La intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 ha encontrado detractores y aliados con reticencias, como es el caso de la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir en Gran Canaria, Romina Gemignani, que rechaza que se vaya a continuar permitiendo el aborto por daño físico o psicológico a la madre.
En una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por El Diario.es, Gallardón se mostró a favor de incluir el daño psicológico en la futura ley del aborto, cuyo texto todavía se desconoce. Sin embargo, también puntualizó que este supuesto deberá quedar “acreditado por profesionales”.
Gemignani denuncia que dicho supuesto es un “coladero” por el que interrumpen su embarazo el 95% de las mujeres, valiéndose de lo que califica como un “fraude” que enmascara el aborto despenalizado. Asimismo, hace referencia a una serie de reportajes elaborados con cámaras ocultas, en los que se muestra cómo en “muchas clínicas” los certificados de los psicólogos “están firmados previamente”, por lo que el profesional “evidentemente no tiene ningún tipo de contacto con la persona”. “Incluso alguno de los psicólogos tenía participación económica en el centro abortivo, por lo que ahí hay un conflicto más que claro de intereses”, apostilla la portavoz, que lamenta que no se hayan llevado a cabo “las investigaciones necesarias” al respecto.
Derecho a Vivir defiende en su campaña 'Aborto cero' que en ningún caso la interrupción del embarazo es la solución y apuesta por lo que Gemignani califica como “progresista de verdad: ayudar a la mujer”. La plataforma aspira a que el Gobierno central suprima la ley del aborto y la sustituya por otra de ayuda a las madres, para que “tengan una opción”. “Ahora mismo no existe la contrapartida, el Estado te garantiza que puedes abortar, pero no el que puedas recibir ayudas o acogerte a algún tipo de plan”, señala. Por este motivo, considera que la libertad de elección se encuentra “descompensada”. En este punto precisa que ninguna mujer aborta “con gusto”, sino que “lo hace prácticamente obligada por las circunstancias”.
La portavoz califica a la Ley de 2010 como un retroceso y un fracaso para la sociedad, y dice no encontrar avance alguno en “decir que lo más cómodo es quitarse de en medio” al nasciturus. En referencia al momento en que un ser humano es considerado como tal, contradice las recientes declaraciones del director del Instituto Superior de Teología de Canarias, Juan Jesús García Morales, que estipuló en un plazo comprendido entre los cinco y siete días la implantación del ADN, y dice basarse en criterios científicos para afirmar que éste se establece desde el momento de la concepción.
Frente a las peticiones de diversas asociaciones de mujeres y ONG como Acción en Red Canarias, que la semana pasada presentó en Gran Canaria su campaña Yo decido por la defensa del aborto legal, seguro y gratuito, Gemignani afirma que “aunque las feministas no lo vean y les parezca que poder eliminar el fruto de un embarazo es ponerse en igualdad de condiciones con el hombre, a nosotros nos parece que es justo lo contrario, es un avance hacia el machismo y hacia dejar sola a la mujer”.
Por otro lado, asegura que la plataforma “no condena a ninguna mujer que haya decidido, básicamente obligada, a abortar” y denuncia que la Administración española contemple la gratuidad de llevar a cabo el proceso, pero no aporte ningún tipo de apoyo o ayuda psicológica a posteriori.
Entregar en adopción antes que abortar
Gemignani valora la intención de Gallardón de penalizar el aborto por malformación del feto y advierte que la prescripción de los médicos en algunos casos no es del todo fiable, ya que “hay casos que conozco, en los cuales se diagnostica que el niño va a nacer con algún tipo de tara y luego resulta que nace perfectamente”. Además, añade que muchas familias deciden seguir adelante con el embarazo y “tener unos hijos que al final son una bendición”.
En referencia a la Ley vigente, denuncia que “podamos quitar de en medio”, antes de que nazca, a un niño que tenga una “necesidad especial” y cuestiona si “también vamos a tener derecho a quitar de en medio” a un menor al que un accidente haya dejado con algún tipo de deficiencia o discapacidad.
En caso de no poder afrontar la vida diaria del recién nacido, propone darlo en adopción, ya que asegura que existen “muchas familias que están dispuestas a educar a niños con dificultades y problemas”. Aunque reconoce no tener constancia de ningún caso en concreto, asegura que “en algún momento he pensado en adoptar a uno de estos niños”.
Sobre un supuesto de violación, reivindica que la legislación española no contemple la pena de muerte para el responsable del acto, pero sí para el fruto de una relación mantenida a la fuerza, al que define como “un ser indefenso que no ha hecho ningún daño a nadie”. Para Gemignani practicar un aborto en estos casos supone ejercer una doble violencia sobre la mujer, por lo que propone un incremento del apoyo psicológico, animar a la víctima a que continúe con el embarazo y que “si luego no puede criar a su hijo, lo dé en adopción”.
Sobre este aspecto, asegura conocer testimonios “de primera mano” de mujeres que “después de dar a luz al fruto de una violación, han encontrado el sentido de su vida en ese hijo, que ha conseguido sanar una experiencia tan traumática”.
La portavoz de Derecho a Vivir en Gran Canaria apoya que la embarazada decida dar a luz, incluso a pesar de poner en riesgo su propia salud. Sobre este aspecto, recuerda el caso de una mujer de Tenerife que trajo al mundo a dos niños, a pesar de tener un problema renal crónico y que los médicos le aconsejaran interrumpir el embarazo. Finalmente la afectada “salió adelante”, aunque en la actualidad necesita un trasplante de riñón, relata.
La plataforma lleva a cabo una recogida de firmas para agilizar los procesos de adopción de España mediante una reducción de la burocracia.