Desde un acto presencial a reconocer la singularidad canaria: todas las propuestas para mejorar la estabilización docente

“Estabiliza plazas pero no a los docentes”. Es la afirmación en la que coinciden los sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública en Canarias sobre el proceso abierto que prevé acabar con la alta tasa de interinidad y que comienza en diciembre (aunque no se resolverá hasta avanzado 2024). Sus portavoces se han reunido este jueves con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, con la finalidad de trasladarles su preocupación por un concurso de méritos que creen que pone en peligro el trabajo de profesores que llevan décadas en fraude de ley.

Desde el sindicato ANPE, su portavoz, Pedro Crespo, recuerda que otras comunidades autónomas han publicado un número de plazas bastante inferior a las ofertadas en Canarias, “que ha sacado sus plazas reales”, y ahí radica gran parte del problema, pues se teme una avalancha de profesorado de otras comunidades autónomas. El sindicato cree que “el Gobierno de Canarias debe presionar al Ministerio para que cumpla la ley y se auditen las plazas ofertadas por el resto de comunidades autónomas. Las reglas del juego deben ser las mismas para todos”.

El portavoz de STEC-IC, Gerardo Rodríguez, remarca que este sindicato recurrió el decreto estatal que regula el proceso de estabilización de plantilla y que se encuentra pendiente de la resolución del Tribunal Supremo. Afirma que este jueves, en la reunión con Torres, se le entregó un informe jurídico que enseña otro camino que se puede tomar: “Se trata de que, dentro del marco legal, hacer una excepción singular con Canarias basándose en la normativa europea, en la normativa estatal y en la canaria, en su Estatuto de Autonomía”, resume.

Teniendo en cuenta esos marcos, STEC-IC entiende que hay “una vía legal” que supondría que Canarias “tenga unas singularidades por ser región ultraperiferica”. Rodríguez defiende que si se tienen en cuenta esas singularidades, entonces se tendrá en cuenta “la antigüedad en los centros públicos canarios y las oposiciones aprobadas sin plaza en Canarias , no en cualquier otro sitio”, apunta. “Podemos lograr que Canarias tenga una singularidad diferente y no tengamos que competir con docentes de otras comunidades y hacerlo desde la legalidad”, insiste.

Actualmente, en base al actual decreto, se puntúa la experiencia laboral con un máximo de diez años (se valora igual que al que lleva más de 20 años) y con hasta cinco puntos el haber aprobado otras oposiciones desde 2012 en cualquier territorio (en algunas especialidades en Canarias no se ha contado con esa posibilidad). 

Se pide más transparencia por parte de otras comunidades

ANPE, por su parte, insiste en que la fecha del concurso de méritos de estabilización debe posponerse para no coincidir con el resto de comunidades autónomas. Además, su portavoz subraya la receptividad de Torres para valorar la viabilidad de poner en marcha un acto presencial, “que puede ser una reunión informativa, para poner al día al aspirante de la realidad de Canarias”, matiza.

Para Crespo, el problema también parte de que el decreto estatal puntúa solo hasta diez años de experiencia laboral, cuando hay personas que tienen hasta 20 años de experiencia en su puesto y en que se puntúe el haber aprobado una oposición sin haber obtenido plaza sin tener en cuenta que esa oposición se haya aprobado en Canarias. Así mismo, destaca la necesidad de solicitar formalmente y por escrito a las comunidades la oferta de plazas que han publicado, junto con su justificación legal.

Se estima que mientras Canarias ha ofertado 3.948 plazas de estabilización, Madrid solo ha ofertado 1.422, con una población mucho mayor o Andalucía, 3.387.

La plantilla de conservatorios, muy afectada

El proceso nace con la aspiración de estabilizar a personal que lleva años en fraude de ley, pero hay determinadas especialidades que se ven en clara desventaja al acumular años sin haberse podido presentar a una oposición. Es el caso de los Conservatorios Profesionales de Música (que imparten clase a niños de entre 8 y 17 años y solo hay uno por provincia) donde hay quien lleva más de 20 años en el mismo centro, en el mismo aula e incluso con la misma mesa y silla desde que empezó.

Se trata de centros que en un principio no dependían del Gobierno de Canarias. Por ejemplo, en el caso de Tenerife, era gestionado por el Cabildo y para acceder había que enfrentarse a una oposición. Estas pruebas se denominaron “concurso de oposición para sustituciones o posibles vacantes”, en la que se examinaba y se obtenía una nota. Durante la década de los 90, una vez que pasó a depender de la Consejería de Educación, se fue sustituyendo este sistema por la presentación de méritos. 

Se trata de docentes con una titulación muy específica, en ocasiones especialidades que solo imparten dos profesores por provincia y que temen quedar en paro. Parte de estos docentes tienen además más de 50 años, lo que complica su futuro laboral si no se encuentra una solución. Como ya explicaron en otro reportaje con este periódico, en un principio, estos docentes vieron con optimismo la intención de estabilizar plantilla, pero el hecho de que se limite la puntuación por experiencia laboral a diez años fue un auténtico jarro de agua fría.

Los sindicatos mayoritarios valoran que el presidente de Canarias les haya escuchado y esperan que se estudien las propuestas presentadas. Por su parte, UGT, sin delegados en la Mesa Sectorial de Educación de Canarias, mantiene una huelga que ha convocado en la enseñanza pública para los días 5, 12 y 19.