Los abusos a usuarios del sector turístico de las vacaciones a tiempo compartido, o timesharing, llegaron a su fin con la innovadora sentencia de enero de 2015 del Tribunal Supremo. Las empresas dedicadas a esta actividad no pueden contratar de por vida con sus clientes, ni reclamarles adelantos. Y así están devolviendo grandes cantidades de dinero obtenidos irregularmente durante años si en los contratos no figuran el tiempo compartido del que se disfrutará, entre 3 y 50 años.
Uno de los artífices de este goteo constante de sentencias favorables a clientes de complejos turísticos de timesharing es el despacho Canarian Legal Alliance, radicado en Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. La firma de abogados acumula ya más de 200 sentencias favorables en diferentes instancias, y ahora amplía su actuación a la Península con la apertura de una oficina para atender al mercado nacional en la Avenida Boulevard 8 de Arroyo de la Miel, en Benalmádena.
De hecho, CLA ha obtenido recientemente una nueva victoria judicial en la Costa del Sol, al aplicar la Audiencia Provincial de Málaga la jurisprudencia que marca la innovadora sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2015, en el caso de una pareja que pleiteó contra la empresa del complejo turístico Club La Costa, ubicado entre Fuengirola y Torremolinos.
La Sección Cuarta de la audiencia malagueña ha dado la razón a los clientes de Club La Costa, declarando nulo el contrato suscrito entre las partes y con la obligación al resort de devolver a sus clientes 28.635, 91 euros por el precio del mismo, menos los días que hubieran disfrutado, además de 19.738, 24 euros, el doble del dinero que anticiparon irregularmente, según recoge la sentencia de 22 de junio de 2017.
El despacho de abogados especialistas en timesharing CLA se instala de este modo en otro gran polo turístico español como es la Costa del Sol, donde operan resort de tiempo compartido como Club La Costa, Marriots o Diamond Resorts, con los que ya ha abierto litigios en defensa de clientes como los que en Canarias vienen recuperando sus adelantos e inversiones irregulares de por vida.
Hasta la fecha, CLA ha conseguido 52 sentencias firmes en el Tribunal Supremo, 69 favorables en audiencias provinciales, 101 en juzgados de primera instancia y en el caso de Canarias mantiene abiertos 257 procedimientos contra el Grupo Anfi y 919 en total contra todos los resorts que no han corregido los contratos de por vida a un tiempo entre 3 y 50 años, como fija la sentencia de 2015 que ha sentado doctrina.