerados “hospitales libres de virus”. Las reuniones de coordinación se retomarán este lunes para “poder dar vía libre a que la sanidad privada de las Islas pueda trabajar la cirugía programada que el Servicio Canario de Salud (SCS) estime, así como el desvío de cualquier tipo de paciente” que la Consejería requiera.

“Un ejercicio de responsabilidad”

Para José Antonio Suárez, responsable del sector de las clínicas privadas en CCOO Canarias, la medida supone un ejercicio de “responsabilidad” y asegura que priorizaron que no se perdiera ningún puesto de trabajo de forma definitiva. “Es doloroso, pero la actividad está prácticamente parada. No se ha aprovechado ninguna coyuntura para hacer un ERTE, todas las clínicas privadas están abocadas al ERTE. El coronavirus no lo han inventado los empresarios”, ha manifestado el representante sindical a este periódico.

Suárez asegura que desde la llegada de la socialista Teresa Cruz a la Consejería de Sanidad las derivaciones a las clínicas privadas y, en particular, a Hospitales San Roque, se han reducido de manera considerable. Cita, como ejemplos, los casos de la cobaltoterapia o la cirugía cardiaca, que han quedado “prácticamente a cero”. El representante sindical se muestra muy crítico con la política de concertaciones seguidas por el actual Ejecutivo y lamenta, en sintonía con lo expresado por empresas del sector, la “infrautilización” de los recursos privados para evitar el colapso en los centros sanitarios de titularidad pública. “Prácticamente no estamos recibiendo a nadie”, comenta.

Según el delegado sindical, en las últimas fechas la asistencia de pacientes a los servicios de urgencias de Clínicas San Roque (una de ellas situada en Maspalomas, un importante enclave turístico de la isla de Gran Canaria), ha descendido “de una media de 400 pacientes diarios a unos 20 o 40”. Además, “se han cerrado las consultas externas y otros anexos. No hay actividad”, afirma Suárez.

El grupo hospitalario facturó algo más de 41 millones de euros en 2018, el último ejercicio económico con las cuentas disponibles, y obtuvo un beneficio de 1,2 millones antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, lo que significa una caída de un 54% con respecto al año anterior.

La empresa del exconsejero

Los conciertos sanitarios con el grupo hospitalario San Roque provocaron durante la pasada legislatura duros enfrentamientos entre Coalición Canaria (CC) y el PSOE, los partidos que en mayo de 2015 habían suscrito un pacto de gobierno que se terminó rompiendo a finales de 2016 por divergencias en diferentes áreas, siendo las sanitarias las más relevantes. Al socialista Jesús Morera, el consejero que había planteado devolver a manos públicas el servicio privatizado de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín, que explota desde hace años con el contrato vencido una filial de San Roque, le sucedió en el cargo José Manuel Baltar, un gestor que procedía, precisamente, de ese grupo hospitalario, donde ejercía como director de Operaciones, y que meses antes había asegurado en una emisora de radio que con 16 millones de euros a las clínicas privadas se acababan las listas de espera en Canarias, de las más elevadas y con mayor demora media del país.

Durante el final de la legislatura, el PSOE, con la actual alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, como portavoz, reprochó a CC en multitud de sesiones parlamentarias el incremento del dinero destinado a las derivaciones a las clínicas privadas y, en especial, a San Roque, que a finales de 2017 duplicó sus ingresos por cirugía concertada y que en 2018 incrementó en un 20% su facturación por la vía de los conciertos que aún entonces arrastraba Canarias desde la época preconstitucional.

Ahora, con la gestión de la consejera Teresa Cruz en entredicho en el seno del propio Gobierno y su futuro en el aire, el Ejecutivo ha rescatado para su Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria a dos veteranos gestores que también ocupaban puestos relevantes mientras se producían esos enfrentamientos. Se trata del actual secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, Conrado Domínguez, que fue director del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la etapa de Baltar, y del director general de Patrimonio del Gobierno regional, José Julián Isturiz, que sustituyó al exconsejero de Sanidad como gerente del grupo San Roque cuando este aceptó el encargo que le había encomendado el entonces presidente Fernando Clavijo.