Interior cargó gastos de alimentación de una comisaría de Policía al CIE vacío de Fuerteventura
Los datos que el Ministerio del Interior facilita con cuentagotas sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de El Matorral, en Fuerteventura, agrandan la polémica que envuelve a estas instalaciones, vacías desde 2012 y oficialmente cerradas este año, pero que durante todo este tiempo han generado cuantiosos gastos a las arcas públicas, a razón de un millón de euros por año. El Gobierno central reconoce ahora que se imputó durante años, “con cargo” al contrato de abastecimiento del CIE, “la alimentación de las personas detenidas en la Comisaría” de la Policía Nacional de Puerto del Rosario, a pesar de que esa posibilidad no se reflejaba en las bases iniciales del concurso para suministrar las comidas a los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros que había en el país en el año 2013, cuando se licitó el servicio.
Por el contrato de alimentación en el Centro de Internamiento de Extranjeros de El Matorral entre 2014 y 2017 el Ministerio del Interior desembolsó un total de 647.624 euros. No hubo ningún migrante que tuviera que ser alojado, ni alimentado, durante ese periodo en las instalaciones ubicadas en el interior del acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela, con una capacidad teórica para 910 personas. De hecho, el último interno salió en mayo de 2012.
Sin embargo, cuando el Ministerio licitó el contrato de abastecimiento de todos los centros en el conjunto del Estado, en el año 2013, por un máximo de 11,5 millones de euros, estableció una condición muy beneficiosa para la empresa que resultara adjudicataria: 150.000 euros anuales fijos por alimentación en el CIE de Fuerteventura, aunque estuviera vacío. La cantidad garantizada al mes en el centro de la Isla, 12.500 euros, contrasta con los 3.500 euros garantizados en el CIE de Barcelona o los 4.500 euros en el de Gran Canaria.
En los albaranes de la empresa Albie, que se llevó el contrato del Ministerio, se detalla con claridad que el concepto es el de “suministros alimenticios servidos a personas ingresadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Fuerteventura”. También se refleja el citado importe fijo de 12.500 euros, que ha sido cuestionado en el Senado cuando se ha analizado la situación del CIE, y diversos importes “variables” por servir pensiones completas (desayuno, almuerzo y cena) a los detenidos de la Comisaría, así como comidas y botellas de agua “sueltas”. Cada albarán incorpora un cuadro con los menús servidos cada día del mes, con el sello de la Comisaría de Puerto del Rosario.
El propio Gobierno, obligado a entregar esta documentación a la senadora María José López Santana (NC), que hizo comparecer por el CIE de Fuerteventura a los dos últimos ministros del Interior, Juan Ignacio Zoido y Fernando Grande-Marlaska, admite con una apostilla el uso del contrato del Centro de Internamiento de Extranjeros para cubrir gastos de la Comisaría. El pasado mes de febrero, el entonces ministro respondió a las preguntas de la senadora canaria sobre los “injustificables” gastos del centro de El Matorral y no hizo ninguna alusión a que se imputaran al contrato del CIE otros gastos de la Policía Nacional en la isla.
Un CIE “inviable”
Al mes siguiente de la comparecencia de Zoido, el responsable de la Jefatura Central de Logística de la Policía Nacional, José García Losada, emite un informe dirigido al director general de la Policía, en el que advierte tras una inspección al CIE de Fuerteventura de “la necesidad de proceder a su cierre definitivo, en base a cuestiones legales, operativas y técnicas, tanto de índole económica como de infraestructuras”.
El mando policial pide en su informe “la clausura definitiva” del centro y recalca que “las exigencias de la actual normativa” que regula las condiciones de los Centros de Internamiento, en vigor desde marzo de 2015, “lo hacen actualmente inviable desde el punto de vista de su habitabilidad”. Si hubiera que mantenerlo abierto, añade, debería ser “objeto de una reforma total para adaptar su estructura a las exigencias contempladas” en la legislación, “lo que supondría un importante coste económico y un plazo de ejecución por encima de los dos años”.
En ese sentido, el responsable de Logística de la Policía Nacional subraya que “actualmente sería inviable poder alojar en estas instalaciones a ninguno de los inmigrantes que pudieran llegar a las Islas Canarias, pues sus obsoletas infraestructuras no están acordes con la actual normativa”, y acompaña su informe al director general de la Policía de un “reportaje fotográfico”.
Los contratos “sin razón de ser”
En el vacío CIE de Fuerteventura no sólo hubo gastos de alimentación, también se produjeron otros abultados desembolsos económicos por otros conceptos. Por ejemplo, en 2016 se pagaron 586.132 euros para limpieza y 200.098 para mantenimiento de unas instalaciones que, como admite el máximo responsable de Logística de la Policía, incumplían las condiciones legales. En ese sentido, reconoce que “los contratos de los servicios en vigor, publicados y adjudicados para dar respuesta a una posible e imprevisible llegada de inmigrantes, no se podrían poner en práctica por la falta de adaptación” de las instalaciones a la normativa.
Por ello, tres años después de que entrase en vigor la citada legislación, el responsable de la Policía Nacional “aconseja proponer la resolución” de “los actuales contratos de servicios” porque “no tienen razón de ser”. El Gobierno procedió a la “supresión” del CIE de El Matorral el 26 de junio pasado, con un agujero para las arcas públicas que ronda los cinco millones en el último lustro.
